Una historia de corrupción y saqueo: así llegó Pemex al borde del colapso

Pemex, la empresa productiva del Estado más importante de México, se encuentra sumida en la crisis más profunda de su historia que la tiene al borde del colapso.

Petróleos Mexicanos vive hoy por hoy, severas crisis: la financiera, que la ha llevado a convertirse en la petrolera más endeudada del mundo y la corrupción, al estar involucrada en presuntos sobornos a manos del gigante brasileño Odebrecht, el robo de combustible (práctica denominada como "Huachicoleo") y el caso más reciente, la compra de la planta de Fertinal, por un por un monto de hasta 635 millones de dólares.

La debacle se profundizó en el sexenio de Peña Nieto y ahora están aflorando las razones.

La crisis financiera

De acuerdo con datos de la empresa, actualmente dirigida por Octavio Romero Oropeza, hasta mayo de este año, Pemex tenía una deuda total por 106,502 millones de dólares (US). De este monto, 14,437 millones es deuda financiera a corto plazo, mientras que 92,065 millones de dólares son de deuda financiera a largo plazo.

En 2012, Pemex tenía una deuda por 59,600 millones de dólares. Para 2016, el monto aumentó a 94,600 millones de dólares, mientras que, en 2018, último año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la empresa productiva del Estado tenía una deuda por 105,792 millones de dólares.

En el primer trimestre del 2019, el primero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Pemex perdió 35 mil 739 millones de pesos.  En su reporte sobre la situación financiera enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Petróleos Mexicanos señaló que las ventas totales cayeron 10.4%, debido a una baja del 16.3 por ciento en las ventas nacionales, mismas que se vieron afectadas durante este periodo a causa de un menor consumo de gasolina provocado por los incrementos en los precios.

Otros factores que influyeron en la caída de las ventas nacionales fueron la pérdida de mercado de la empresa, ocasionada por la entrada de nuevos competidores y la disminución en los volúmenes comercializados derivado de la estrategia del gobierno federal contra el robo de combustibles.

Aunado a esto, la perspectiva de riesgo sobre Pemex ha aumentado desde la entrada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encareciendo sus opciones para acudir a los mercados de deuda para refinanciar sus pasivos financieros. Encima, la actual administración se ha negado a pedir más dinero a través de los mercados.

Esta situación ha llevado a que las calificadoras Fitch Ratings, Standar and Poor´s y Moody's redujeran la calificación y perspectiva de Pemex.

Fitch bajó la calificación de 'BBB-' a 'BB +', con perspectiva negativa, debido al deterioro crediticio de la empresa productiva del Estado.

Mediante un comunicado, la calificadora internacional señaló: "Las calificaciones de Pemex están dos escalones por debajo de las del soberano como resultado de la debilidad del perfil crediticio de la compañía y la lenta acción del gobierno para fortalecer la estructura de capital de Pemex. Esto es una indicación de que el gobierno no ha reconocido la viabilidad del perfil financiero de la compañía y/o el papel estratégico que desempeña Pemex para el gobierno y el país".

La agencia también destacó el "muy fuerte" control del gobierno sobre Pemex, cuyas perspectivas "podrían estabilizarse si se le permite a Pemex retener suficiente de su generación de flujo de efectivo interno para estabilizar la producción de manera rentable y reponer las reservas".

La calificadora Standar and Poor´s revisó la perspectiva de calificación de Petróleos Mexicanos de "estable" a "negativa", debido al continuo deterioro de los perfiles de riesgo de negocio y financiero de la empresa que ha comprometido la recuperación de sus principales líneas de negocio. Por su parte, Moody´s Investors Service cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia de Petróleos Mexicanos, debido "a la extrema importancia de la fortaleza financiera y apoyo del gobierno para las calificaciones de Pemex".

Esta situación mereció un llamado del Banco de México, que en voz de su gobernador, Alejandro Díaz de León, aseguró que estas bajas en la calificación de la petrolera "son un factor de riesgo que debe atenderse para no generar mayor preocupación.

La empresa productiva del Estado que se ahoga en un mar de corrupción

Además de los presuntos temas de corrupción dentro del Sindicato petrolero, encabezado por Carlos Romero Deschamps, en 2017 se destapó un escándalo que cimbró los cimientos de Petróleos Mexicanos y del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y es que de acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General, el 2 de diciembre de 2013, el gigante de la construcción brasileña Odebrecht, ofreció a Pemex una propuesta de contrato para la modernización de la refinería de Tula, ubicada en el estado de Hidalgo.

En total, cinco presuntos sobornos de Odebrecht por 5 millones de dólares, habrían sido  transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.

De acuerdo con la investigación, el 2 de diciembre de 2013 Odebrecht ofreció a Pemex una propuesta de contrato para la modernización de la refinería. Al día siguiente, Odebrecht transfirió 1 millón de dólares a Zecapan SA, una empresa ligada, según ejecutivos brasileños, a Emilio Lozoya Austin, entonces director general de la compañía. Pero Lozoya ha negado cualquier relación con Zecapan.

Durante los siguientes meses, la compañía brasileña realizó otras cuatro transferencias por un monto de 4 millones de dólares.

En agosto de 2017, el diario O Globo de Brasil publicó documentos donde un exejecutivo de Odebrecht afirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recibió sobornos a cambio de un contrato de 115 millones de dólares para obras en una refinería. Lozoya ha negado las acusaciones.

Durante 2017 y 2018, los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la PGR se escudó en legalismos para mantener las investigaciones en pausa, no obstante que las averiguaciones sobre los casos de corrupción de Odebrecht, conocida como la Operación Lava Jato, se extendían sobre toda Latinoamérica y derivaron en grandes detenciones, incluso de presidentes y exmandatarios, causando conmoción en toda la región. Pese a las investigaciones, sólo en México y en Venezuela no ha habido capturas de altos funcionarios de gobierno.

Una de las banderas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción, por lo que, en mayo de este año, lanzó su primer proceso judicial importante: presentó cargos por soborno y fraude fiscal contra Emilio Lozoya Austin.

Oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de una planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

De acuerdo con Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, la investigación se ha enfocado en una serie de transferencias de dinero asociadas con la compra que, presuntamente, implican a Lozoya, incluida una transferencia de 3,6 millones de dólares que AHMSA envió a una empresa fantasma en Suiza que estaba relacionada con Lozoya Austin. La transferencia habría sido a través de una subsidiaria de Odebrecht.

La Secretaría de Hacienda anunció el congelamiento de las cuentas bancarias de Emilio Lozoya y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 10 años. Las cuentas bancarias de AHMSA también fueron congeladas, pero dos de ellas fueron rehabilitadas para que pudiera realizarse el pago a los trabajadores.

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, fue detenido por agentes de Interpol en España debido a una solicitud de extradición emitida por las autoridades mexicanas. Y aunque Emilio Lozoya también tiene una orden de captura y se emitió una ficha de la Interpol, el ex director de Pemex no ha sido detenido debido a que su equipo legal ha interpuesto varios amparos.

Sin embargo, el pasado lunes 17 de junio, un juez federal levantó la suspensión definitiva que impedía que Lozoya fuera detenido, debido a que el exfuncionario incumplió con las condiciones que le habían sido impuestas. El martes, otro juez autorizó detener a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, acusada del delito de lavado de dinero.

Este martes, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal.

Peña Nieto desmintió los señalamientos. A través de su cuenta de Twitter escribió:

"Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante" No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten".

Petróleos Mexicanos interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República, por la compra de la planta Fertinal, por lo que además del proceso judicial contra Emilio Lozoya y a Enrique Peña Nieto, todo el Consejo de Administración de Pemex es investigado.

Y es que las compras y adquisiciones que realiza la paraestatal mexicana tienen que estar aprobadas por su consejo, que está conformado por expertos en el sector financiero y energético, algunos miembros de la administración pública.

La crisis del "Huachicoleo"

Otro caso que 'ahoga' a Pemex es el robo de combustible, orquestada por bandas del crimen organizado. Esta situación, que ha afectado a la empresa productiva del Estado durante años, fue una de las primeras acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El combate al llamado "huachicoleo" comenzó este año. En enero, el gobierno federal decidió cerrar los principales ductos de Pemex que transportaban diesel y gasolina, situación que derivó en una crisis por el desbasto de los combustibles, que afectó a 10 estados del país, incluida la Ciudad de México.

La crisis se prolongó durante semanas. En los estados afectados se podían ver largas filas de personas y vehículos para poder comprar combustible. Pero el gobierno federal no cedió y anunció que la estrategia del reparto de las gasolinas se haría mediante pipas, por lo que se lanzó una licitación para comprar los vehículos, ya que con las que contaba Pemex eran insuficientes.

El momento más crítico sucedió el 18 de enero, cuando ocurrió una explosión en una toma clandestina ubicada en Tlahuelilpan, Hidalgo. En ese momento, el estallido dejó al menos 21 muertos y decenas de heridos, pero a medida que avanzaron los días y las semanas, la cifra final de fallecidos llegó a los 137 y cuatro heridos.

El gobierno federal reveló que, el hasta ese momento desconocido "Cártel de Santa Rosa de Lima", liderado por Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", era una de las dos organizaciones criminales que se disputaban el control del robo de combustible en Guanajuato. Y aunque se han realizado operativos para detener a "El Marro", no ha sido capturado.

El pasado mes de abril, López Obrador anunció el fin de la crisis por el huachicoleo, aunque el combate continúa.

Estos son los casos que, hasta el momento, mantienen a Pemex en la mayor crisis de su historia.