Durante la administración de Emilio Lozoya en Pemex, la paraestatal realizó la compra de una compañía en quiebra con un sobreprecio de 193 millones de dólares. Su decisión, debatida por el Consejo de Administración de la petrolera, estaba apoyada por una auditoría con información engañosa, realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC), indicó una investigación de Univision.
La compañía adquirida ahora tiene a Lozoya con problemas con la justicia, fue Fertinal. En marzo de este año, la transacción fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por Martha Rodríguez, apoderada de Pemex, como un daño al patrimonio del país.
El origen del problema legal data del año 2013. Tras la reforma de energéticos en la que se abrió una puerta para que la industria privada pudiera tener negocios con Pemex, Lozoya decidió aprovechar la oportunidad y expandir el ramo de industrias a las que se dedicaban.
Así nació Pemex Fertilizantes, a pesar de quejas del Consejo de Administración que manifestaba que primero se debía poner más atención a Pemex Refinería, debido a la caída del petróleo que estaba afectando de manera grave los rendimientos de la empresa. Además, de que la compra de la compañía representaría sólo el 1% de las pérdidas de la otra división.
Pero el entonces directivo de Pemex, Emilio Lozoya, presionó para que se aprobara su propuesta. Un funcionario de la compañía, consultado por Univisión, declaró que le indicaron que participará en el debate sobre la apertura de la nueva división de la petrolera y que la apoyara, porque eran órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.
"Es la única ocasión, durante todo el tiempo cuando trabajé en la administración pública federal, que me pidieron hacer algo por órdenes 'de arriba", declaró el entrevistado.
Después de la aprobación del proyecto, vino una segunda casi imposición por parte de Lozoya: la compra de Fertinal.
Para echar a andar el negocio de fertilizantes, Pemex necesitaba de una planta productora de abono. El entonces director de la petrolera presionó para que el Consejo de Administración eligiera a la compañía que estaba quiebra.
Aunque la condición de bancarrota estaba mencionada en el informe de PwC, presentado para motivar a los funcionarios a aceptar la transacción, el resto de información que aparecía en el informe de la auditoría no estaba claro.
En los documentos se indicaba que Fertinal había contratado créditos millonarios, pero no tenían los pagarés con los que se podían confirmar que las deudas existían. Además de que se evaluó el costo de terrenos y edificaciones, sin justificar en qué se basaba el aumento de su costo.
Sin embargo, Lozoya personalmente participó de manera activa en las discusiones sobre la compra. Y cuando no podía estar presente de manera física y sus aliados no lograban convencer al resto del Consejo de Administración, llamaba por teléfono para intentar convencer a los funcionarios.
En octubre del 2015 Pemex aprobó la compra.
Consejeros como Alberto Tiburcio, director del Comité de Auditoría, continuó cuestionando los datos del informe de PwC y solicitando que se bajara el monto de la adquisición. "Solo para recordarles que está pendiente el que nos respondan si los costos financieros están o no incluidos en los 184.5 millones de dólares (…) Es una pregunta muy simple que quedaron en resolverla el día de ayer", dijo el experto en un correo electrónico obtenido por Univisión.
"Las consideraciones que hicimos en la reunión en que se fijó el precio no proceden en virtud de que éstas se basaron en un informe que incluyó información 'misleading'. En opinión de los tres consejeros independientes que participamos en dicha reunión, el precio máximo acordado (US$260 millones) debe reducirse sensiblemente", agregó Tiburcio en otro mensaje al consejo de Administración.
El valor neto de la compañía era de 15 millones de dólares y más las deudas el costo debió haber sido de 426 millones de dólares. Sin embargo, Pemex adquirió Fertinal por 635 millones.
Pero nunca aclararon el aumento del costo, ni tampoco bajaron el precio de la transacción.
El boletín en el que se informó la compra, fue editado por el mismo Emilio Lozoya, quien generalmente no participaba en la redacción de los comunicados. También pasó por las manos de Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que el asunto no era de su competencia por tratarse de una empresa paraestatal.
Por lo que Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, ha solicitado a la FGR que involucre al entonces presidente en la investigación. Pero por el momento su nombre no figura de manera oficial en las indagaciones.