El ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, se encuentra bajo la mira de la Fiscalía de la República, luego de un reporte de "actividad sopechosa" de la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido (NCA por sus siglas en inglés), que detectó transferencias millonarias hechas desde México, a cuentas del funcionario en HSBC UK BANK de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas los últimos dos años.
Dicho reporte, derivó en la denuncia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que dice entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares.
Los depósitos electrónicos, tanto a Reino Unido como a EEUU, que en total suman 102 millones de pesos, rebasan por mucho los ingresos que Medina Mora obtuvo durante ese tiempo como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Todas las transferencias se realizaron desde el Banco HSBC México, que según el periodista Salvador García Soto, de El Universal, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora: La principal la 4039213186, sin embargo, también se mencionan las cuentas 5005703,80104303,5221740002109604, 40768887 y 05011706322.
García Soto cita que el criterio por el que las autoridades del Reino Unido reportaron como "sospechosos" los movimientos y transferencias en la cuenta del Ministro, fue por considerarlo una persona "políticamente expuesta". Ésto, dio pie a que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda detectara una empresa llamada Compusoluciones y Asociados S.A de C.V, en la que Medina Mora aparece como beneficiario del "pago dividendo", que es la retribución que se reparte entre los accionistas de una compañía.
Por dicho pago, el ministro recibió 10 millones 643 mil 600 pesos, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria en dicha empresa.
Según las declaraciones anuales de impuestos de Medina Mora ante el SAT, entre 2013 y 2017, fueron de 26 millones 38 mil 256 pesos, cifra que dista de las transferencias realizadas a Reino Unido y Estados Unidos.
De la cantidad que el funcionario declaró ante Hacienda, ésta le autorizó deducciones totales por 41 mil pesos, y pagó al fisco 8 millones 159 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
Sus mayores ingresos los registró en 2015, fecha en la que fue designado Ministro de la SCJN, a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto. En el 2000 fue nombrado director del Cisen, en 2005 secretario de Seguridad Pública. Como procurador General de la República ocupó el cargo en 2006 y en 2009 y 2013 ostento los puestos de embajador de México ante el Reino Unido y embajador de México en Estados Unidos, respectivamente.
Ministro "se lava las manos"
En respuesta a las acusaciones hechas a su persona, Eduardo Medina Mora, se refirió a través de un comunicado que la empresa Compusoliciones y Asociados SA de CV, por la que se le señala de recibir pagos dividendos, es una compañía familiar, en la que su difunta esposa era accionista y como tal, recibió dividendos y realizó transmisión de acciones que fueron debidamente documentadas por las autoridades fiscales.
También, niega la investigación hecha por García Soto, en la que recoge que el Ministro ha realizado transferencias de caracter "sospechoso" a cuentas bancarias en Reino Unido y Estados Unidos":
"No hubo por parte del periodista o del medio de comunicación, ningún intento de contactarme previamente como corresponde a las mejores prácticas periodísticas", señaló.
La posible ruta de salida
Para acusar a Medina Mora, a quien le restan 11 años en la Corte, las opciones serían el desafuero, juicio político y la renuncia.
En el desafuero se requiere una denuncia ante la FGR, quien tendría que investigar, y si encuentra elementos tendría que pedir a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia. Asimismo, se requerirá mayoría de dos terceras partes de los legisladores para desaforarlo.
En el juicio político no se requiere que exista delito, sino sólo por conductas indebidas e inapropiadas; sin embargo, se necesitan dos terceras partes de los legisladores en el Senado. La sanción es la destitución y la inhabilitación, pero en México nunca se ha usado.
Por último, la renuncia que sólo puede hacerse por causas graves. La solicitud se presenta al presidente de la República y debe ser aprobada y luego ratificada por el Senado.
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