La Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que 81.291 mexicanos admitieron que ellos, o algún miembro de su familia, habían sido secuestrados en 2017.
"Durante 2017, ¿algún integrante de este hogar, incluido usted, sufrió secuestro o secuestro exprés para exigir dinero o bienes?", preguntó en su informe el Inegi. Un total de 81.291 personas respondieron afirmativamente.
Si se toma como referencia esta cifra, en ese año se habrían producido 200 secuestros al día en el país. Sin embargo, las cifras difieren. Ese año sólo se presentaron 1.387 carpetas de investigación por este delito en todo México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta falta de indagaciones y de claridad en las cifras se debe a la ausencia de denuncias: en 2018 únicamente se reportó uno de cada 10 secuestros.
"No hay ninguna cifra creíble que te pueda presentar nadie. La mayoría no confía en la policía y, cuando eso pasa, terminan buscando a un contacto de alguien importante en el gobierno; algunos llegan con la policía federal, pero ellos no tienen jurisdicción en el fuero local, así que las cifras no se ven reflejadas", dijo el experto en negociaciones de secuestros, Pablo Carstens, al diario El Universal.
En la última década, las denuncias han ido en aumento, pero quedan muy lejos de la realidad. Mientras que en 2007 se abrieron 438 carpetas de investigación, en 2008 se contabilizaron 907.
Los datos más altos de los últimos doce años se registraron en 2013, primer año de gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, cuando se presentaron 1.683 casos.
Con el fin de detener este aumento, el ejecutivo liderado por el político del PRI destinó 75.3 millones de pesos a definir una estrategia dedicada a combatir este delito. Un plan, dicen los expertos, que no funcionó.
"Esto no es un fenómeno, es algo que va mutando, pero siempre va en aumento. Hasta ahora no he visto ninguna medida pública que impacte en su incidencia", añadió Pablo Cartens al diario digital.
Entre 2012 y 2017, 593.316 mexicanos respondieron de forma afirmativa a la pregunta del Inegi, ya que sus familiares o los propios encuestados habían sufrido un secuestro con el objetivo de extorsionarles.
Baja California, Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California Sur eran los estados en los que se registraban más secuestros por cada 100.000 habitantes en el año 2006, según las cifras de denuncia. Para el final del gobierno del panista Felipe Calderón, esta tendencia cambió, y Guerrero, Morelos, Tamaulipas y Coahuila se convirtieron en los estados con mayor número de secuestros.
A pesar de estas estimaciones, la falta grave de claridad en las cifras dificulta qué territorios se ven más afectados en la actualidad. La inexistencia de denuncias, y el aumento del número de secuestros en los últimos años, hace trascendental que cada estado evalúe su capacidad de encarar esta problemática, y emprenda acciones eficaces para abordar la impunidad del delito.
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