Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, está en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, según las autoridades que trabajan el caso, su esposa e hijos también están implicados con sus actos ilícitos.
De acuerdo con Sigal Mandelker, Subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, tanto el exgobernador priista como el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez recibieron sobornos de ese cartel y de Los Cuinis, otro cártel que opera como brazo financiero del CJNG.
La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a Roberto Sandoval Castañeda y al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas extranjeros del narcotráfico por sus nexos con el CJNG y la operación con Los Cuinis, organizaciones que desde 2015 forman parte de la lista negra del Departamento del Tesoro.
En este contexto, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congelaron las cuentas bancarias de Sandoval —a quien se le halló la adquisición de varios autos de lujo y uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos— del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, así como las de otras 40 personas que estarían relacionadas con las operaciones de dichas organizaciones criminales.
Hasta el momento, la suma del dinero bloqueado por la UIF según su titular, Santiago Nieto Castillo, asciende a más de 70 millones de pesos. La razón del congelamiento de la cuentas de Sandoval fue por favorecer las actividades del CJNG, mientras que en el caso del Avelar se tomó esa disposición pues se detectaron "resoluciones a favor del CJNG" como la de "El Menchito", en 2017, o la de Rogelio González "Z2", en 2014.
"Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea dando sobornos a los grupos del narcotráfico o participando en una variedad de actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos se enfrentarán a graves consecuencias", aseveró Mandelker.
El bloqueo, a decir de Nieto, fue una labor técnica, no política, la cual se logró debido a la información que otorgó la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública, así como la colaboración con autoridades estadounidenses.
Por otra parte, la OFAC dijo que los miembros de la familia de Sandoval que han actuado o pretenden actuar en su nombre al mantener sus bienes adquiridos son su esposa Ana Lilia López Torres y sus hijos Alejandra Sandoval López y Pablo Sandoval López, ambos adultos.
Asimismo, el Tesoro sancionó un abogado con base en Guadalajara, Víctor Francisco Beltrán García, que supuestamente facilitó las actividades con los Cuinis y el CJNG y también a seis entidades mexicanas, localizadas en Guadalajara y Jalisco, las cuales supuestamente actuaban como empresas pantalla para el lavado de dinero.
Roberto Sandoval, quien fue gobernador hasta septiembre del 2017, según la OFAC, participó en actividades de corrupción como la apropiación indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico como el CJNG y el cártel de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información.
Esta designación la enfrenta en medio de varias investigaciones por corrupción en México, entre las que destaca un juicio político ante el Congreso local por presunto desvío de recursos de al menos 2,700 millones de pesos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.
Así, como resultado de esta acción, todas las propiedades e intereses de Sandoval y el resto de los designados en Estados Unidos quedan congelados automáticamente y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense tener ningún tipo de relación transaccional con ellos.
Como parte de ese operativo, el Tesoro sancionó a un importante narcotraficante del CJNG, Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como "El Sapo", quien controla las operaciones del grupo en la ciudad de Puerto Vallarta, en Jalisco, y al que Washington acusa de asesinatos y numerosos secuestros.
En sus redes sociales, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que trabaja en coordinación con México "contra los perpetradores de corrupción y sus redes". Por su parte, la subsecretaria Mandelker dijo que "trabajando con nuestro socios mexicanos, el Tesoro no dudará en sancionar a los funcionarios actuales o anteriores y sus redes cuya corrupción desestabiliza los sistemas financieros y las instituciones democráticas".