La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que negar la interrupción del embarazo en México cuando la salud de la mujer está en riesgo es violatorio de los derechas humanos.
Por unanimidad, la Primera Sala apoyó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Mena y otorgó un amparo a una mujer derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de nombre Margarita, a quien el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre le negó el acceso a la interrupción del embarazo.
Esto, sin tomar en cuenta que el embarazo podría causar complicaciones diabéticas e hipertensivas, que eventualmente llevarían a la muerte de la paciente.
La mujer planteó, que se violó su derecho a la salud, vinculado con su derecho a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva.
En la sentencia se reconoció que, tratándose de las mujeres, el derecho a la salud incluye la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando su salud esté en riesgo.
La SCJN se pronunció sobre las necesidades particulares de servicios de salud reproductiva para las mujeres del país, al resaltar el impacto que la negación de la interrupción del embarazo, por cuestiones de salud, tiene en su vida.
Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal señalan la prohibición a la interrupción legal del embarazo por motivos de salud; este procedimiento sólo se permite cuando la vida de una mujer está en peligro o cuando fue víctima de violación.
"La novedad de este caso, es que es el primer caso de negación de acceso al aborto por materia de salud", comentó en entrevista con medios de comunicación Alex Alí Méndez Díaz, abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien acudió a la SCJN.
En México, al menos 3,900 mujeres han sido criminalizadas por abortar. Se les abrió un proceso penal entre el año 2000 y marzo de 2018 por haber interrumpido su embarazo, a pesar de que en el país el aborto alcanza libertad bajo fianza y que existen excepciones en la ley que lo permiten, como en el caso de una violación, aún existe un fuerte estigma hacia quienes recurren a esta práctica voluntaria o involuntariamente.
"Hay quienes tuvieron partos prematuros o emergencias obstétricas y terminan en prisión acusadas hasta por homicidio calificado", dijo en su momento a Infobae México, Verónica Cruz, directora de Las Libres, una organización que defiende los derechos de la mujer y que desde hace tiempo documenta los casos de criminalización por interrupción del embarazo.
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