El 80% de los detenidos por el gobierno mexicano acusados de robo de hidrocarburos, conocido en el país como "huachicoleo", quedaron libres debido a la falta de pruebas de la Fiscalía general mexicana, señaló un reportaje.
Según los registros de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la Fiscalía, ocho de cada diez detenidos por el robo de gasolina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador quedaron en libertad, de acuerdo con los datos consultados por el medio "La Silla Rota".
Un reportaje interno de la SCRPPA consultado por dicho medio indicó que entre el 1 de diciembre de 2018, cuando asumió en el poder López Obrador, y el primer trimestre de 2019, fueron procesadas 212 personas por el delito del "huachicoleo".
Sin embargo, del total de detenidos y presentados ante las autoridades, solamente 43 fueron procesados por la Fiscalía mexicana. Las 169 personas restantes fueron puesta en libertad, ya que la autoridad competente "no fue capaz de sustentar las acusaciones".
Y, a pesar de que el 20% fue procesado, apenas se obtuvieron cuatro sentencias hasta ahora, lo que significa una eficacia de apenas un 1.8% del total de los casos presentados por la Fiscalía. Prácticamente dos de cada cien detenidos entraron a la cárcel.
De acuerdo con el reporte de "La Silla Rota", los errores de los ministerios públicos al integrar los expedientes de los casos, que son los documentos presentados ante un juez, son el principal problema que enfrentan estas instituciones al intentar comprobar los delitos.
Entre los errores más graves, sobresalen la falta de comparación y el invento de los datos de los acusados, así como la falta de capacidad para exponer los argumentos ante el juez. Además, las autoridades han acusado o señalado a personas que no están relacionadas con los delitos.
De acuerdo a los datos obtenidos por el medio, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, se iniciaron 2,000 carpetas de investigación por la sustracción de hidrocarburos, pero apenas 20 de esos casos fueron procesados, lo que demuestra una efectividad cercana al 1%.
El Estado de México es la entidad que tiene la peor efectividad de toda la república, seguido por Guanajuato y Jalisco, que juntos son algunos de los principales estados donde el crimen organizado y los cárteles históricamente han realizado "huachicoleo".
En estas entidades es prácticamente imposible que la Fiscalía pueda procesar a los detenidos o avanzar las carpetas de investigación. En el Estado de México, apenas dos de las 606 carpetas abiertas fueron judicializadas.
En Guanajuato, uno de los bastiones principales del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos del continente y que también participa en el "huachicoleo", sólo una carpeta de las 152 presentadas tuvo los elementos suficientes para ser procesada.
En Jalisco, también fue apenas un caso de 152 expedientes abiertos el que fue aceptado por el juez de turno.
En Veracruz, la situación empeora: apenas tres de 571 expedientes pasaron a las manos del juez, una efectividad de medio punto porcentual: es decir, por cada 200 casos, uno avanza en dicha zona del país.
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