Comunidades fantasma: el drama de las víctimas de desplazamiento forzado en México

En el 2006 el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, lanzó su estrategia en contra del narcotráfico en México declarando una guerra a los cárteles.

A 13 años de esa declaratoria, al menos 53 comunidades del norte y sur de país se quedaron semivacías porque familias abandonaron su hogar huyendo de la violencia, extorsiones, secuestros, reclutamiento  en el crimen organizado y amenazas.

Según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos desplazamientos han ocasionado a miles de mexicanos sufrimiento emocional y económico.  Era casi imposible seguir viviendo en sus comunidades, era cuestión de tiempo el perder la vida ahí.

"Cuando me soltaron me fui corriendo a mi casa y le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Para esto en el pueblo ya se empezaba a salir la gente, todos tenían miedo. Dicen que eran como unos cincuenta hombres con armas sacando a la gente de sus casas, pero yo creo que eran más", narró  un niño a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En otro testimonio, de un habitante de Sinaloa, cuenta que "el Comisario que se encontraba encargado de la seguridad del pueblo se salió antes que ellos".

De acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado de la CNDH,  las 53 comunidades fantasma se ubican en 36 municipios de los estados de Chiapas,Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca.

Con base en testimonios, el organismo detectó que el desplazamiento ocurre en familias o grupos de más de 100 personas.

La ausencia de cifras detalladas de poblados abandonados y de desplazamiento interno forzado refleja la falta de reconocimiento del fenómeno por parte de las autoridades, así como un bajo índice de denuncia por miedo o desconfianza. Lo único claro es que, sumado a la experiencia traumática de los conflictos armados, la separación de algunas comunidades de sus tierras ancestrales y la ruptura de sus tradiciones ocasiona en las víctimas un sufrimiento emocional, psicológico, espiritual y económico,  concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las principales causas que originan el desplazamiento forzado de comunidades enteras, es la  violencia por la actividad criminal de los grupos de narcotráfico y la instalación de megaproyectos. Las repercusiones  para quienes escapan en busca de salvaguardar su vida son la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de enfermedades y de la mortalidad, la desarticulación social y la inseguridad alimentaria, de salud y educación,  de acuerdo con la CIDH.

Una niña de 8 años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí, contó a la CIDH un testigo del desplazamiento de 58 familias de la Sierra de Totoloapan, Guerrero.

Una familia que huyó de una localidad en Sinaloa, contó a la CNDH que el padre se quedó sin trabajo en un lugar donde extorsionaban, secuestraban y mataban a los propietarios de los ranchos. Ahora su familia vive en situación precaria en donde no cuentan con los servicios básicos, "pero lo toleran en vez de vivir inseguros".

Como regla general, las personas desplazadas enfrentan condiciones precarias de vivienda en los lugares en donde se han reubicado posterior al desplazamiento, expuso la CNDH.

En México, tras más de una década de una guerra contra el narcotráfico iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa que cuenta con 12 escoltas, al menos 329 mil 917 personas han sido internamente desplazadas por la violencia de 2006 a la fecha, de acuerdo con registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

"A casi 12 años de haber sido declarada y puesta en marcha la Guerra contra las Drogas, la problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un elemento necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país", dice el informe  "Entre la invisibilidad y el abandono 2019" de la organización civil.

"El desplazamiento interno forzado en México ha sido abordado aisladamente y sus víctimas acalladas, invisibilizadas e incluso criminalizadas por las autoridades del Estado mexicano", acusa.

Un joven de 20 años cuenta cómo tuvo que dejar a su abuelo 85 años, cuando un grupo armado llegó y lo encañonó. Su mamá y él  huyeron, pero su "abuelito"" no hubiera aguantado".

"Mi abuelito se quedó, no hubiera aguantado estar amontonado con tanta gente. Lo dejamos en casa de una tía donde a él no le gusta mucho, porque donde estaba contento pues era con nosotros, porque se come sus cuatro tortillas y ya hasta estaba engordando y agarrando color. Ahora que lo fui a visitar se me puso triste de vuelta. Ya vaciaron mi casa y envenenaron a los animales… Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de repente, la casa, la gente, los animales… y al abuelo".

Un comisario ejidal de Guerrero escribió en una carta de agosto de 2013: "Me dirijo a usted Señor Gobernador de la manera más atenta y respetuosa, para solicitarle a nombre propio y a nombre de 120 personas que fuimos afectadas en nuestra comunidad, ya que un grupo armado nos obligó a salir de ella, quemando algunas de nuestras viviendas y llevándose nuestras pertenencias".

En la comunidad indígena de Colorado de la Virgen, en el estado de Sonora, comenzó el desplazamientos luego de que el crimen los despojaba y asesinaba a los defensores del territorio. Los sobrevientes debían huir de la sierra Tarahumara antes de poder realizar sus rituales de despedida a los difuntos, de acuerdo con la costumbre rarámuri. Sin cerrar el duelo.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha detectado el desplazamiento en la región central de Guerrero en los municipios náhuas de Zitlala y Chilapa por el conflicto entre Los Ardillos y Los Rojos, así como en la Sierra, donde se concentra la producción de amapola y con ello la disputa armada por un territorio abandonado por las autoridades desde hace décadas.

El antropólogo expuso que las familias han sido orilladas a aliarse del lado de un grupo del crimen o comprar productos solo a determinados comerciantes. De lo contrario, hay desapariciones o asesinatos, sobre todo de hombres por lo que las principales víctimas de desplazamiento en esa zona son mujeres indígenas, quienes no dominan el español y son revictimizadas por las autoridades.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que el 54 por ciento de las personas que se mudaron a otro estado por la inseguridad pública o violencia entre 2009 y 2014 eran mujeres, los niños de cinco a catorce años aparecen como un grupo especialmente vulnerable y más de la mitad de las víctimas de desplazamiento tiene entre preescolar y secundaria como grado máximo de estudios.