El 2018 fue el año más violento que se haya registrado en México. El nivel de paz se deterioró 4.9%, lo que constituye el tercer año consecutivo a la baja. Así lo reveló este martes la sexta edición del Índice de Paz México 2019 (IPM), publicada por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El reporte señala que alrededor de 93 millones de mexicanos, es decir, el 75% total de la población del país, presenciaron un deterioro en las condiciones de paz durante el año pasado.
Cifras gubernamentales constatan que México cerró 2018 con el mayor número de homicidios en dos décadas, con 33.369 asesinatos registrados. Esto representa un incremento en la tasa nacional de homicidios del 14%.
La tasa de crímenes de delincuencia organizada también se elevó un 11.6% respecto a 2017, mientras que los homicidios cometidos con un arma de fuego se elevaron un 69.4%.
Con estas altas cifras, no sorprende que 22 estados del país empeoraran sus niveles de paz, mientras que sólo 10 vieron una mejoría respecto al año anterior.
En contraste, Baja California Sur presentó la mayor mejoría, pues redujo su tasa de homicidios en 76%, al pasar de 105 a 26 por cada 100,000 habitantes. Yucatán es el estado con mayores niveles de paz seguido de Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo.
La inversión del en su sistema de justicia penal aún es insuficiente, lo que deriva en que 97% de los delitos no se castiguen. De los 33 miembros de la OCDE, México es el que menos presupuesto dedica a su fuerza policial y sistema judicial, como procentaje del PIB, y menos de la mitad que otros países de América Latina.
El gasto que realiza México en justicia y seguridad es muy bajo, tan solo un 0,81 % del PIB. Mientras que los otros países miembros de la OCDE tienen un gasto del 1.60% del PIB.
Otro factor que contribuye a que las condiciones de paz empeoren en el país es el sistema de justicia. En México se tienen 3 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio global es de 16 por cada 100.000 habitantes.
En ese sentido, es imperativo que México invierta más en justicia para arrasar con la impunidad que impera en el país.
El índice se elabora tomando en cuenta distintos factores como los homicidios, los delitos con violencia, los delitos que se cometen con armas de fuego, la cárcel sin sentencia y los crímenes relacionados con la delincuencia organizada.
Si se hace un promedio de todos los años en los que se ha hecho el estudio, se observa una caída de la paz del 21 % desde el año 2015.
De acuerdo con Carlos Juárez, director del IEP, esta caída progresiva se refleja de distintas formas en el país, entre ellas la tasa de homicidios y robos.
Respecto al uso del arma de fuego, el especialista comentó que existe un problema con el "fácil acceso" a ellas, pues la "cantidad de homicidios no sucedería si no fuera tan sencillo" su acceso.
La violencia cuesta
En términos económicos, la violencia también afecta al país, calculándose que esta tuvo un costo económico de 5.16 billones de pesos (USD 272.151 millones), un 24 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En perspectiva, la violencia le costó a cada mexicano 41.000 pesos (USD 2.162) per cápita, según su estimación. Además de estos datos, el estudio revela que la violencia sexual aumentó un 12 % en 2018 con respecto al año anterior.
Los datos evidencian que la violencia en el país afecta de diferente forma a hombres y mujeres. Por un lado, es más probable que los hombres sean víctimas de homicidio, mientras que las mujeres son víctimas de trata de personas.
De 9 de cada 10 homicidios la víctima fue un hombre; mientras que el 71% de las víctimas de trata fueron mujeres y el 40% menores de edad. Durante 2018, por lo menos una de cuatro víctimas de trata fueron niños, niñas o adolescentes.
El 44% de las mujeres informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida y la tasa de homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años fue 42% más alta que la de la población en general.
Los hombres, por el contrario, son señalados como los que más delitos cometen, al ser responsables del 85 % de ellos.
El índice utiliza datos de encuestas recabados por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) para ajustar las cifras considerando la falta de denuncia de delitos. El informe revela la debilidad de México en sus niveles de corrupción, en el funcionamiento del gobierno y libertad de los medios.
Esta debilidad se manifiesta en los niveles de impunidad y en los ataques hacia la ciudadanía, políticos y empresarios.
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