Nueva información sobre el caso Ayotzinapa despierta las viejas dudas sobre la desaparición de los 43 normalistas

A dos días de que se anuncie el nuevo mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ayotzinapa, ha salido a la luz nueva información que revive las dudas sobre la implicación de las fuerzas del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el 26 de septiembre de 2014.

A pesar del seguimiento sobre el caso, a cuatro años y medio persisten una serie de desafíos en torno al caso. El Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, señala una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara.

A ello se añade la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión. Hay una serie de inconsistencias en la narrativa oficial de la investigación que hasta la fecha no se han podido aclarar. A continuación, se enumeran algunas:

Teléfonos celulares

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) identificó nueve celulares de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales.

Al respecto, la CIDH ha señalado que es necesario seguir con el análisis de esta información, pues hasta el momento se desconoce el paradero de los estudiantes en las horas posteriores a los hechos, algo que podría aclararse con la localización de los teléfonos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reiteró que algunos celulares estuvieron activos incluso días después de la desaparición de los estudiantes, y aunque esto concuerda con el informe de la PGR, nunca se buscaron físicamente los dispositivos ni a las personas que los usaban.

Según las investigaciones, uno de estos aparatos era de Julio César López Patolzin, quien fue confirmado este miércoles como un infiltrado del Ejército.

Soldado de infantería, hoy posible infiltrado del Ejército en la Normal

El 21 de agosto de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era soldado de infantería. Según lo informado, Julio César López Patolzin contaba con autorización para realizar estudios en instituciones educativas civiles, es decir, que no estaba en activo.

En ese momento, se descartó que estuviera vinculado con el Ejército o con la desaparición del resto de sus compañeros, por lo que la PGR no hizo más averiguaciones al respecto.

Este miércoles, mediante una investigación independiente, se dio a conocer que Julio pudo haber sido un militar en activo hasta el momento en que fue privado de su libertad. Según se informó, el estudiante proporcionaba información a la Mesa de Inteligencia del Batallón 50 con sede en Chilpancingo, Guerrero para la Secretaría de la Defensa Nacional.

El basurero de Cocula

Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, sostuvo en un inicio que los estudiantes habían sido entregados por policías municipales a un grupo de narcotraficantes que los había asesinado y carbonizado en el basurero de Cocula. Esta versión fue desechada por el GIEI, sembrando la duda de que los fragmentos rescatados en la ribera del río San Juan habrían sido plantados. 

Hasta la fecha, no hay una modificación en la narrativa del gobierno en relación con este hecho, a pesar de lo señalado por el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La CNDH ha solicitado que de los más de 63,000 fragmentos óseos recuperados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan, se analice genéticamente la muestra de 114 restos óseos y odontológicos seleccionados por su equipo pericial para que se determine si corresponden o no a los normalistas desaparecidos.

Policía de otros municipios y batallón del ejército

En relación con la investigación sobre las autoridades municipales, se sigue sin determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar, Apaxtla y lugares cercanos a Iguala.

La CIDH determinó en 2018 que existen importantes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos, por tal razón es importante que se presenten nuevamente los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías.

En relación a la participación de tres elementos de la Policía Federal, se sigue sin determinar el papel que tuvieron en la desaparición de los normalistas, por lo que es necesario contrastar la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR.

Hasta la fecha se desconoce la cadena de mando que hubo para el traslado de personal de este cuerpo policial hacia Iguala y la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014.  Asimismo, sigue sin aclararse la posible relación de uno de los mandos de la Policía Federal en el estado con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.

En relación con la Policía Estatal, siguen sin esclarecerse las acciones emprendidas por este cuerpo de seguridad, pues distintas declaraciones hacen dudar sobre las razones del resguardo del Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL) en la noche que desaparecieron los normalistas.

Otras irregularidades

Se ha señalado que la PGR envió, casi dos años después de su desaparición, las prendas de los normalistas a la Universidad Médica de Insbruck, Austria, para ser analizados.

En enero de este año, un juez ordenó a la Visitaduría General de la ahora Fiscalía General de la República volver a investigar si existe responsabilidad penal contra los funcionarios que participaron en las diligencias que se realizaron en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 y 29 de octubre de 2014, lo que hasta la fecha sigue sin avance.

Además, está pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, al GIEI, así como la actuación de un funcionario de la PGR que estaría vinculado con grupos criminales.

También falta la resolución sobre las investigaciones por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, así como lo relacionado a las denuncias por tortura a personas detenidas.