OPINIÓN: la Guardia Nacional de México, sus conflictos y retos futuros

Por Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Juan Antonio Le Clercq Ortega*

Con la creación de la Guardia Nacional, como una fuerza intermedia cívico-militar, México debate la más profunda reforma de los aparatos de seguridad y defensa nacionales desde la promulgación de la Constitución de 1917. Esta semana el Senado de la República y el Gobierno de México acordaron la creación de una corporación policial que pretende contar con un estado de fuerza verdaderamente nacional.

Para contextualizar la situación que viven las instituciones de seguridad en México es necesario conocer datos puntuales de su desestructuración crónica. México tiene menos de 30,000 elementos de Policía Federal, solamente 36,000 elementos de Policía Militar y alrededor de 9,000 policías navales para atender a 130 millones de habitantes.

El país es una Federación y como tal los 32 estados y los 2,458 municipios son corresponsables de la seguridad pública. Sin embargo, según el Diagnóstico Nacional sobre las policías estatales que publicó la Secretaría de Gobernación en 2017, los gobiernos locales tienen apenas la mitad del estado de fuerza policial que como mínimo deberían tener. Según este reporte, las entidades federativas requieren formar a 115,943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, que significan 235,944 elementos.

La gran mayoría de los gobernadores en México han sido tremendamente irresponsables al no formar instituciones de seguridad pública con las suficientes capacidades humanas, profesionales, con el equipamiento y entrenamiento mínimo para hacer frente a esta realidad.

El despliegue de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública ha generado una trampa institucional. Los estados de la República que se han visto afectados por la violencia común y por aquella provocada por la delincuencia organizada se han refugiado en el uso de militares y marinos para suplir este déficit de elementos de seguridad para cubrir algunos de sus territorios con las llamadas Bases de Operaciones Mixtas (mecanismo de coordinación entre autoridades federales y locales).

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió un país con los más altos niveles de violencia, corrupción e impunidad que se hayan registrado probablemente desde la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Por esta razón y ante la evidente incompetencia de los gobiernos locales es que quiso asumir plena responsabilidad de la situación y propuso un modelo militarizado de policía nacional con capacidades legales de detención, investigación y disuasión. Sin embargo, en el Senado de la República los partidos de oposición, con el respaldo de algunas organizaciones sociales y académicos, empujaron la premisa que la Guardia Nacional debía tener un mando civil aunque con doctrina y adiestramiento militar.

En todas estas discusiones se habló de la militarización del país y de la amenaza del aumento del poder político de las fuerzas armadas, las cuales efectivamente, tienen pocos contrapesos y mecanismos de su gestión por parte de las autoridades civiles. Obviamente los gobernadores y alcaldes prefieren tener como interlocutor, para el despliegue de la Guardia Nacional en sus territorios, a un ministro civil con el que puedan negociar y no con un militar que sea intransigente a escuchar sus peticiones políticas.

El primer reto que enfrentará la formación de la Guardia Nacional es el reclutamiento de los nuevos cadetes. Será mucho más fácil para el Ejército y la Marina, por la infraestructura y despliegue nacional que tienen de instalaciones, poder entrenar con disciplina militar a los futuros miembros de la Guardia en análisis de información, operaciones tácticas, manejo de armas y vehículos. La Policía Federal, a través de su Sistema de Desarrollo Policial ayudará en la capacitación de los futuros guardias nacionales apoyada seguramente de las Divisiones Científica, Inteligencia y Gendarmería principalmente.

La homologación de sueldos y prestaciones generará tensiones al igual que el origen de los mandos de las diferentes áreas de la Guardia. Las doctrinas, códigos, lenguajes, pensamiento y cultura organizacional son distintas entre militares y policías. Cambiar la mentalidad de la primera generación de guardias que provengan de distintas instituciones no va a ser fácil pero no es imposible. La clave va a estar en las leyes secundarias que apruebe el Congreso de la Unión.

Todos ganan con la creación de la Guardia Nacional de corte civil como fue aprobada en sus términos por el Congreso. Las Secretarías de Defensa y Marina recibirán presupuestos adicionales, ya aprobados desde 2018, para la formación de esta nueva corporación. En términos políticos y estratégicos gana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo del político Alfonso Durazo. Él tendrá un rol estratégico en la creación de esta institución. Tendrá que administrar políticamente los conflictos de poder estructurales que existen al interior del sistema de seguridad nacional. El presidente López Obrador queda como un estadista al aceptar las modificaciones que propuso la oposición con el acompañamiento de algunos líderes de la sociedad civil y academia.

Sin embargo, la violencia e impunidad no se acabarán solo con la creación de la Guardia. Los problemas son estructurales en los sistemas de seguridad y justicia que siguen colapsados. México tiene muy pobres instituciones de justicia en el ámbito local con poca independencia del poder político local. Son muy pocas las policías estatales verdaderamente profesionales. El gobierno de la República apenas está poniendo atención al problema del lavado de dinero y de recuperación de activos.

Al ritmo de creación y fortalecimiento de instituciones en México, el país se tardará al menos una década en contar con un andamiaje de seguridad y justicia que le permita abatir la impunidad y reducir los niveles de violencia.

Finalmente, hay dos retos muy concretos, el primero es que la Guardia Nacional transite en estos años de ser una institución de origen militar a una verdaderamente civil. El segundo reto es el fortalecimiento y profesionalización de los cuerpos de seguridad estatales que deben alcanzar estándares mínimos, de estructura y funcionamiento, que sean verificables. Si este segundo reto no se cumple estaremos observando en cinco años nuevamente el debate del uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública por la incompetencia de los gobiernos locales y las autoridades civiles.

*Gerardo es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Juan Antonio Le Clercq Ortega es Director del Departamento Académico de Relaciones Internacionales de la UDLAP. Ambos son los coordinadores del Índice Global de Impunidad.

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