Condenaron a un fabricante de armas alemán por la venta ilegal de miles de fusiles automáticos a México

Se cree que los rifles G36 fueron a parar a estados aquejados por la violencia narco como Chihuahau, Chiapas, Guerrero y Jalisco, e incluso hay acusaciones de que fueron usados por los policías corruptos y y las bandas que habrían hecho desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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La empresa fue multada con 4,2 millones de dólares
La empresa fue multada con 4,2 millones de dólares

Un tribunal alemán condenó este jueves al fabricante de armas alemán Heckler & Koch a una multa de 3,7 millones de euros y a dos de sus empleados a sendas penas de libertad condicional en el marco de un proceso contra por presunta exportación ilegal de armas automáticas a México, algunas de las cuales terminaron en manos de policías corruptos y grupos narco.

La Audiencia Provincial de Stuttgart estableció que uno de los condenados, un exempleado de la empresa ubicada en Oberndorf, deberá cumplir un año y diez meses de libertad condicional y pagar una multa de 80.000 euros, e impuso a otra empleada una pena de un año y cinco meses de libertad condicional y 250 horas de trabajos comunitarios.

Los otros tres acusados fueron absueltos.

La propia empresa no estaba acusada, pero aun así deberá pagar una multa de 3,7 millones de euros (unos 4,2 millones de dólares), correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal de unos 4.700 fusiles de asalto y componentes a zonas de conflicto en México, informó la radiotelevisión regional SWR.

El fabricante de armas alemán fue fundado poco después del final de la Segunda Guerra Mundial
El fabricante de armas alemán fue fundado poco después del final de la Segunda Guerra Mundial

La Fiscalía de Stuttgart considera que los cinco acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.

En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 y en 15 envíos alrededor de 4.700 fusiles, así como ametralladores y munición destinadas a zonas en México con problemas de violencia, para las que no existía permiso de exportación para ciertos estados problemáticos.

La Fiscalía había pedido para tres de los cinco acusados penas de entre 22 y 33 meses de cárcel y para los otros dos, la absolución, y el pago por parte de la empresa de una multa de 4,1 millones de euros.

La defensa argumentó que era el Ministerio de Defensa mexicano el encargado último de distribuir las armas en el país y que la parte mexicana había firmado un certificado de usuario final, por lo que los exitosos fusiles de asalto G36, diseñados en la década de 1990 en el calibre 5,56x45mm, no deberían haber llegado a esas áreas problemáticas.

La familia de fusiles de asalto G36, uno de los productos más exitosos de Heckler & Koch
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Al respecto la prensa alemana reportó que el Ministerio de Defensa había ordenado 9.652 fusiles, de los cuales 4.796 fueron a parar a estados mexicanos particularmente violentos y donde se han denunciado abusos a los derechos humanos, como Guerrero.

Las autoridades alemanas no prohiben la venta de armas a México, pero sí exigen que esas armas no fueran vendidas ni desplegadas en estados específicos como Chihuahau, Chiapas, Guerrero y Jalisco, donde la guerra con los carteles de la droga y la policía corrupta han generado enormes niveles de violencia.

Sin embargo, las investigaciones demostraron que no se le exigieron garantías al comprador, el Ministerio de Defensa mexicano, a pesar de que los empleados de Heckler & Koch que realizaron la venta tenían razones para saber a dónde irían a parar sus armas, como reportó la cadena Deutsche Welle. El régimen de control de armas alemán sencillamente aceptó la operación porque ninguno de los estados violentos aparecía en el papeleo.

Los estudiantes de Ayotnizapa desaparecieron hace más de 4 años y la duda sigue abierta
Los estudiantes de Ayotnizapa desaparecieron hace más de 4 años y la duda sigue abierta

Incluso, activistas han denunciado que los fusiles G36 acabaron en manos de la policía de Iguala, la ciudad en Guerrero donde 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron presuntamente a manos de fuerzas de seguridad corruptas y bandas narco en septiembre de 2014.

Los cuerpos nunca fueron hallados, y numerosas ONGs buscan que Heckler & Koch, la fiscalía alemana e incluso el gobierno de Alemania sean parcialmente considerados responsables.

De acuerdo a Juergen Graesslin, activista alemán por los derechos humanos que lanzó la primera denuncia contra Heckler & Koch por sus ventas en México en 2010, se sabía que los G36 eran usados tanto por la policía como por las bandas narcos, grupos que "muchas veces cooperan entre sí".

Policías federales en Guerrero, un estado golpeado por la violencia narco (FOTO: SEGOB /CUARTOSCURO.COM)
Policías federales en Guerrero, un estado golpeado por la violencia narco (FOTO: SEGOB /CUARTOSCURO.COM)

Los hallazgos de Graesslin, que pertenece a la ONG Global Net – Stop The Arms Trade (Red Global – Frenen el tráfico de armas) fueron centrales para la investigación que derivó en la condena.

"Nunca en la historia de la República Federal de Alemania ha habido un juicio penal tan ilustrativo contra un fabricante de armas. Se ha vuelto aterradoramente claro que el régimen de control de las exportaciones de armas en Alemania no vale el papel en el que está escrito", dijo, de acuerdo a la Deutsche Welle.

Alemania es uno de los principales exportadores de armas del mundo, junto a los Estados Unidos, Rusia, China y Francia, y todas ventas de empresas privadas al extranjero deben contar con la aprobación del gobierno.

Con información de EFE y AFP

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