Grupos de Trabajo y Relatores de ONU-Derechos Humanos expresaron su "grave preocupación" por el proyecto de reforma constitucional que dará paso a la creación de la Guardia Nacional en México.
Los representantes señalaron que su creación "daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado", mismo que han cuestionado de manera reiterada en el pasado.
En un comunicado, el organismo señaló que mediante las reformas constitucionales aprobadas el 16 de enero por la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentran en discusión en el Senado, se le "estarían otorgando facultades permanentes a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública e investigación criminal".
El pronunciamiento de la ONU se suma a la preocupación de organizaciones de la sociedad civil e intelectuales mexicanos, algunos agrupados en el colectivo Seguridad sin Guerra, que se han manifestado en contra de la creación de este cuerpo de seguridad por los efectos que tendrían en el tema del respeto a los derechos humanos.
El organismo hizo referencia a las numerosas recomendaciones realizadas por órganos y expertos independientes "respecto a la necesidad de restringir al máximo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad".
Además, de "separar debidamente funciones policiales y militares, así como de garantizar la rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos cometidas por sus integrantes".
La ONU retiró su disposición para asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos por fortalecer el marco legislativo e institucional del país y así garantizar la realización de derechos de todas las personas.
Para combatir los graves índices de violencia que sufre México, donde se registraron 33.341 homicidios dolosos en 2018, la tasa más alta desde que hay registros, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una Guardia Nacional encabezada por el Ejército y formada por militares, efectivos navales y policías federales.
Ante las demandas para que el nuevo organismo tuviera una dirección civil, López Obrador decidió que la Guardia Nacional tuviera un mandato civil administrativo y uno militar en cuanto a las operaciones.
Con esta propuesta, López Obrador incumplió su promesa de campaña que pasaba por devolver a los cuarteles a los militares que desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) patrullan por las calles del país para combatir el narcotráfico y bajo acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos.
A pesar de que el presidente prometió convocar una consulta ciudadana para el próximo 21 de marzo a fin de avalar la existencia de la Guardia Nacional, los trámites para su creación ya comenzaron en el Congreso y el Gobierno ya presentó un plan para reclutar a 50.000 jóvenes que integrarían el cuerpo.
Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió el miércoles a los senadores del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) construir consensos con la oposición para aprobar la Guardia Nacional lo antes posible.
"Sepan que hacer énfasis en el tema no es una necedad; realmente la creación de la Guardia Nacional sigue siendo la prioridad para el Gobierno de la República", declaró.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, también defendió la creación del cuerpo de seguridad bajo el argumento de que es necesario para combatir al crimen organizado.
Con información de EFE
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