El gobierno federal presentó este martes el ambicioso el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que contiene 11 acciones para atender esta "crisis humanitaria".
La presentación estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien informó que en México hay 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas y alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses.
Estas cifras dan cuenta de "la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a derechos humanos que estamos enfrentando", dijo Encinas, quien no dudó al advertir que México se convirtió en una "gran fosa clandestina".
El funcionario explicó que el objetivo fundamental de este plan es diseñar con las familias de las víctimas y organismos las bases generales y políticas publicas para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables.
"Buscamos desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el país que, lamentablemente, se ha convertido en una enorme fosa clandestina", dijo.
Encinas dijo que para las familias de las víctimas "la verdadera reparación del daño en estos casos es la aplicación de la justicia y castigo a los responsables".
Aseguró que el gobierno federal trabaja en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, en la creación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y en un Instituto Nacional de Identificación Forense.
Al asegurar que en el pasado hubo "simulación" en la atención del problema de las desapariciones, Encinas previó que el SNB contará con un presupuesto de 400 millones de pesos.
Este dinero sí será ejercido para su propósito, y no como ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que instaló el SNB dos semanas antes de finalizar su gestión, le asignó un presupuesto de 468 millones de pesos (unos 24 millones de dólares), pero sólo aplicaron 6 millones (unos 300.000 dólares).
Encinas destacó que una prioridad será la búsqueda de personas con vida. "Debemos actuar de manera inmediata para recuperar a personas ligadas a la desaparición forzada y enfrentar problemas vinculados a la trata de personas".
El plan presentado es el resultado de una serie de consultas que el nuevo gobierno federal llevó a cabo desde el periodo de transición, entre julio y noviembre pasados, con colectivos, organizaciones, familiares de las víctimas y en atención a peticiones de organismos internacionales.
El funcionario afirmó que un reto fundamental es la integración de comisiones de búsqueda en los 32 estados del país y recordó que actualmente 20 entidades están sin decreto, cuatro ya están formadas y otras ocho están en proceso.
"El objetivo es tener todos los registros posibles en un solo banco de datos con lo cual tendremos certeza de la magnitud de problema y enfrentarlo de manera más eficiente", señaló.
Los 11 puntos de la estrategia de búsqueda de desparecidos
Estos son los 11 puntos del Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Rinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda. Completar su integración y puesta en marcha para marzo, con el propósito de lograr una coordinación estrecha con las entidades federativas y sus fiscalías.
Nombramiento de un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Las entrevistas con los 11 aspirantes inscritos serán en audiencias públicas y el viernes se dará a conocer la elección.
Conformación de las comisiones estatales de búsqueda de desaparecidos. A la fecha sólo hay 8 integradas y en 4 estados hay decreto para su conformación, pero no responsable. En el resto de las 20 entidades no hay nada.
Recursos para la búsqueda e identificación de desaparecidos. Para este 2019 hay asignado un presupuesto de 400 millones de pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, y se recurrirá también a recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los Estados, que cuenta con 7.500 millones de pesos. Esto con el fin de desarrollar capacidades en identificación forense.
Desarrollo y aplicación de protocolos. Estos se elaborarán con organizaciones de familiares de víctimas y organismos internacionales, e incluyen un protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, y protocolos homologados para la búsqueda, la exhumación y la identificación de cuerpos.
Prevención y prioridad a la búsqueda en vida. Impulsar tareas de carácter preventivo para recuperar a personas que todavía pudieran estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada y trata de personas.
También incluye la atención a personas migrantes, particularmente en rutas de riesgo, mediante protocolos de actuación que se aplicarán con instituciones responsables de la seguridad pública.
Atención a víctimas. El propósito es hacer efectiva la capacidad de respuesta de la Comisión de Atención a Víctimas. Esto incluye la revisión del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, el acompañamiento permanente en las búsquedas de campo, agilizar los procesos de registro de acceso a los fondos emergentes y fortalecer la consolidación de las comisiones ejecutivas en los estados.
Creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense. Esto con el fin de crear un sistema nacional de coordinación de todos los servicios forenses en el país, que esté listo en marzo.
En esta tarea participan el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Escuela Nacional de Antropología, agencias de las Naciones Unidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Integración del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática. Su propósito es coordinar información de desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, el Sistema DIF, centros de salud y atención de adicciones, centros de detención y reclusorios, el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.
Asistencia técnica nacional e internacional. En particular con las agencias de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Agencia de Cooperación alemana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Unión Europea, entre otras.
Justicia y tipificación del delito. Impulsar que cada fiscalía en los estados establezca mecanismos integrales de reacción e intercambio de información para tener una respuesta más eficaz ante casos de desaparición.
También revisar la tipificación del delito y sus aplicaciones, lo cual implica atender la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Desaparecidas.
Además establecerá en la ley la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos de quienes dan las órdenes, en caso de agencias del Estado, de cometer este tipo de delitos. Establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz y mecanismos de protección a testigos.
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