Desde diciembre pasado, autoridades del municipio de Mazatlán, puerto turístico del estado de Sinaloa, comenzaron una investigación por el presunto robo de agua potable mediante la instalación de tomas clandestinas.
Las indagatorias llevaron al desmantelamiento de una red en la que participaban servidores públicos municipales, quienes ya fueron cesados de sus cargos en tantos las autoridades deslindan responsabilidades.
Son al menos 40 servidores públicos y trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapam), quienes dejaron sus puestos de trabajo, por su posible participación en esta red de "aguacoleros", como los llamó el propio alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
De acuerdo con las investigaciones y versiones periodísticas locales, los involucrados integraron un red de "ordeña de agua". Es decir, crearon un sistema de abastecimiento ilegal, incluidos medidores, que ofrecían a empresas y particulares para que pagaran a ellos el servicio y no a la tesorería del ayuntamiento.
Estas operaciones ilegales alentaron a muchas empresas a conectarse a tomas clandestinas y que no hubiera factura para 60% del agua consumida, denunció Quel Galván, ex gerente general de la Junta Municipal.
Como consecuencia, la Jumapam está en números rojos, pues tiene cartera vencida de 140 millones de pesos y una deuda interna de 120 millones de pesos.
Durante la investigación, las autoridades hallaron tomas clandestinas en el Estadio Teodoro Mariscal, en hoteles de la Avenida del Mar, y aun en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde verificaron que no pagaban el agua.
Las autoridades emitieron tres avisos para que regularizaran su servicio y cubrieran los adeudos de las tarifas correspondientes, que en el caso del estadio sumaban hasta 700.000 pesos.
Como no hubo respuesta, las autoridades cortaron el servicio a los deudores. "Aquí no vamos a ser tapadera de nadie", dijo el alcalde Benítez Torres.
"Se le invitó a que pagaran y no aceptaron, pues vamos hacer el corte, porque no es una casa habitación, es una empresa, un concesionario de algo que le pertenece al ayuntamiento, y todos vamos a tener el trato justo", dijo.
Como estrategia para terminar con el "aguacoleo", la autoridad municipal ha destituido progresivamente a funcionarios que presuntamente están implicados en esta red de robo.
En diciembre salieron los primeros 5 trabajadores y hasta el momento ya suman 40.
El alcalde dijo que seguramente la siguiente semana habrá más despidos, pero aún no sabe si presentará denunciar para actuar legalmente en contra de los involucrados.
"Yo no voy por eso, yo voy por recuperar el recurso, y en eso estamos trabajando", dijo.
No obstante, en una conferencia de prensa que ofreció a principios de enero, él mismo consideró que el "aguacoleo" es también un delito porque se trata de un robo.
"Perdieron de vista que esto es un delito, es un robo", dijo entonces Benítez Torres, quien en ese momento bautizó a esta red como "aguacoleros".
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