Bernardino García Hernández, activista y defensor indígena de derechos humanos, fue asesinado en la comunidad de Zimatlán, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, en el estado de Oaxaca. Con este homicidio ya son cuatro los defensores de derechos que asesinan en México en lo que va del año.
El cuerpo del defensor García Hernández fue encontrado con disparos de arma de fuego en un paraje conocido como "Camalote", donde tenía estanques de peces y diario acudía a darles de comer. El atentado ocurrió alrededor de las 05:30 de la tarde del lunes 21 de enero.
Bernardino tenía 52 años y se dedicó a trabajar el campo, pero por temporadas también a la política, era ex agente municipal de Zimatlán (autoridad auxiliar a los gobiernos estatal y federal).
La vida la dedicó a su comunidad, situada en medio de las montañas de la sierra mixteca de Oaxaca.
"Bernardino García fue desde siempre un defensor de derechos humanos, tuvo desde siempre la sensibilidad y la disposición para defender a su comunidad. Tan así, que fue quien promovió las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. La comunidad reconoce el liderazgo y compromiso que siempre tuvo", recalcó Rufino Benites, director jurídico del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi).
El 4 de agosto de 2010, hace casi 10 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, para que las autoridades del Estado mexicano adoptaran mecanismos que garantizarán la vida e integridad física de cada uno de los pobladores de la comunidad, remover los factores del riesgo ligados a la delimitación de la tierra y otorgar seguridad jurídica sobre la posesión de la misma.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, denunció que un grupo de personas armadas de San Sebastián Nopalera fue quienes dieron muerte al activista, quien fungía como representante de su comunidad en las comisiones que se estaban llevando a cabo para garantizar la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, los cuales han tenido, por décadas, conflictos por la delimitación de las tierras.
"Bernardino era enlace con el gobierno federal y del estado para la aplicación de las medidas, muchas de las veces tenía que dejar a su familia para hacer frente a estos problemas, había sido agredido en otras ocasiones. Se presume que los que pudieron cometer este asesinato fueron habitantes de la comunidad de San Sebastián Nopalera", indicó Rufino Benites.
Los atentados en contra de Zimatlán, los cometen tanto civiles como autoridades locales de San Sebastián, dijo Rufino Benites. "Nosotros conocemos, que la comunidad de San Sebastián, actúa toda la población incluyendo sus autoridades auxiliares como el agente municipal y sus policías".
Con el asesinato de Bernardino García, denuncia el director jurídico del Cedhapi , son ya más de 10 pobladores de Zimatlán asesinados y 6 desaparecidos por este conflicto agrario. El más reciente caso de desaparición ocurrió en octubre del año pasado cuando un grupo armado se llevó a Erick Hernández Sánchez y José Israel Barrios Jiménez. "Se presume que se los llevan algún lugar y los asesinan y no se puede dar con ellos", expresó Benites.
Rufino Benites dijo en entrevista para Infobae México, que durante la última década se ha intensificado la violencia en la zona, "Se recrudeció el conflicto desde el 2009, fue cuando empezó a haber disparos de arma de fuego, quema de casas y una serie de actos ilegales en contra de la comunidad (Zimatlán), por parte de pobladores de San Sebastián Nopalera".
"Es por las tierras que tiene Zimatlán, desde hace muchos tiempo ellos se fueron a asentar y lógicamente poblaron. Sin embargo, la comunidad de San Sebastián Nopalera ha sido azuzada por intereses mezquinos de algunas personas que han estado, incluso dentro del gobierno federal como senadores y diputados, ellos son los que crearon este conflicto y que desafortunadamente ha habido derramamiento de sangre", explicó Rufino Benites.
Durante el gobierno de Felipe Calderón y en toda la administración de Enrique Peña Nieto, no se establecieron los mecanismos de protección para la comunidad recomendados por la Comisión Interamericana, sólo unas cuantas reuniones se han dado, en casi 10 años, con autoridades estatales y federales, sin que se aplicaran las medidas de protección a los pobladores.
"Hasta la actualidad no existe una intención del gobierno mexicano en cumplir con estas medidas, esto es lo que nos ha llevado una y otra vez a que existan homicidios y desparecidos en la zona", recalcó Benites
El asesinato del defensor ocurre en medio de las "Comisiones para la Paz", que se establecieron apenas en 2018, en donde representantes del gobierno y de las dos comunidades en conflicto, por medio del diálogo, buscan soluciones y la reconciliación de los poblados. Este jueves se tiene programada una reunión, pero ante los acontecimientos no se sabe aún si seguirán las comisiones.
Por último, el director jurídico de Cencos manifestó que "La exigencia fundamental es que se garantice la vida y la integridad física de cada uno de los pobladores. Un homicidio más a un defensor, es el resultado de la omisión del gobierno mexicano ante el incumplimiento de las medidas cautelares, en la medida en que el gobierno no adopte los mecanismos necesarios para cumplir con tales medidas, seguirán sucediendo homicidios".
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