Por Claudia Campero Arena*
Con el bienvenido anuncio de Andrés Manuel López Obrador que no se realizará fracking en México, las personas que trabajamos por detener el uso de esta técnica hemos recibido múltiples comentarios como "¡ya ganaron!" "¿ahora en qué van a trabajar?" Hay que decir que este anuncio es efectivamente un reconocimiento al trabajo de años de organizaciones y comunidades luchando contra el fracking y una importante señal de avance en el sentido correcto, pero todavía está lejos de ser el final.
Como la Alianza Mexicana contra el Fracking ha comunicado, se requiere la prohibición de la técnica en nuestro marco legislativo a nivel federal para poder garantizar que efectivamente no se realice más fractura hidráulica en México. Esto es al menos por dos razones, la primera es que si la legislación actual no solo permite el fracking sino incluso lo regula a través de lineamientos emitidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es insuficiente que la cabeza del ejecutivo se comprometa a no realizarlo. Las empresas del sector tienen a su favor el marco legislativo para seguir haciendo fractura hidráulica. Además, las instituciones del gobierno tienen la obligación de vigilar y hacer cumplir los débiles lineamientos. La segunda, aunque no se realizara fracking este sexenio, ¿qué impide que en el siguiente se reanude?
Es importante destacar que la cancelación de la ronda 3.3, que era la primera ronda tras la Reforma Energética que abría a licitación bloques para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales terrestres que requieren el uso de fracking, fue una decisión que mantiene la congruencia del anuncio del presidente. Sin embargo, no podemos olvidar que el fracking se viene realizando antes y después de la reforma en nuestro país y mayoritariamente bajo la responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los contratos y migraciones celebradas después de la Reforma Energética son una preocupación seria. Este es el caso del contrato celebrado por Pemex y Lewis Energy para la extracción de hidrocarburos de lutitas en la frontera norte de Coahuila. Sin una prohibición explícita del fracking, ¿cómo se podrá impedir que se perfore y fracturen pozos donde estas empresas tienen todo desde la perspectiva legal para extraer hidrocarburos que requieren el uso de esta técnica?
La dificultad histórica en el acceso a la información de Pemex, su desprecio hacia los impactos ambientales y sociales que su actividad implica y su falta de respuesta frente a señalamientos de la autoridad ambiental son causas de inquietud. Llevamos años trabajando este tema y muy poco a poco hemos logrado entender la extensión que tiene. La siguiente semana estaremos compartiendo datos actualizados del fracking en nuestro país.
No es poco el trabajo de seguimiento que requerirá asegurar que efectivamente el fracking se detenga en México.
El Congreso, en la legislatura actual, ha visto ingresar cuatro iniciativas de diferentes partidos de prohibición del fracking, tres en la Cámara de Diputados, y una en Senadores. A la fecha, ninguna ha sido discutida. Es urgente que este debate parlamentario se lleve a cabo para poder avanzar en el compromiso de prohibir el fracking. Si los argumentos antes expuestos fueran insuficientes para mostrar la premura de materializar la prohibición, una revisión del presupuesto aprobado para Pemex en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 nos muestra que se le están asignando recursos – no pocos, suman más de 6.5 mil millones de pesos – al "Proyecto Aceite y Gas en Lutitas" y al "Proyecto Aceite Terciario del Golfo" que requieren el uso de fracking.
Sí, es buena noticia que el presidente se haya comprometido a no realizar más fracking, pero esta promesa por sí sola es incapaz de frenar la práctica. Se requiere la acción del ejecutivo y del legislativo para materializar una prohibición clara en nuestra legislación que pondría a México como ejemplo frente al mundo. Con la información existente de daños que provoca esta práctica y con el compromiso del Acuerdo del París de detener el calentamiento del planeta, tenemos más que suficientes razones para prohibir el fracking.
*Claudia Campero es colaboradora de Food & Water Watch y forma parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking
La aquí escrito es opinión y responsabilidad del autor y no representa la posición editorial de este medio