Luego de tres de meses de vivir en chozas improvisadas fabricadas con madera, plástico y lámina que fueron destruidas por autoridades locales, más de 2.000 desplazados quedaron a su suerte en el municipio de Chalchihuitán, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.
El desalojo de los campamentos de desplazados, quienes huyeron de sus comunidades por la violencia en la región, ocurrió en los últimos días de diciembre por órdenes de las autoridades municipales.
Durante un recorrido por la zona, Efe constató que los cinco campamentos fueron destruidos y ahora los cafetales, las veredas y el clima extremo de las montañas son el refugio de estas personas.
Representantes comunitarios señalaron que a finales de diciembre se inició el desmantelamiento por órdenes del síndico municipal Hermelindo García Núñez, quien ordenó a agentes rurales destruir los refugios. En los últimos días los agentes han amenazado a los desplazados con encarcelarlos si los ven organizándose nuevamente.
Tras ese hecho, los desplazados han quedado a su suerte, pasando hambre y sin un lugar donde refugiarse y dormir.
Niños, mujeres y ancianos no tienen dónde resguardarse y solo les queda soportar el frío de las montañas de Chiapas, que en esta época registra temperaturas bajo cero.
Otras familias han buscado alojamiento con vecinos, amistades y familiares fuera del municipio para continuar su vida.
Las personas aseguran que el desmantelamiento de los refugios se concretó para que las autoridades "simulen" que no está ocurriendo nada en la región y que ya no existen personas desplazadas.
Pero los más de 2.000 desplazados le recuerdan al Gobierno del estado de Chiapas que este problema no está resuelto.
Además, la situación que viven se ha complicado ya que, mediante disparos de armas de fuego, grupos armados del vecino municipio de Chenalhó los han intentado amedrentar y por otra parte se han apoderado de sus tierras.
"La situación me desespera; yo quisiera que pase ya. No es necesario que venga alimento, lo que queremos es que venga más ayuda y queremos que esto lo resuelva el Gobierno", dijo Elvia Méndez Sánchez, habitante de la etnia tzotzil de la comunidad Tabak y una de los miles de desplazados, quien espera junto con sus hijos y otro grupo de mujeres que cesen los disparos.
Las mujeres junto con niños y ancianos son acechados por grupos de personas armadas, al parecer paramilitares, que se ubican en los límites entre el municipio de Aldama y Chenalhó, quienes "día y noche y a cualquier hora disparan sobre nuestras casas y toda la gente está sufriendo".
La disputa por 60 hectáreas de tierra fértil, invadidas por habitantes de la comunidad de Santa Martha, en Chenalhó, está poniendo en riesgo la vida de más personas.
"Nada más nos ven y disparan, no nos dejan en paz", dijo Rosa Antonia Hernández.
La situación es de tal tensión para los habitantes de Aldama, que en la comunidad Tabak maestros de primaria han dejado de asistir a dar clases para no poner en riesgo la vida de unos 70 niños y niñas.
En días anteriores el inmueble que utilizan como escuela fue baleado por armas de alto calibre. Paredes y ventanas sirven de evidencia de las agresiones que viven las comunidades de Coco, Tabak, Cotzilnam, Tzelejpobtic y Xuxchen, contó el agente municipal Martín Santis Pérez.
Desde octubre de 2017, huyeron de sus comunidades poco más de 5.000 personas, todos indígenas tzotziles de Chalchihuitán, quienes abandonaron sus hogares por el miedo que causaba a las familias las detonaciones con arma de fuego de alto calibre proveniente de la franja fronteriza con el municipio de Chenalhó.
El lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó a las autoridades a poner atención a los desplazamientos forzados de miles de indígenas en municipios del estado de Chiapas.
La Comisión solicitó al gobernador, Rutilio Escandón, que "se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida durante el desplazamiento forzado y se les brinde atención médica y psicológica".
Un total de 5.266 indígenas originarios de comunidades de Chalchihuitán se vieron obligados a salir de sus domicilios a partir de octubre de 2017 por la violencia desatada a raíz del conflicto agrario que enfrenta desde hace 40 años a su población con el municipio vecino de Chenalhó.
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