En México hay al menos 250 unidades médicas, clínicas, centros de salud y hospitales abandonados o construidos a medias, que debían atender a la población sin seguridad social ni cobertura médica.
"Son escandalosos monumentos de la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias", dijo el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, al participar en la firma del acuerdo para garantizar acceso gratuito a servicios de salud y medicamentos a personas sin seguridad social.
"El problema de los servicios de salud es una emergencia nacional que está costando la vida a muchos mexicanos y provocando un sufrimiento innecesario", afirmó Alcocer al advertir que la situación es más grave en la zona sureste del país debido a la pobreza.
El secretario advirtió del deterioro a la atención de la salud de los mexicanos en los últimos 36 años y del fracaso en las políticas de prevención de enfermedades y promoción de la salud.
"Se incrementaron las nuevas epidemias, como la diabetes, las enfermedades del corazón, el cáncer, la muerte violenta", dijo Alcocer. Ni la descentralización del sector salud ni la creación del Seguro Popular pudieron revertir esa tendencia.
Los especialistas en la materia, sin embargo, dudan de que el país disponga de recursos suficientes para "rescatar" el sector salud, a pesar de los incrementos presupuestales, que resultan menores en términos reales si se descuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda indicado con una inflación de 4.72% estimada por Banco de México.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 todos los sistemas de salud –la secretaría, el IMSS, el ISSSTE y las dependencias que ofrecen esos servicios como el Ejército y Pemex– tendrán un incremento en términos reales de sólo 1.7% respecto de este 2018.
Sus presupuestos, sumados, ascenderán el próximo año a 601.332,5 millones de pesos (mdp), en comparación con los 591.168,4 mdp de 2018.
No obstante, ese gasto medido proporcionalmente frente al tamaño de la economía mexicana representa 2.48% del PIB, cuando este año equivalía a 2.5%.
El solo ramo 12 destinado específicamente para el rubro de salud tiene un presupuesto asignado para 2019 de 123.209,4 mdp, frente a los 121.934,8 millones de este 2018, lo que da un ínfimo incremento de apenas 0.1%. Pero la cifra en términos reales será 3.7% menor el próximo año será el próximo año.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que habrá dinero suficiente para esta nueva federalización de los servicios de salud, que deja atrás casi 30 años de descentralización.
"Habrá que hacer más con menos", dijo este lunes en su conferencia de prensa matutina.
Elefantes "blancos" en el sector salud
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado cuenta de las irregularidades de gasto en la construcción y operación de hospitales en México. Entre estas hay ejemplos escandalosos. Uno es el Hospital Hidalgo, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre.
Esta obra se inició en 2008, se pagó en 2010 y no se concluyó. En 2015 se retomaron los trabajos con el compromiso de concluirlos en 2016, con una inversión de 954.3 mdp provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, de la subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.
Hasta 2016 el "nuevo" Hospital Miguel Hidalgo habría costado 256% de lo que se previó en un principio.
Otro ejemplo está en Quintana Roo. En octubre de 2014 el Seguro Popular autorizó al gobierno de ese estado, entonces encabezado por el priista Roberto Borge (acusado ahora de corrupción), recursos para la construcción de la primera etapa del Hospital de Especialidades de Chetumal para la atención de enfermedades oncológicas.
El contrato, adjudicado en marzo de 2015 a la empresa Promotora NC, estableció un plazo de 279 días para concluir la obra el 6 de diciembre de 2015 con un costo de 184.8 mdp.
Sin embargo, dos días después del inicio, el gobierno de Borge firmó un convenio con la empresa para ampliar 156 días el plazo con fecha de entrega el 10 de mayo de 2016. Eso implicó un incremento de 104 mdp en el costo para sumar 226 millones de pesos.
La ASF comprobó en 2016 que los "conceptos de concurso se modificaron de manera importante y se incluyeron conceptos extraordinarios que incrementaron significativamente el monto y el plazo originales del contrato".
También comprobó que la obra tenía "evidentes deficiencias en el procedimiento constructivo" y pidieron que se iniciara una investigación al respecto. Además, casi dos años después de su inicio, la construcción estaba suspendida y había sólo un avance de 40.3%.
El contrato fue rescindido en enero de 2017 por el gobierno de Carlos Joaquín González, que más tarde retomó su construcción.
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