Los sueldos de los altos funcionarios públicos en México han generado un gran debate ante la posible aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones, impulsada por el nuevo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que impide que los servidores públicos ganen más que el presidente de la República.
Dicha ley ha sido motivó de la confrontación del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo, pues, dicen, "vulnera la independencia de los juzgadores", mientras que los otros dos poderes se han pronunciado por la "austeridad republicana".
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, suspendió la entrada en vigor de la ley, arreciando el enfrentamiento entre los poderes.
El Poder Judicial de la Federación ha dejado en claro que no está dispuesto a someterse a la Ley de Remuneraciones, que los obligaría a reducir su sueldo. Actualmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegan a ganar hasta 578,186 pesos netos al mes, esto integrando bonos y prestaciones, pero ya con la deducción de impuestos perciben 388, 290 pesos mensuales, más de tres veces que el nuevo presidente mexicano: $108,000 al mes.
LUJOS, NEPOTISMO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS DEL PODER JUDICIAL
No sólo son los sueldos de los ministros lo que ha causado revuelo e indignación en parte de la población, también el nepotismo que impera en el Poder Judicial (PJ), el tráfico de influencias, los gastos que se cargan al erario y hasta el estilo de vida lleno de lujos de algunos de sus integrantes.
Además, cuentan con prerrogativas como seguro médico particular, camionetas blindadas, automóviles nuevos, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, comidas y vinos caros.
El mantenimiento de casas de jueces y magistrados es un gasto más que se carga al erario. En tres años, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha retirado 49 millones de pesos de un fideicomiso para este fin, revela información disponible en transparencia, pese a los elevados salarios que reciben los juzgadores.
Nepotismo
El caso más emblemático es el del magistrado del circuito correspondiente a Durango, Héctor Flores Guerrero, quien integró a 17 miembros de su familia a la nómina. Hijos, hermanos, cuñadas, primos, concuños y sobrinos trabajan en puestos administrativos como secretarios de tribunal y juzgado, actuarios, asesores jurídicos o analistas especializados.
Según un estudio publicado por Mexicanos Contra la Corrupción, al menos 500 jueces y magistrados, equivalente al 48.6% de los que ocupan una plaza en tribunales o juzgados del país, incurren en nepotismo.
El organismo también reveló que hay otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus familiares.
Vida de lujos y viajes con el erario
El magistrado de circuito de Veracruz Adolfo Serrano Ruiz, se exhibía en su cuenta de Twitter conduciendo autos costosos, con habanos y relojes de la marca Rolex, lo que le valió que en las redes sociales le apodaran #LordMinistro, criticando su estilo de vida ostentoso.
En este caso autoridades del Poder Judicial indicaron que investigarán al magistrado por la "notoriedad de su conducta".
Otro caso es el del también magistrado Francisco Javier Cárdenas, quien gastó $71, 159 pesos en viáticos cargados al erario por un viaje a Argentina para asistir a un consejero de la Judicatura, Guadalupe Tafoya, en una conferencia internacional.
Un ejemplo más es el del funcionario Herles Enrique Velasco, quien viajó a Francia en 2017 para asistir al consejero de la Judicatura Jorge Antonio Cruz. En 10 días se gastó $39,000 pesos en viáticos, cargando al erario conceptos que van desde su almohada de cuello hasta el vino blanco y caracoles que consumió en restaurantes del país europeo.
También Mario Alberto Torres, director del Instituto Nacional de Defensoría Pública, gastó 64,000 pesos en un viaje a Washintong, EEUU, de los cuales 24,000 fueron en comidas y hospedaje.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) en los últimos tres años dispuso de 649 millones de pesos en viáticos para sus funcionarios.
Tráfico de influencias
Un caso representativo del tráfico de influencias en el Poder Judicial es el del ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, quien fue acusado en el 2013 por Ana María Orozco Castillo, madre de dos hijos de Góngora, por el "uso de influencias" para detenerla por el delito de fraude, luego de que ella pusiera a su nombre una casa para la que el ministro en retiro le había dado 2 millones de pesos y le pidió ponerla a nombre de los menores.
Una investigación de Noticias MVS encontró indicios de "tráfico de influencias" en la rapidez con la que jueces de la Ciudad de México, con quienes Góngora tendría amistad, resolvieron encarcelar a Orozco.
Previamente la señora había denunciado al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no otorgar pensión alimenticia a sus hijos. Góngora alegaba que por ser de un estatus social "medio bajo" , $12,818 pesos eran suficientes para su manutención y así no pagar el 35% de sus ingresos, como lo había dictado otro juzgado.
El asunto terminó cuando se hizo un escándalo mediático y Góngora tuvo que pedir una disculpa pública a la madre de sus hijos, expresando que todo se arreglaría de manera civilizada.
LOS GASTOS DEL PODER JUDICIAL
El año pasado se le entregó a todo el Poder Judicial (integrado por el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación) 71,336 millones de pesos para su funcionamiento.
Tan sólo a la Suprema Corte de Justicia se le designaron $635 millones para su operación, que se dividieron en los siguientes rubros:
Mobiliario y equipo: $233.1 millones de pesos
Obra pública en bienes propios: superior a $231 millones
Viáticos: $50.7 millones
Servicios Oficiales: $48. 3 millones (en este rubro incluyen congresos y convenciones)
Vehículos: $32 millones
Viajes terrestres y aéreos: $21.6 millones
Subsidios (capacitación, practicas profesionales y becas): 6.5 millones
Gasolina, lubricantes y aditivos: $4.9 millones
La carga onerosa que el Poder Judicial representa para las finanzas públicas contrasta con el alto índice de impunidad. México reporta un 95% crímenes que no son castigados en las instancias correspondientes.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.
Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto. Disponible en la página www.scjn.gob.mx
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