Las cifras de pronto no cuadran y en Tijuana las autoridades nada saben sobre el paradero de aproximadamente 3.000 migrantes centroamericanos que viajaron en caravanas desde sus países, atravesaron México y llegaron a esta ciudad fronteriza para intentar cruzar a Estados Unidos.
El pasado viernes, el gobierno municipal de Tijuana informó sobre el desalojo de los migrantes albergados en el deportivo "Benito Juárez" por razones de salubridad.
Hasta ese momento, las autoridades habían contabilizado allí 6.062 centroamericanos (3.877 hombres, 1.127 mujeres, 542 niños y 516 niñas) que serían trasladados a un predio conocido como "El Barretal", un centro de espectáculos que habilitaría como refugio y que estarían bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) federal.
Pero hasta este martes las autoridades a cargo del albergue habían contabilizado 2.122 personas, y las municipales tenían ubicadas otras 744 en calles cercanas al primer albergue "Benito Juárez" y 144 más que se movieron a casas administradas por agrupaciones religiosas.
Del resto, poco más de 3.000, "no se conoce su paradero", admitió el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, quien consideró la posibilidad de que algunos podrían estar en domicilios particulares, habrían cruzado ilegalmente a Estados Unidos y fueron detenidos o quizá aceptaron volver a su país, abundó.
Hasta el momento, de acuerdo con el último corte oficial, 600 migrantes habían regresado –178 deportados y 409 que solicitaron retorno asistido–, informó el secretario general de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez.
Las autoridades fronterizas de Estados Unidos a su vez no han informado sobre un cruce masivo de migrantes.
Sotomayor no habló de cifras, pero admitió que "un número importante" de los migrantes que llegaron a Tijuana desde el 11 de noviembre simplemente "no están localizables", y atribuyó las diferencias en las cifras a un posible error de cálculo original.
Las cifras "pudieran no ser muy precisas, porque no se hizo un censo oficial, ni estudios biométricos para poder identificar a los extranjeros", dijo el funcionario.
Sobre los que permanecen en las calles dijo que "deberán ubicarse en el nuevo albergue porque ya no pueden mantenerse en la vía pública", pues si cometen infracciones al bando de policía y buen gobierno "serán detenidos".
Los migrantes optaron por las calles al señalar que el albergue "El Barretal "queda muy lejos" de la garita de "El Chaparral", a unos 20 kilómetros, donde esperan iniciar su trámite de asilo en Estados Unidos.
Activistas que trabajan a favor de los derechos de los migrantes cuestionan esta súbita "desaparición" de migrantes y no descartan la manipulación de cifras por parte de los gobiernos del municipio de Tijuana y del estado de Baja California.
El apoyo alimentario, ropa y cobijas en el barretal está cubierto para un mes de acuerdo a los administradores, los apoyos que se requieren en el momento para los integrantes de la caravana son: ropa interior para hombres, mujeres y niños y artículos de aseo personal #Tijuana pic.twitter.com/r2vbQVtG40
— Marinee Zavala (@MarineeZavala) December 3, 2018
"Es hora de aclarar dónde están esos 3.000, si fueron las autoridades las que mintieron cuando empezaron a hacer la contabilidad, pues se habla de que andaban pidiendo 100 millones de pesos (para atenderlos)", dijo Sergio Tamai, dirigente del grupo de defensa de migrantes Ángeles sin Fronteras.
Según declaraciones del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, el municipio destinaba 550,000 pesos diarios para mantener a los migrantes albergados en el deportivo "Benito Juárez" y el gobierno estatal solicitaba a la Federación al menos 100 millones para atender la emergencia.
"Ahora que se cambiaron de repente ya no aparecen, y no se sabe dónde están", cuestionó Tamai.
Tras el relevo en la Presidencia de México, el gobierno federal decidió que la emergencia de los migrantes será atendida por la nueva Secretaría del Bienestar (antes Desarrollo Social) y por el Instituto Nacional de Migración (INM).
La decisión forma parte de la estrategia del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no entregar recursos a estados y municipios y en cambio supervisar su aplicación mediante "delegados estatales", quienes vigilarán en que planes y programas se aplican.
En su primera conferencia matutina ante medios, López Obrador dijo que la Secretaría de Gobernación atenderá el problema y que están elaborando un registro "para saber con exactitud el número (de migrantes) y tener los datos básicos para seguir prestando apoyo y auxilio".
Desde el pasado 19 de octubre, unos 9.000 centroamericanos, en su mayoría hondureños, han llegado a México en distintas caravanas. De ellos, más de 7.000 arribaron a las ciudades de Mexicali y Tijuana, en Baja California, para pedir asilo en Estados Unidos, y unos 2.000 están en tránsito en otras entidades del país.
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