El cambio en la política de seguridad comenzó ya en México. Este domingo, segundo día de la presidencia de Andrés Manuel López, arrancó la nueva estrategia a partir de la operación de las primeras 150 (de un total de 266) Coordinaciones Territoriales para la Construcción de la Paz.
Desde estas, autoridades de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– trabajarán de manera coordinada en el combate al crimen, a partir de una serie de directrices establecidas en un manual y un mapa que ya distingue las regiones más conflictivas del país.
El gobierno federal incluso ya nombró mandos y corporaciones al frente de esas 150 coordinaciones. De acuerdo con la información oficial, en 79 regiones (53%) está desplegado el Ejército, en 47 la Policía Militar, en 18 la Policía Naval y la Policía Federal sólo tendrá a su cargo seis.
En total ya están desplegados 35.745 elementos (de entre 120.000 y 150.000 que necesitarán las autoridades para todo el país) de estas corporaciones, que en el futuro integrarían la Guardia Nacional propuesta por López Obrador al Congreso para su aprobación.
Según el mapa, en entidades como Oaxaca, todas las coordinaciones estarán integradas por elementos del Ejército, mientras que Veracruz tendrá una combinación de policías militares y navales, en estados de la frontera norte habrá solo Policía Naval.
El nuevo gobierno además llegó a su primer día de trabajo ya con las 150 coordinaciones territoriales clasificadas según su riesgo: en rojo las de alto riesgo, el amarillo para nivel medio y verde para bajo.
De todas las entidades, Baja California es la única completamente pintada de rojo, lo mismo que zonas de 28 estados más.
El gobierno federal arrancará con estas 150 Coordinaciones Territoriales para la Construcción de la Paz porque en este momento no tienen elementos de seguridad suficientes que desplegar si tuviera en operación las 266 coordinaciones.
Estados en rebeldía
Esas coordinaciones se instalaron ya en 16 entidades. Estas son: Campeche, Chiapas, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.
En esos estados se reunieron los gobernadores y presidentes municipales con autoridades federales para las primeras acciones en seguridad. Pero hubo estados que desdeñaron la instalación de estas coordinaciones, como Jalisco.
Allí el gobernador y los alcaldes no asistieron a la reunión programada en la sede estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), con el argumento de que "se trata de mesas de trabajo convocadas por figuras inexistentes en la ley (los "súper delegados"), con lo que se atenta contra la autonomía municipal y el federalismo".
En ese estado el gobernador Aristóteles Sandoval ha rechazado de manera tajante trabajar con el súper delegado" del gobierno federal, quien participará como representante de la Presidencia en estas coordinaciones territoriales de seguridad.
Los "súper delegados" son una figura recién aprobada en la ley, que ha despertado la inconformidad de los estados por considerar que son una intromisión del gobierno federal en la soberanía de estados y municipios.
No obstante, siempre ha habido delegados federales y la ley incluso permitió que en el pasado hubiera entre 40 y 60 por estado, que ahora pasaron a ser uno.
En los estados que sí instalaron sus coordinaciones participaron también los comandantes de las zonas militares y navales, secretarios de gobierno locales, representantes de la Policía Federal, estatal, de la PGR y de las fiscalías locales.
De acuerdo con el manual de coordinaciones, los "súper delegados" tendrán la obligación de sistematizar la información de cada coordinación territorial y deberán informar en tiempo real a la Oficina de la Presidencia (encabezada por Alfonso Romo) sobre hechos de alto impacto social y trascendencia mediática.
También deberán reportar cada día los avances de cada coordinación en materia de prevención social del delito, cultura de la legalidad y la paz, y solicitar a las instituciones que integran el gabinete de seguridad el seguimiento de acuerdos de las coordinaciones en materia de problemática social.
Según el manual, las coordinaciones territoriales "serán una herramienta de interlocución inmediata con la ciudadanía y permitirán diagnosticar la problemática social que percibe la población".
"Este diagnóstico –sigue– nos permitirá emprender acciones preventivas y reconstruir el tejido social a través del fortalecimiento de la convivencia democrática, pacífica y ordenada".
Alertas y tiempos de respuesta
El manual de coordinaciones territoriales también instruye la puesta en marcha de un sistema de alertas para reportar y atender emergencias en materia de crimen y desastres naturales.
El nivel de alerta determinará el tiempo de respuesta de autoridades locales y federales.
Por ejemplo, las alertas de nivel 1 exigen una actuación "inmediata y urgente", de entre 30 minutos y una hora, pues representan un alto riesgo para la seguridad y la estabilidad sociopolítica.
Las alertas de nivel 2 operarán para eventos que puedan escalar hasta nivel 1 y tendrán que recibir respuesta del gobierno en un máximo de 12 horas.
En el nivel 3 las autoridades deberán responder en un plazo de 24 horas a una semana, y en el nivel 4 el gobierno tendrá que responder en un plazo de una a cuatro semanas.
El Manual de Coordinaciones Territoriales para la Construcción de la Paz también contiene un Parte Único de Novedades que deberá ser llenado "en tiempo real" por los responsables en las instituciones encargadas de la seguridad.
La información deberán ingresarla a una plataforma y describir los sucesos registrados en las últimas 24 horas para que todas las mañanas esté disponible en las reuniones de seguridad, que desde este lunes encabeza López Obrador.
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