En sólo 5 meses de transición Andrés Manual López Obrador, quien este sábado asume la presidencia de México, pudo impulsar en el Congreso una serie de reformas legislativas que reconfiguraron y ampliaron el poder del Ejecutivo federal.
Con el apoyo de su partido Morena, que concentra la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, López Obrador logró reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, que rediseñó la Presidencia de la República.
Así, a partir de hoy el presidente cuenta con una serie de instrumentos que fortalecerán sus funciones. Entre otros, un consejo asesor empresarial, un consejo asesor en materia de seguridad y comisiones especiales, que no existían.
Estas "comisiones intersecretariales" serán creadas por el presidente para resolver asuntos en los que deban intervenir varias secretarías de Estado.
Unas serán "consultivas", integradas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil para emitir una opinión sobre algún tema específico.
Otras serán "presidenciales" y podrán integrarse con funcionarios, especialistas o profesionistas y ex servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno para ejecutar funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que servirán de base para la toma de decisiones.
El poder de una oficina
Pero el centro neurálgico de esta reconfiguración del Poder Ejecutivo es la Oficina de la Presidencia, que estará a cargo del empresario Alfonso Romo.
Esta oficina coordinará programas sociales prioritarios, la estrategia de comunicación social del gobierno y los asuntos jurídicos, así como la estrategia digital y la preservación de la memoria histórica.
También coordinará los trabajos del consejo asesor de empresario, en el que participarán Ricardo Salinas Pliego (Grupo Azteca), Olegario Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ángeles), Bernardo Gómez (representante de Televisa), Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte), Miguel Alemán (aerolínea Interjet), Daniel Chávez (Vidanta), Miguel Rincón (Bio Pappel) y Sergio Gutiérrez (Muguerza de Deacero).
Esta Oficina tiene repartido el poder en cuatro funcionarios que podrán hacer nombramientos en secretarías de Estado, ejecutar presupuestos y decidir políticas.
Ellos son: Alfonso Romo, jefe de la Oficina; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo; Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social.
La Consejería Jurídica, a cargo de Julios Scherer Ibarra, tiene entre sus responsabilidades la revisión y elaboración de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones presidenciales.
Ahora, además, tendrá la facultad de nombrar y remover a los titulares de las unidades jurídicas de las secretarías de Estado y otras entidades del gobierno federal.
En este nuevo diseño, la Presidencia concentrará en una sola área de Comunicación Social, bajo responsabilidad de Jesús Ramírez Cuevas, todas las labores de información y difusión que antes estaban distribuidas en cada una de las dependencias del gobierno federal.
Ramírez coordinará a un equipo de enlaces en las secretarías de Estado y las demás dependencias federales, que sustituirán a los anteriores coordinadores generales de comunicación de cada área.
Ojos y oídos en los estados
Uno de los cambios que más controversia ha suscitado es la recién creada figura de los llamados "súper delegados".
A través de estos, López Obrador tendrá ojos y oídos en cada uno de los estados, como una especie de representante del gobierno federal que se coordinarán con los gobernadores y la próxima jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Son una red de "coordinadores estatales de Programas de Desarrollo", todos operadores del partido Morena en sus estados, que estarán bajo la responsabilidad de Gabriel García Hernández, como coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo.
Aunque los nuevos "súper delegados" están adscritos administrativamente a la Secretaría del Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social), serán nombrados y dirigidos desde esta coordinación de la Presidencia.
Esta figura ha despertado la inconformidad y la abierta oposición de gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes desconfían de su labor y miran en sus tareas propósitos políticos.
La duda de los gobernadores es razonable, dice Guillermo Miguel Cejudo Ramírez, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y experto en temas de federalismo.
El especialista aclara que los delegados nombrados por López Obrador no contradicen el pacto federal ni el diseño constitucional, puesto que la figura es simplemente administrativa.
"No interfieren con la autoridad, los recursos ni las atribuciones de los gobernadores ni los presidentes municipales", afirma.
Sin embargo, advierte que sí hay un defecto en términos de la operación del modelo de descentralización que se ha construido en México en las últimas dos décadas.
"Desde hace 20 años hay muchas responsabilidades compartidas entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), en materia educativa, de salud, en el ejercicio de recursos federales y de programas sociales".
Este diseño implica un triple papel de los delegados en los estados, explica Cejudo Ramírez. Unos cumplen funciones administrativas, otros de gestión directa y unos más tienen tareas políticas y de negociación.
La pregunta es si los delegados nombrados por López Obrador podrán cumplir estas tres tareas, se pregunta el especialista.
"Puede ocurrir que las funciones desborden a los responsables en cada entidad, porque cada tarea es muy compleja en sí misma y sumarlas en un solo puesto las hará claramente más difíciles", dice.
El control del dinero
Otro cambio que fortalecerá el control del Ejecutivo federal sobre el ejercicio de recursos está en la Secretaría de Hacienda, que desde ahora concentrará todas las compras de gobierno a través de una sola Oficialía Mayor.
Hacienda además tendrá la facultad de nombrar a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas que sustituirán a los Oficiales Mayores en cada dependencia.
López Obrador también reconfiguró las tareas seguridad en el país, al retirarle esta atribución a la Secretaría de Gobernación y otorgársela a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, que tendrá a su cargo la Guardia Nacional y la Policía Federal (cuyo futuro es incierto).
Esta será para él una tarea prioritaria y ya anunció que todos los días, a las 6 de la mañana, habrá una reunión del gabinete de seguridad en la que participarán todas las dependencias involucradas con el tema, que le darán parte de la situación en el país.
López Obrador además repartirá su tiempo en la Ciudad de México y los estados. Los primeros cuatro días de la semana despachará desde el Palacio Nacional, que sustituye a Los Pinos como residencia del poder presidencial, y de jueves a domingo planea visitar el país.
Estos cambios han despertado voces de alerta de especialistas que advierten de una nueva etapa de centralización del poder y de un presidencialismo fortalecido, que el país había intentado desmantelar mediante un mejor equilibrio de poderes.
Así comienza hoy la llamada "Cuarta Transformación", que se ha propuesto llevar a cabo López Obrador desde una Presidencia que fortaleció incluso antes de llegar al poder.
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