Nueva investigación del caso Ayotzinapa: ninguna autoridad hizo nada para evitar la desaparición de los 43 estudiantes

Otra vez la duda abierta: si los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fueron o no incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

Este martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un organismo autónomo del gobierno federal, emitió la recomendación 15VG/2018 por el caso Ayotzinapa.

En esta asegura que halló evidencia suficiente para presumir que entre 23 y 28 de los estudiantes secuestrados por policías municipales en Iguala sí pudieron ser incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos, como en su momento defendió la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta inédita recomendación –la cual sintetiza más de un millón de hojas y 1.255 tomos que comprende la investigación– está dirigida a 16 autoridades, incluido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Esta es la primera ocasión que una recomendación de este nivel se dirige al titular del Ejecutivo federal, dijo el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien aseguró que Ayotzinapa representa un punto de quiebre en el sexenio de Peña Nieto.

"Es un caso abominable que se volvió emblemático de la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país, así como del momento crítico que atraviesa en materia de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad", dijo.

En una insólita sesión de más de 9 horas con la prensa, en la que los funcionarios de la CNDH delinearon, detalle a detalle, su investigación, González Pérez afirmó que la recomendación evidencia que este crimen sólo pudo ocurrir por la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

El documento advierte que si las corporaciones federales y estatales hubieran actuado de manera pertinente y oportuna, los ataques contra los normalistas –que dejaron seis asesinados, 42 lesionados y 43 desaparecidos de manera forzada– pudieron haberse evitado.

En Iguala, dijo, diversas autoridades tanto a escala federal como local y municipal sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero "nadie hizo nada para actuar" y con ello evitar un desenlace como el que se presentó.

La CNDH acreditó que la PGR supo del ataque contra los normalistas casi al mismo tiempo en  que ocurrían los hechos y, pese a que sus oficinas en Iguala están a 7 minutos de donde ocurría la agresión contra un grupo de estudiantes, no actuó para evitarlas.

De manera oficial, la PGR informó en su momento que atrajo el caso 9 días después de los hechos. Sin embargo, el documento de la CNDH acreditó que la dependencia federal recibió un aviso a las 21:45 horas del día 26, el cual alertaba de lo que sucedía.

Respecto del Ejército, la investigación de la CNDH refiere que hubo presencia militar en algunos puntos donde ocurrieron las agresiones, y que incluso llegaron hasta un hospital donde atendieron a un normalista que había recibido un impacto de bala en la quijada, pero no brindaron atención a los jóvenes.

Además, agrega, los militares llegaron tarde a los sitios de los ataques, y tampoco hubo actuación oportuna de la Policía Federal ni de la estatal.

La CNDH criticó la actuación desapegada a derecho de la PGR y que las acusaciones penales contra los presuntos responsables no incluyan el delito de desaparición forzada.

González dijo que el "desaseo y poco profesionalismo" en las investigaciones, hicieron que se subestimara el hallazgo de más de un centenar de fragmentos de hueso y odontológicos, que con pruebas de ADN pudieron dar pistas del destino de los estudiantes.

Además, la CNDH recibió 72 quejas por tortura contra los presuntos responsables y logró acreditar que así ocurrió en 8 casos, y en 28 se dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes.

"La verdad también ha sido una de las víctimas en el caso Iguala", apuntó el titular de la CNDH, al acusar a las autoridades de dar información sesgada, parcial o nula, con lo cual desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública.

"México es un país en el que, con frecuencia, la verdad se niega o esconde", denunció el presidente de la CNDH, quien aseguró  que "este caso es el más ominoso y complejo en la historia de la CNDH".

¿Incinerados o no?

La investigación de la CNDH abrió de nuevo la herida de la incógnita sobre el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En su recomendación asegura que halló evidencia suficiente para presumir que entre 23 y 28 de los estudiantes secuestrados por policías municipales en Iguala sí pudieron ser incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos, como en su momento defendió la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta fue "la verdad histórica" que en enero de 2015 defendió la Procuraduría General de la República (PGR) al asegurar que los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían sido quemados en un basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el Río San Juan.

Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno mexicano acordaron una investigación independiente que derribó la versión.

Dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que integró la CIDH demostraron que en aquel vertedero de Cocula no habían incinerado a los estudiantes de Ayotzinapa.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también ratificó esta versión y afirmó que los restos hallados en el basurero de Cocula, no correspondían a los normalistas de Ayotzinapa.

Pero este miércoles José Larrieta, titular de la Oficina del Caso Iguala de la CNDH, aseveró que sí hubo un fuego capaz de quemar cuerpos humanos.

Según su indagatoria, ese fue el destino de entre 23 y 28 normalistas de Ayotzinapa, detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, que los entregaron a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos por orden de una persona identificada como "El Patrón".

Según Larrieta, los perpetradores armaron una pira con base de piedras, luego llantas, leña y plásticos, la cual estimularon con acelerantes como gasolina y diesel. Allí habrían quemado los cuerpos que después esparcieron en el río San Juan.

Según su investigación, la CNDH pudo determinar científicamente que la tierra contenida en una bolsa rescatada en el Río San Juan sí provenía del basurero de Cocula.

De allí fueron recuperadas 38 porciones petrosas de hueso temporal –el cuerpo humano tiene dos–, por lo que podrían corresponder por lo menos a 19 personas.

Además, agregó Larriera, tanto un resto humano recuperado en el basurero como uno obtenido de aquella bolsa sacada de Río San Juan fueron analizados por la Universidad de Insbruck, que los identificó como de Jhosivani Guerrero de la Cruz, estudiante de Ayotzinapa.

El resto de los 43 normalistas habrían sido llevados al municipio de Huitzuco, según la investigación.

Luego de conocerse la recomendación, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, declaró que el gobierno a punto de concluir prevé aceptar la recomendación de la CNDH, a más tardar este viernes, último día de gestión de Peña Nieto.

Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de López Obrador que arranca el sábado, aseguro que el lunes instalarán la comisión especial del caso Ayotzinapa para seguir con las investigaciones.

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