Atrapar al narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, no fue suficiente para la administración del presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto.
La cifra de homicidios acumulados a octubre, faltando por contabilizar noviembre, han despertado comentarios en el sentido de que el de Peña Nieto será el sexenio más violento en el país desde que existen estadísticas.
Y aunque nadie le quita merito al actual gobierno por la recaptura de Guzmán Loera y otros cabecillas de importantes cárteles, un efecto colateral fue que la transición de la delincuencia organizada se aceleró.
Los grandes cárteles se fragmentaron y la violencia se extendió de regiones muy focalizadas hacia todo el país con la organización ya no sólo de grupos de narcotraficantes sino también de los llamados huachicoleros (traficantes de hidrocarburos).
Casos de desaparición forzada, como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace cuatro años, así como los más de 37.000 desaparecidos reportados en el país, agravaron la situación y el reclamo social.
"(Peña Nieto) creyó que la administración política era suficiente, que no había un problema de capacidades, se dio cuenta muy tarde de errores como la centralización del mando de seguridad en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y acabó sin gobierno y la apuesta por la prevención acabó quitando todos los recursos, el crecimiento de las instituciones se detuvo. La Policía federal se quedó del mismo tamaño y la Procuraduría General de la República (PGR) profundizó su crisis", señaló a Infobae Alejandro Hope, un reconocido analista en temas de seguridad.
Después de alcanzar un máximo de 22.855 homicidios dolosos en 2011, la cifra bajó a 21.459 en 2012 y continuó descendiendo hasta llegar a 15.520 en 2014, pero a partir de 2015 se disparó.
La cifra roja del gobierno saliente son 122.300 homicidios dolosos, de diciembre de 2012 a octubre de 2018, a los que aún falta sumar noviembre, último mes de la actual administración.
Datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en el mes de septiembre, indican que en promedio, en el país cada 14 minutos y 34 segundos una persona fue víctima de homicidio doloso o feminicidio. Cada 86 minutos y 45 segundo alguien fue víctima de extorsión mientras que cada 5 horas y 17 minutos se registró un secuestro. Cada 2 minutos y 3 segundos, en promedio, se abrió una carpeta de investigación por robo con violencia.
En materia de narcotráfico, de acuerdo con un reporte federal al que el diario mexicano Excélsior tuvo acceso, en el país existen seis grandes cárteles y más de 80 células delictivas que operan en todo el país.
El gran error
Eduardo Guerrero, de la firma Lantia Consultores, consideró que uno de los grandes errores del actual gobierno en materia de seguridad lo cometió al intentar ir en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) después de haber tenido éxito en la lucha por extinguir al cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán, en 2015.
El intento por detener al líder del CJNG, Nemesio Oseguera alias "El Mencho", culminó en el derribo de un helicóptero de La Marina en estado de Jalisco y en una jornada violenta con narcobloqueos en distintos estados del occidente del país.
"Lo que debió de haber hecho el gobierno era replicar la colaboración que tuvo con los autodefensas -civiles que se armaron para enfrentar al narco- de Michoacán en el estado de Guerrero -uno de los más violentos del país- y colaborar con los grupos de autodefensa de ahí para que les dieran información sobre los grupos locales y así se hubiera podido dar un gran avance y tal vez Guerrero no estaría como está ahora", explicó.
Hope, Guerrero y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, de la Universidad de las Américas, coincidieron en que la debilidad institucional fue otro de los puntos que favoreció el repunte de la violencia durante el sexenio.
"Dos grandes pendientes que deja Peña Nieto en materia de seguridad y justicia son que no se profesionalizaron lo suficiente la Policía Federal y las instituciones de inteligencia civiles del Estado Mexicano. Y en materia de procuración de justicia, dejó colapsar a la PGR", señaló Rodríguez Sánchez Lara.
"El principal problema que tuvo el país fue la politización de las instituciones de seguridad que quedaron al manejo político de funcionarios sin experiencia", expresó.
Comparten que el reto que está a punto de asumir Andrés Manuel López Obrador, quien a partir del 1 de diciembre será el presidente de México, es mayúsculo, y a pesar de que uno de sus primeros anuncios en la materia fue la integración de una Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad militarizado cuya creación se someterá a consulta ciudadana, "no se ve cómo pueda tener un mayor impacto", dijo Hope.
En materia de seguridad, consideraron, López Obrador sólo podrá revertir la tendencia violenta del país a través de una reconstrucción profunda de las instituciones del Estado.
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