La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que buscaba ampliar las facultades legales de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública en el país.
La Corte detuvo una de las leyes más polémicas del sexenio de Enrique Peña Nieto, al considerar que por dotar de más facultades legales, recursos humanos y económicos en las tareas de seguridad pública, se ponía en riesgo el respeto a los derechos humanos así como el libre acceso a la información.
En su texto, la ley seña que por seguridad interior se debía interpretar seguridad nacional, lo que fue impugnado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ya que, de esta manera, el Ejército podía clasificar información argumentando temas de seguridad nacional.
Durante la sesión de este jueves, nueve ministros, incluido el Ministro presidente, Luis María Aguilar, votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que buscaba declarar constitucional la ley.
Sólo el ministro Pardo votó a favor. Según su dictamen, la ley no violaba la Constitución siempre y cuando se eliminaran algunos artículos.
Al menos seis de los 10 ministros coincidieron en que la seguridad interior es una función que la Constitución reserva al Ejecutivo federal por conducto del Ejército y la Marina. Y destacaron que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, a través de las distintas policías.
La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 en el Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación cinco días después. Inmediatamente fue impugnada por la sociedad civil y organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Organización de Naciones Unidas, entre otros, advirtieron que la ley permitía una serie de violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extraoficiales.
Para impedir que entrará en vigor la ley, más de 300 organizaciones integraron el Colectivo Seguridad sin Guerra para denunciar que con esta ley se permitiría la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, lo que atentaba contra la Constitución.
Desde 2006, las Fuerzas Armadas se sumaron a las tareas de combate a la delincuencia organizada, lo que ha despertado protestas y quejas por violaciones a los derechos humanos.
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