Desde hace más de un año está bloqueada la información que podría aclarar el pago de sobornos que hizo la constructora Odebrecth en México debido a que la Fiscalía mexicana (PGR) se niega a firmar un documento que permite el intercambio de información, acusó el Ministerio Público de Brasil.
En un escrito enviado a la agencia Associated Press, la instancia judicial detalló que la firma de la PGR es importante para hacer uso de la información aportada por ejecutivos de la constructora brasileña o testigos del caso, bajo los acuerdos de colaboración suscritos con dicha fiscalía.
A finales de 2016, la constructora brasileña reconoció ante la Justicia de los Estados Unidos haber realizado pagos millonarios a altos funcionarios en distintos países de América Latina, detonando un escándalo que envuelve a presidentes y ex presidentes, en una decena de naciones de la región.
La mayoría de los países involucrados firmaron con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.
En el caso mexicano, Odebrecht confesó el pago de USD 10.5 millones a funcionarios de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en un período comprendido entre 2010 y 2014. El funcionario de más alto rango mencionado hasta ahora en el ex director de la petrolera, Emilio Lozoya Austin, actualmente bajo investigación.
El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de ex ejecutivos de la constructora -como el ex director en México Luis de Meneses-, que involucraban directamente a Lozoya Austin, quien en 2012, cuando habría recibido los primeros pagos, trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Ejecutivos brasileños lo han señalado directamente como un personaje que los ayudó a conseguir contratos a cambio de un pago por sus gestiones.
Por su parte, la Fiscalía mexicana insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios para avanzar en las investigaciones.
En diciembre de 2017, México inhabilitó a la constructora para celebrar contratos con el Gobierno durante un período de cuatro años.
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