López Obrador y su ambiciosa reforma de gobierno que todos temen

Los trabajadores del gobierno federal están en vilo, desde el pasado 1 de julio que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial.

No es parara menos. Desde su campaña, el próximo presidente de México anunció cambios drásticos en la estructura y presupuesto del gobierno federal.

Entre ellos, reducción de altos salarios, eliminación de áreas y la mudanza de al menos 15 secretarías de Estado (ministerios) y al menos otras 16 dependencias federales.

Toda una recomposición que tiene como argumentos la austeridad –para el caso de sueldos y la reestructura– y el impulso del desarrollo regional en los estados –en la mudanza de oficinas–.

Pero a la fecha hay todavía tan poca información y datos para evaluar estas decisiones, que se abren espacios a la especulación y la interpretación política.

Por ejemplo, que el gobierno de López Obrador pretendería, con la desconcentración, que su gobierno tenga más presencia en los estados para  controlar y limitar a los gobernadores. 

También, que las medidas de austeridad –que afectarán sobre todo a empleados de confianza- tengan en realidad el propósito de una "depuración" que permita a su administración sustituir a quienes renuncien con personas cercanas a su partido Morena.

"Son razones políticas no explícitas, que no se pueden descartar en tanto no haya más información y argumentos que sostengan esas decisiones", dice David Arellano Gault, doctor en administración pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Burócratas en la incertidumbre

Por lo pronto, empleados de gobierno ya comienzan a analizar sus opciones legales. Entre ellas, la más viable es recurrir el amparo, y la misma Olga Sánchez Cordero, quien se perfila como próxima secretaria de Gobernación, así lo prevé respecto del recorte salarial.

"Podrían venirse una cantidad de amparos, y a lo mejor procedentes, pero bueno, esa es su intención. Lo que él (Andrés Manuel López Obrador) dijo es: si aceptan estar en la administración de mi presidencia, en administración pública, por supuesto tendremos que tener esta austeridad republicana", dijo la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una entrevista radiofónica.

Respecto del cambio de las secretarías de Estado y otras dependencias, todavía no hay mucho que decir sobre bases sólidas.

El documento de su plan de gobierno, titulado "Proyecto de Nación 2018-2024", prevé un presupuesto para los siguientes 6 años de 125.000 millones de pesos (mdp) para la construcción, equipos, sistemas, mobiliario y mudanza, y 22.805 mdp para evaluaciones y estudios de la viabilidad y costo del traslado.

También existe la lista de las secretaría y dependencias que cambiarían de domicilio y la proyección de que no será un cambio inmediato sino progresivo.

Pero hasta allí lo que sabemos, a grandes rasgos, del proyecto de desconcentración más ambicioso de la administración pública federal.

Dado que todavía no hay  información firme a partir de la cual evaluar una decisión de esta magnitud, las opiniones flotan en el aire de la especulación, dice Arellano Gault.

"La información que tenemos es muy poca", advierte. "No tenemos datos concretos –tal vez ellos sí– sobre un mínimo costo-beneficio o cuánto tiempo llevará el cambio". Tal vez en 4 meses que tomen posesión, espera, explicarán mejor la medida.

Nadie por encima del presidente

Mientras el cambio de oficinas federales está sólo en el papel, hay una decisión que sí afectará de manera inmediata a los funcionarios de gobierno: el plan de reducción de 50% en los salarios de mandos altos y medios, y la eliminación de prestaciones extraordinarias.

López Obrador anunció que recortará 60% su salario respecto de lo que hoy gana el presidente Enrique Peña Nieto, y que nadie en el gobierno federal podrá ganar más que él.

Esta decisión, según las previsiones de su equipo de gobierno, aplicará para casi 54.000 funcionarios, entre directores de área, directores adjuntos, jefes de unidad, subsecretarios y secretarios.

Estos, en conjunto, suman hasta ahora una nómina de aproximadamente 75.000 millones de pesos. Pero a partir del primer de diciembre se reducirá en 37.000 millones de pesos: cálculo del ahorro anual.

Hay que decir que la mayor parte de quienes ocupan estas posiciones son empleados de confianza, es decir, no cuentan con garantías laborales que impidan, por ejemplo, su despido, porque en México el servicio civil de carrera es letra muerta.

Diego Valadés, experto constitucionalista, investigador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que la medida es legal.

Admite, sin embargo, que los funcionarios inconformes podrán recurrir a tribunales, pero estos resolverán con base en el artículo 127 de la Constitución.

Este instruye que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que el presidente de la República. Al reducirse él mismo 60% del salario, López Obrador ganará 108.000 pesos mensuales, que será el tope salarial para el resto de los funcionarios de gobierno.

Frente a estas medidas, Arellano Gault no duda que un buen número de funcionarios

públicos de confianza renuncie, aunque eso podría significar una parálisis en el aparato de gobierno, pues son ellos quienes hacen funcionar la maquinaria, y no los trabajadores de base sindicalizados, "que son muy difíciles de incentivar".

A esas posibles renuncias se sumaría la posibilidad de recortes de personal debido a la reestructuración que significará suprimir áreas de gobierno.

Arellano Gault no descarta un propósito político no explícito de esta "depuración": que el próximo gobierno quiera deshacerse de aquellos mandos de confianza que llegaron con los gobierno de PRI y PAN. En su lugar llegarían, dice, llegarían los más fieles de Morena, el partido de López Obrador.

Desarrollo económico o control político

El otro cambio que flota como nubarrón sobre las cabezas de todos los empleados del sector público es la mudanza de 31 secretarías y dependencias de gobierno.

Este cambio implicará costos y su ejecución dependerá de cambios legales que tendrá que aprobar el Congreso de la Unión, donde el partido Morena será mayoría a partir del 1 de septiembre.

Los datos hasta ahora disponibles están contenidos en el Proyecto de Nación 2018-2024, de López Obrador. Allí se desglosan los costos que significará el cambio de oficinas federales, en los siguientes 6 años.

De acuerdo con los cálculos, el próximo gobierno tendrá que desembolsar 125.000 millones de pesos para mudar las sedes previstas, otros 250 millones para estudios que permitan conocer la viabilidad y los requerimientos de infraestructura de las ciudades receptoras; 1.400 mdp para los primeros "planes maestros" y los proyectos ejecutivos de la primera etapa, y 20.834 mdp en inversiones de obras con participación del sector privado.

Para el financiamiento de tremendo cambio, considera llevar a cabo un análisis de distintos mecanismos financieros. Entre ellos, las llamadas FIBRAS (Fideicomisos para la Inversión de Bienes Raíces), que se capitalizan a través de la Bolsa de Valores, y otras fuentes que no sean préstamos sino capital de riesgo con participación privada.

López Obrador argumenta que la concentración de la mayor parte del gobierno federal en la Ciudad de México significa que 80% de los empleados de la administración pública vivan en la capital del país y que las empresas también quieran asentarse aquí.

En su plan de gobierno asegura que la desconcentración favorecerá la reactivación económica, la generación de empleo y el bienestar de otras regiones.

Respecto de los trámites que cambiarán de sede, confía en que las nuevas tecnologías amortiguarán el cambio al permitir una mejor gestión a distancia.

A pesar de los recelos frente al cambio, López Obrador está firme en la decisión. Por lo pronto, Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública, ya declaró que a partir del 1 de diciembre que asume la nueva administración, él comenzará a despachar desde el estado de Puebla, aunque el cambio completo de su secretaría podría durar un año.

Pero no todo es tan fácil como lo pintan. David Arellano Gault, del CIDE, trae a la memoria el cambio que significó llevar al estado de Aguascalientes las oficinas centrales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esa mudanza, dice, llevó varios años y fue muy complicada. "Implicó buscar casas, convencer gente, encontrar espacios, financiar al gobierno estatal que recibió las oficinas, y estamos hablando de sólo 3.000 personas".

En cambio, dispersar al gobierno federal en un sexenio significará mover al menos 300.000 personas. "Solo para tener una dimensión de lo que implica la decisión que se va a tomar y los retos que se asumirá al dispersar a tanta gente, aun cuando se trate de una medida paulatina".

Por eso considera importante pedir una explicación sobre el criterio que prevalecerá para elegir las ciudades que recibirán a las oficinas del gobierno federal.

Recurre como ejemplo a las secretarías de Educación Pública y de Turismo. No hay tanta claridad de porqué la primera se va a Puebla, dice, como sí tiene sentido que la segunda se vaya a Quintana Roo (estado donde se encuentra Cancún, uno de los polos turísticos más importantes del país).

"Hasta el momento no hay ninguna explicación de eficiencia y me parece que esta nos será la razón ni el argumento en el corto plazo", dice Arellano Gault.

De allí considera que en esta decisión también hay un argumento político válido y otro escondido. "Y aclaro que sigo especulando", dice.

El argumento político válido tiene que ver con el desarrollo de las regiones. Es decir: no importa si en el corto plazo hay costos económicos y de eficiencia si en el mediano plazo veremos el desarrollo económico de las ciudades a donde trasladarán las oficinas de gobierno.

"Pero aun este argumento –aclara– se puede discutir mucho porque la actividad económica no depende del gobierno federal". A pesar de ello, admite que es una meta viable y recuerda el caso del Inegi.

"Parece que sí generó un rebote económico muy interesante en Aguascalientes, que luego permitió al estado ser un estado receptor de empresas trasnacionales", dice.

Pero también puede haber razones políticas no explícitas, afirma. Una "muy sofisticada" sería utilizar esta medida como un medio de control político y administrativo de los gobernadores mexicanos, que siguen comportándose como "señores feudales".

Al aumentar la presencia del gobierno federal en los estados, explica Arellano Gault, López Obrador podría reducir el poder de los gobernadores y, al mismo tiempo, aumentar su control. "Tal vez lo han pensado", dice.

Siempre cabe la posibilidad, en tanto el próximo gobierno no explique de manera clara.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: