En medio del escándalo de pederastia clerical en Chile y frente al compromiso del papa Francisco de "cero tolerancia" ante la pederastia, la Iglesia católica mexicana promete "nunca más" a "la cultura del abuso y al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse".
Este lunes, en un hecho histórico e inédito la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó un Protocolo de Protección a Menores en el que instruye que todo obispo, sacerdote o agente de pastoral católico tiene la obligación jurídica y moral de tomar todas las medidas necesarias para prevenir conductas de abuso sexual infantil.
"La Iglesia tiene la obligación institucional de respetar la dignidad y los derechos humanos de los menores de edad y de sus familias, que se traduce en la salvaguarda y tutela de aquellos que se encuentran bajo el cuidado de los ministros de culto y agentes de pastoral", se lee en el documento.
Ya disponible en la página de la CEM, el protocolo advierte también que, en caso de saber sobre algún caso de abuso, las autoridades eclesiásticas deben actuar de manera inmediata para evitar que continúe y hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes para que los responsables sean sancionados conforme a la ley.
"La negligencia en la atención, la falta de medidas de prevención o su efectivo cumplimiento y/o el encubrimiento del abuso sexual infantil son modos generadores de responsabilidad que tienen consecuencias irreparables en la vida de la víctima", anota la jerarquía católica en el documento.
En el comunicado de prensa que acompañó el lanzamiento de este protocolo, la jerarquía católica afirma que en el seno de la Iglesia católica resuena la exigencia del Papa Francisco de "cero tolerancia" a los casos de abuso sexual.
Afirma que es "consciente de las gravísimas consecuencias del abuso sexual infantil en México" y que la posición de la Iglesia es clara: "el abuso sexual infantil es un crimen que debe sancionarse con toda la fuerza y rigor de las leyes: canónica y civil".
Por eso, la CEM ha tomado "con firmeza" acciones para crear una nueva cultura de prevención, atención y respuesta.
Entre estas incluye el protocolo, que establece "criterios para la prevención y, en su caso, sanción canónica y penal en contra del probable responsable, brindando todo el apoyo y asistencia con todas las fuerzas a la víctima y a su familia".
También menciona las "Líneas guía del procedimiento a seguir en casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos", las capacitaciones a los voceros de las diócesis de México sobre los protocolos de actuación en caso de abuso a menores", y "un trabajo exhaustivo de revisión y fortalecimiento de la inscripción y formación en los seminarios de México".
En uno de sus agregados, el protocolo expone una serie de medidas que de inmediato deben seguir obligatoriamente todos los sacerdotes ante un hecho de abuso sexual infantil.
Entre estas acciones están impedir la comisión del delito o su continuación, informar a los padres o tutores de la posible víctima y ofrecer la atención integral que resulte necesaria, de común acuerdo con ellos. También instruye a informar de los hechos al Ministerio Público y coadyuvar en el proceso de investigación.
El protocolo advierte además que en contra del probable responsable deberá iniciarse el proceso penal canónico, aplicándole las medidas cautelares correspondientes, pero con respeto sus derechos.
La Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) recibió en México unas 500 denuncias de pederastia clerical entre 2006 y 2016.
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