La trama de las armas alemanas que el Ejército mexicano compró y la policía de Iguala usó contra los estudiantes de Ayotzinapa

La Audiencia Provincial de Stuttgart, Alemania, arrancó este 14 de mayo un proceso penal en contra de 6 ex ejecutivos de la empresa fabricante de armas Heckler&Koch, acusados de vender armas de manera ilegal a cuatro estados de México y de sobornar a un ex funcionario militar mexicano.

Las leyes alemanas de control de armamento de guerra y de exportaciones prohíben la venta de armas en zonas consideradas de conflicto o alto riesgo. Heckler&Koch (H&K), al parecer, ignoró la legislación y entre 2006 y 2009 vendió a México 9.652 fusiles y ametralladoras por un valor de más de 13 millones de euros.

De ese total, 4,702 armas largas –otros dicen que 4.796– por un valor de 4.1 millones de euros fueron a parar a policías de los estados de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, donde estaba prohibida su venta por la legislación alemana, de acuerdo con el fiscal Karlheinz Erkert.

Los ex ejecutivos de la empresa rechazan la imputación y aseguran que las armas las vendieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, y fue esta dependencia la que a su vez las vendió a los gobiernos de los estados.

La fiscalía de Stuttgart cuenta con el testimonio de un ex empleado de H&K que involucró a un ex funcionario mexicano de la Defensa Nacional, quien habría recibido sobornos para comprar e importar las armas, como una medida para evadir las leyes alemanas y hacer llegar el armamento a los estados.

El nombre de ese ex funcionario militar es el general de división Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, entonces titular de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aguilar fue en su momento muy conocido como comandante de la 36 zona militar en Chiapas, donde formó parte de la operación "Arcoiris", que puso en marcha el gobierno contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y fue además jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El militar, ahora en retiro, habría recibido 25 dólares por cada uno de los fusiles vendidos a México y 20 dólares por cada arma corta, de acuerdo con las declaraciones del testigo, un ex empleado de la firma H&K, quien se habría enterado de los supuestos sobornos por el representante de la empresa en México, Markus-Joachim Ban­tle, uno de los principales acusados en el juicio.

De acuerdo con información publicada por el corresponsal de la revista Proceso en Alemania, el ex empleado conoció de los supuestos sobornos por el propio Bantle, durante los viajes que hizo a México entre 2006 y 2008 para presentar el armamento alemán y brindar entrenamiento y asesoría a los compradores mexicanos.

Este ex empleado de H&K renunció a su trabajo en 2008. Según él, estaba en contra de la manera en que la empresa había vendido armas al margen de la ley alemana que prohíbe su venta a zonas donde hay violaciones de derechos humanos.

La cadena alemana Deutsche Welle (DW) afirma que normalmente el comprador de las armas acepta no revenderlas a terceros países, pero en el caso mexicano el compromiso había sido no destinarlas a determinadas zonas problemáticas, según la fiscalía.

No obstante, las armas llegaron a Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Guerrero, que en conjunto pagaron al Ejército 98.3 millones de pesos más IVA, por 5.003 fusiles modelos G36V, G36KV y G36C1 de la firma alemana H&K, de acuerdo con facturas de la Sedena, que ha dado a conocer la prensa mexicana.

La fiscalía de Stutgart cuenta como prueba con un certificado de agradecimiento expedido por la policía de Jalisco. 

Más tarde se comprobó también que algunas de esas armas llegaron a manos de policías que participaron en el enfrentamiento en Iguala con estudiantes de la normal rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 de ellos.

Un activista, detrás de la investigación

Esta trama comenzó en 2010, a partir de la denuncia que interpuso un activista alemán de nombre Jürgen Grässlin, quien puso el caso en la mira luego de investigar los negocios de exportaciones alemanas de armas y demandar a H&K en abril de ese mismo año.

Fue él quien recibió la información del testigo anónimo, que es la principal fuente en las investigaciones, fundamentadas además por documentos que prueban las declaraciones, asegura la fiscalía.

Según los documentos del caso, publicados por Grässlin en "El libro negro del comercio de armas" (2013), el negocio con México comenzó un año antes de que Felipe Calderón llegara a la Presidencia y emprendiera su ofensiva contra el narcotráfico.

En el periodo en el que tuvo lugar el negocio, entre 2006 y 2009, por lo menos seis generales de la Sedena sabían del proceso de selección y la compra de metralletas de asalto tipo G36V, G36KV, G36C, de acuerdo con la investigación de Grässlin, ampliamente difundida por medios alemanes.

A través de su Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM), el Ejército mexicano vendió a su vez las armas a los 4 estados "prohibidos".

Carlos Pérez Ricart, académico mexicano de la Universidad de Oxford, quien investiga desde hace años el negocio de armas de H&K, afirmó a DW que "la DCAM es una de las instituciones más obtusas y poco transparentes, no sólo del Ejército, sino de todo el sistema político en México".

"La DCAM –dijo– no le dice a nadie lo que compra, ni cuanto compra, ni porqué, ni adónde distribuye lo que compra. No se sabe nada de lo que pasa en la DCAM. No hay ningún órgano civil que regule la forma en la que la DCAM trabaja, como parte de la Sedena. Es un enclave autoritario dentro del Ejército mexicano".

Ayotzinapa revivió el caso

Del total de las armas que el Ejército mexicano compró a H&K, al menos 1.924 llegaron a Guerrero. De ese número, 4 ametralladoras MP5 y 56 fusiles G36V fueron a parar a manos de policías de Iguala.

Durante la investigación del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) comprobó que tres de esos fusiles fueron disparados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, a pesar de que en 2011 la empresa suspendió la venta de armas a México, luego de que el escándalo estalló en Alemania.

Las armas tenían las matrículas 83-012602, 83-004485 y 83-012585. Según el listado del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, estaban asignadas a los elementos Luis Francisco Martínez Díaz, José Vicente Flores y Fabiola Amatleco Soberanis.

El Ejército retiró los fusiles H&K de Guerrero, un año después de los hechos de Iguala, en 2015. El entonces comisionado de los Derechos Humanos del gobierno alemán, Christoph Strässer, incluso visitó Ayotzinapa y pidió una disculpa a las familias de los desaparecidos.

Uno de los estudiantes heridos esa noche fue Aldo Gutiérrez, quien tenía 19 años y quedó en estado vegetativo a consecuencia de un disparo de arma al parecer alemana.

A través de organizaciones de derechos humanos, la familia de Aldo pidió participar en el juicio, pues se comprobó que en la zona donde resultó herido fue utilizado un fusil G36V de H&K.

La petición fue negada con el argumento de que el juicio es por violaciones a tratados mercantiles y no por el daño particular a personas. Sin embargo, el caso Ayotzinapa obligó a las autoridades alemanas a retomar la investigación, después de un primer juicio fallido que involucraba incluso a los ministerios de Economía y del Exterior alemanes.

"La investigación fue abierta formalmente en octubre de 2015 y cerrada en noviembre de ese año, de manera que pasaron los plazos de prescripción del delito", explicó Grässlin en entrevista con DW.

Pérez Ricart afirmó que desde 2011 Alemania dejó de vender armas de guerra al gobierno mexicano. Ademas, dijo, "tengo constancia de que se recogieron en Guerrero, Chihuahua y Chiapas, pero no está claro si se recogieron en Jalisco, porque la DCAM no da datos sobre eso", indicó.

Este juicio en Alemania apenas comienza y habrá que ver sus consecuencias en México  ya hasta dónde están involucrados ex funcionarios del Ejército.

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