En Coahuila, estado del noreste del país, hay un asunto enredado. Se trata de los casos de pederastia presuntamente cometidos por sacerdotes de las diócesis de los municipios de Piedras Negras, Saltillo y Torreón.
La Fiscalía General del Estado informó en marzo pasado que habría 11 sacerdotes involucrados en casos pederastia, a partir de la denuncia de cuatro víctimas. Roberto Ontiveros, fiscal ministerial, incluso afirmó que habían entregado a la Nunciatura Apostólica –la representación del Vaticano en México– un expediente con toda la información de las investigaciones.
A la fecha sólo un sacerdote está en prisión. Se trata de Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre "Meño", quien fue rector del Seminario Menor Diocesano de Piedras Negras y hoy está bajo proceso, acusado de violación con agravante de abuso de autoridad cometido en 2015 contra un menor de 16 años.
Del resto de los casos nada se sabe. La Fiscalía afirmó que "sí hay indicios que comprueban los delitos porque las víctimas han sido muy concretas en señalar quiénes fueron sus agresores" y los lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos.
También aseguró que varios de los sacerdotes ya fueron llamados a declarar y que al menos 20 personas han rendido testimonio. Sin embargo, por tratarse de una investigación en curso, la autoridad se ha negado a proporcionar más información.
El problema es que este caso ya tomó una dimensión política. La diócesis de Saltillo que encabeza el obispo Raúl Vera, reconocido defensor de los derechos humanos, ha puesto en duda la investigación de las autoridades de Coahuila, al menos en lo que involucra a esa diócesis.
El mismo obispo Vera aseguró que los abogados de la diócesis se acercaron a la fiscalía para solicitar los expedientes que involucrarían a sus párrocos y estos no existen. "Nosotros mandamos un grupo de abogados (a la fiscalía del estado) para ver qué cosa hay, y no encontramos nada", dijo a la prensa en Semana Santa, luego de la homilía del Domingo de Ramos.
El obispo Vera no quiere hablar más del tema en entrevistas. Pero lo ha abordado en misas y foros.
En su lugar, representantes de la diócesis de Saltillo advirtieron que las autoridades del estado han aprovechado los casos de pederastia para emprender "una cacería de brujas" contra sacerdotes involucrados en la lucha de familiares de desaparecidos en el estado. Sobre todo, a partir de que el obispo Vera acompañó la denuncia que familias y organizaciones interpusieron el año pasado ante la Corte Penal Internacional por esos casos.
"A partir de ahí comenzó una campaña que hoy es una cacería de brujas", aseguró Jackie Campbell, coordinadora de comunicación social de la diócesis de Saltillo.
"Los obispos de Torreón y Saltillo ya le han pedido a la fiscalía que les acerque los expedientes (de pederastia) y no existen, y si no hay expedientes abiertos no hay delitos", dijo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Santuario de Guadalupe el pasado 12 de abril.
La denuncia que destapó el escándalo
Esta entreverada historia comenzó en marzo de 2017, a partir de la denuncia que presentó el seminarista Javier Calzada Tamez, en contra del padre "Mencho" por violación.
Ocurrió en 2015 en el seminario de la diócesis de Piedras Negras, a donde ingresó Javier en 2013, cuando apenas era un adolescente.
Como rector del seminario, el padre "Meño" propició acercamientos con Javier que derivaron en distintos episodios de abuso sexual y violación. "Esto queda entre tú y yo", le dijo el sacerdote luego de violarlo en su habitación. Javier guardó silencio.
En 2016, al ser trasladado al seminario de Monterrey como parte de su formación seminarista, le contó todo a sus directores espirituales, quienes lo animaron a revelar su caso.
El seminarista entonces le escribió una carta al obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, quien le prometió denunciar al sacerdote y suspenderlo de sus funciones. Pero no lo hizo.
El obispo sólo trasladó de lugar al padre "Meño": de la diócesis de Piedras Negras lo mandó al Santuario de Guadalupe y lo convirtió en vicario y director de las casas del migrante, aseguró Javier.
A Javier el obispo le pidió guardar silencio y hasta quiso que firmara una carta exculpándolo de cualquier responsabilidad en el caso. El seminarista no aceptó y, por el contrario, no sólo denunció ante el Ministerio Público al padre "Meño". También procedió por encubrimiento contra el obispo Garza Treviño.
Luego de su denuncia, el padre "Meño" huyó y en agosto se entregó a las autoridades, que lo encarcelaron y abrieron un proceso en su contra por el delito de violación con agravante de abuso de autoridad.
El proceso todavía no concluye, por lo que está pendiente su sentencia. En las audiencias intermedias, que preceden el juicio oral previsto para junio, la Fiscalía de Coahuila ya solicitó al menos 23 años de cárcel para el sacerdote y la reparación del daño para la víctima.
Joaquín Aguilar, quien preside en México la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes, aseguró que se trata de uno de los casos más sólidos que se han presentado contra un sacerdote en México y contra un obispo (Garza Treviño) por encubrimiento de pederastia.
Hasta aquí la historia comprobada.
El obispo Vera, en medio del caso
El caso de Javier Calzada Tamez no fue el único que salió a la luz en 2017. Ese año apareció en la escena Ignacio Martínez Pacheco, un ex seminarista de la diócesis de Piedras Negras, quien aseguró que también había sido víctima del padre "Meño" en 2002.
Aunque Martínez Pacheco hizo pública su denuncia en medios, no hay carpeta de investigación de su caso en el Ministerio Público. Sin embargo, tomó por cuenta propia la causa en contra de los padres pederastas y en repetidas ocasiones ha asegurado que tiene testimonios y pruebas que involucrarían al menos a otros 18 sacerdotes de Coahuila en casos de pederastia.
Incluso dijo que presentó esa lista a la Nunciatura Apostólica y reveló sólo dos nombres con la promesa de dar a conocer el resto en una conferencia de prensa. Nunca lo hizo por consejo de sus abogados, afirmó.
"Mi equipo de abogados me señaló que dicha información debe permanecer aún en sigilo, debido a que está integrada en procesos legales tanto en lo penal como en lo canónico. Informo que por el momento acataré el consejo de mis abogados a la espera del momento oportuno para hacer pública la delicada información que poseo", informó a la prensa de Coahuila.
Sobre la mesa quedaron expuestos los nombres de los sacerdotes Adolfo Villanueva y Jorge Alonso Campos Rodríguez, los dos pertenecientes a la diócesis de Saltillo, del obispo Vera.
También apareció relacionado el nombre del sacerdote César Isidro Córdova Castillo, párroco del templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ubicado en el municipio de Frontera, quien en una conferencia de prensa se deslindó de las acusaciones en su contra, luego de que incluso se le acusó de haber huido cuando en realidad estaba de vacaciones.
Sobre estos tres sacerdotes, todos bajo la autoridad del obispo Vera, la fiscalía no ha dicho una palabra. Tampoco Martínez Pacheco, quien en principio los involucró.
En su página de Facebook la periodista Sanjuana Martínez, quien ha seguido el caso desde 2017, acusó a Ignacio Martínez Pacheco de ser un "impostor" y de pedir dinero a distintas personas "argumentando que es víctima de abuso sexual de sacerdotes", aun cuando las autoridades, afirma la periodista, "consideraron que no había argumentos judiciales y no tomaron en cuenta su caso".
Sanjuana Martínez, quien entrevistó a Ignacio Martínez Pacheco en mayo de 2017, advierte que "su actuación resulta fraudulenta y afecta a las víctimas que en este momento están luchando por el acceso a la justicia y la reparación".
Infobae buscó la entrevista con Ignacio Martínez, pero no hubo respuesta. Incluso desapareció de Facebook su perfil en el que difundía información sobre sus protestas y denuncias contra sacerdotes pederastas, y donde había anunciado la filmación de una película sobre los casos de pederastia en Coahuila.
Según la periodista, Martínez Pacheco recibió el apoyo del gobierno de Coahuila, entonces encabezado por Rubén Moreira, para "golpear al obispo Raúl Vera y enjuiciarlo por protección a curas pederastas con su testimonio".
Había antecedentes para esta afirmación. En agosto de 2017, el entonces gobernador Moreira, acusó a Raúl Vera de encubrir a curas pederastas de su diócesis. Después las autoridades lo citaron a declarar en torno de la investigación por pederastia de los 11 curas.
Entonces organizaciones nacionales y estatales acusaron que el gobernador únicamente reaccionaba a la denuncia que el obispo apoyó en julio de 2017 ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad cometidos por policías estatales en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira.
Javier Calzada Tamez, por su parte, se deslindó públicamente de las denuncias contra la Diócesis de Saltillo. "Me deslindo de los casos recientemente presentados en la Diócesis de Saltillo, es algo que a mí no me compete y no tengo nada que decir de eso", anotó en un comunicado.
Aclaró además que, aparte de sus asesores legales Hugo Flores y Luis M. Espinoza, "no hay alguna otra persona que me represente".
Por lo pronto, la diócesis de Saltillo decidió restringir la edad de acceso a su seminario menor, y a partir de ese año sólo podrán ingresar jóvenes que hayan concluido la preparatoria y no antes.
En su anuncio no atribuyó la decisión a los casos de pederastia, sino al ahorro de recursos y la falta de perseverancia de los más jóvenes en su formación seminarista.
Respecto de señalamientos en su contra y en contra de la diócesis de Saltillo, que se ha destacado además en la defensa de migrantes, el obispo Vera aseguró en un acto público: "No somos cómplices porque no tenemos de quién ser cómplices. Esto se los digo clara y limpiamente, no tenemos acusaciones".
La Fiscalía General del Estado tiene el balón en su cancha. Las investigaciones están en curso y habrá que esperar su resolución para conocer la identidad de los 11 sacerdotes involucrados. Porque uno no basta para cerrar este largo y enredado expediente.
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