De 2006 a la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene registrados 777 cuerpos hallados en 247 fosas clandestinas vinculadas con asesinatos cometidos por bandas del crimen organizado.
La mayoría han sido localizados en los estados de Guerrero, Tamaulipas y Jalisco y las autoridades federales solo han podido conocer la identidad de 197, es decir, 25% de los cuerpos.
Los datos de la PGR, sin embargo, contrastan con el informe especial de personas desaparecidas y fosas clandestinas que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el cual reporta 1.143 fosas en todo el país.
De acuerdo con la información proporcionada por la PGR mediante la ley de transparencia, los municipios que concentran el mayor número de fosas y restos son Iguala, en Guerrero, y San Fernando, Tamaulipas.
En San Fernando, donde Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes en 2010, las autoridades reportan 195 cuerpos localizados en 47 fosas clandestinas desde 2012. En Iguala, que fue escenario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, suman 177 los cadáveres en 57 fosas.
En Jalisco, el municipio de La Barca concentra el mayor número de cuerpos con 75 en 37 fosas, seguido por el puerto turístico de Acapulco con 71 cadáveres en 41 fosas.
La PGR aclara en su informe que las 247 fosas clandestinas halladas en los últimos 11 años están vinculadas exclusivamente con operaciones de la delincuencia organizada, pues no están considerados los casos reportados por las procuradurías estatales.
A través de la Coordinación General de Servicios Periciales, la PGR aseguró que antes de 2006 no hubo intervención de peritos en casos de fosas clandestinas. Estas comenzaron a aparecer a partir de 2006 que comenzó el gobierno de Felipe Calderón y emprendió la llamada guerra contra el narcotráfico.
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