Un mexicano de 47 años fue ejecutado este miércoles en una prisión en Texas, informó la cancillería de México, que trató de impedir el procedimiento en la Justicia estadounidense sin éxito.
Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte en 1977 por la violación y asesinato de su prima de 16 años, recibió una inyección letal en horas de la noche, luego de que la Corte Suprema "se negara a revisar el caso", indicó un comunicado del Gobierno mexicano.
"El Gobierno de México expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Cárdenas Ramírez, a quienes ha acompañado en este largo y complejo proceso", añadió la nota.
Poco después, el presidente Enrique Peña Nieto escribió en Twitter: "Expresó mi más firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas en Texas, que viola la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Mi más sentido pésame a los deudos".
México, que abolió oficialmente la pena de muerte en 2005, agotó todos los recursos durante la tarde, bajo el alegato de que Cárdenas fue privado de su derecho a un abogado y a la asistencia consular prevista en la Convención de Viena.
Expreso mi firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez en Texas, que viola decisión de la Corte Internacional de Justicia. Mi más sentido pésame a los deudos.
— Enrique Peña Nieto (@EPN) November 9, 2017
El fallo en cuestión, conocido como caso Avena y emitido en 2004, determina que a 51 mexicanos condenados a muerte se les violaron derechos fundamentales como la asistencia consultar, plasmada en la convención de Viena, de la que México y Estados Unidos son signatarios.
Cinco mexicanos, incluido Cárdenas, fueron igualmente ejecutados desde entonces, 13 ya no enfrentan una sentencia capital y uno falleció de cáncer.
"El Gobierno mexicano expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de los Estados Unidos del fallo", señaló el comunicado de la cancillería.
La ejecución se realizó en un momento de tensiones entre México y los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump proponiendo construir un muro para impedir el paso de indocumentados.
En la actualidad, hay 75 ciudadanos mexicanos en procesos penales que podrían acabar con la pena de muerte. Otros 54 ya fueron condenados.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también había pedido detener la ejecución.
"El Gobierno de los Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos", indicaron más temprano dos expertas del organismo, Agnès Callamard y Elina Steinerte, citadas en un comunicado.
El Gobierno de los Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos
ACNUDH destacó que Cárdenas "no tuvo acceso a un abogado en los primeros 11 días de su detención" y que "algunas de las declaraciones que hizo en ese período fueron usadas por los fiscales durante el juicio".
La defensa insistía en que hay irregularidades del interrogatorio y la declaración de culpa, e inconsistencias del testimonio con las pruebas, generadas precisamente por la falta de asistencia consular.
Cárdenas insistía en su defensa y sus abogados consideran que una nueva prueba de ADN podría haberlo probarlo.
"Existen cuestionamientos en relación con la confiabilidad de las pruebas de ADN realizadas", que determinaron que una muestra de sangre hallada en el automóvil del condenado "era de un tipo de ADN compartido por la víctima", el equiparable a uno de cada dieciocho hispanos, subrayó la cancillería en una nota enviada a la AFP más temprano.
"Esto hace que el análisis se considere muy poco confiable, particularmente considerando los estándares actuales" y que "hubo problemas con los laboratorios que hicieron las pruebas, uno de los cuales tuvo que cerrar", añadió.
(Con información de AFP)
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