Los 5 escándalos de corrupción que distanciaron a Enrique Peña Nieto de los mexicanos

En el último tramo de su gobierno, un nuevo escándalo de corrupción sacude a la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Esta vez no se trata de la compra de suntuosas casas o uno  ex gobernador que hizo mal uso de los recursos públicos sino de un entramado que involucra a once oficinas de gobierno y ocho universidades públicas.

La corrupción ha sido uno de los sellos de la administración de Peña Nieto que finaliza el 1 de diciembre de 2018. La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, divulgada el 25 de mayo de 2016, reveló que el 52.4% de los ciudadanos percibía que la corrupción era muy frecuente en el gobierno, en comparación al 42.9% que lo había expresado dos años antes.

Éste es un ejercicio que el gubernamental Instituto Nacional de Estadística realiza cada dos años para evaluar el desempeño del gobierno.

El presidente no las tiene todas consigo, el 72% de los ciudadanos lo ve como una figura corrupta, según un ejercicio independiente de 2016 llamado Corruptómetro.

Constantes dudas sobre el otorgamientos de contratos para obra pública, escándalos sobre las propiedades de los integrantes del gabinete, gobernadores sujetos a proceso judicial por millonarios desvíos de dinero y hasta acusaciones por el plagio de la tesis universitaria del presidente no han dejado de tocar la puerta de la Residencial Oficial de Los Pinos.

El 1 se septiembre, el gobierno presentó su Quinto Informe y un día después el presidente dirigió un mensaje a la Nación en un multitudinario evento. Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, quien hizo un análisis, afirma que el mandatario recordó cuáles eran los desafíos más urgentes al inicio de su administración, pero "le faltó señalar lo referente a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción".

Casa Blanca, el inicio de la pesadilla

El caso que marcó la administración de Peña Nieto, fue el llamado "Casa Blanca", cuando en noviembre de 2014 una investigación periodística reveló que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado había comprado una casa de USD 7 millones en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana.

La casa fue comprada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, un contratista del gobierno cercano a Peña Nieto desde hacía muchos años.

Rivera Hurtado explicó en un video que la casa había sido comprada con sus ganancias como actriz de Televisa y afirmó que al no ser formalmente servidora pública (no está en la nómina del gobierno) no tenía la obligación de hacer públicos sus bienes, como la mayoría de los burócratas de alto nivel.

La compra terminó por cancelarse y dos años después, el presidente pidió disculpas a los mexicanos por ese "error".

"En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé", dijo el 18 de julio, justo durante el acto de promulgación de las leyes que darían vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

El turno del canciller

Apenas un mes después, el diario estadounidense The Wall Street Journal descubrió en el registro de la propiedad que el entonces Ministro de Finanzas y ahora Canciller, Luis Videgaray Caso, también había comprado una casa a Hinojosa Cantú.

La casa de 850m2 se ubica en el exclusivo Club de Golf de Malinalco, en el Estado de México, y actualmente tendría un valor superior a los USD 500.000. Videgaray justificó que la compra se había realizado en octubre de 2012, semanas antes de que el presidente Peña Nieto tomara protesta –el 1 de diciembre de 2012- por lo que entonces no ejercía ningún cargo público.

Explicó que la compra la había realizado a través de un crédito hipotecario a 18 años, pero lo liquidó unos meses después. Una nueva investigación del WSJ reveló que Hinojosa Cantú no había obtenido ninguna ganancia por la venta de la casa. La vendió al mismo precio que la había comprado.

La Oficina de la Función Pública, que investiga las conductas ilícitas de los funcionarios, abrió investigaciones por el tema Casa Blanca y por el de la casa de descanso del Canciller, pero determinó que no existió ninguna irregularidad.

El #TesisGate

En agosto de 2016, el equipo del sitio mexicano Aristeguinoticias.com reveló que el presidente Enrique Peña Nieto había plagiado al menos un tercio de la tesis para obtener el grado universitario.

De los 682 párrafos que contiene la tesis, de 200 páginas, titulada "Presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón", el 28,9%, es decir, 197 párrafos, fueron plagiados, según la información.

En un comunicado el portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, trató de minimizar la acusación y calificó las omisiones en las citas de "errores de estilo". Añadió también que Peña Nieto cumplió con todos los requisitos necesarios para licenciarse como abogado en la Universidad Panamericana.

La revelación causó un gran revuelo, incluso se abrieron peticiones en plataformas electrónicas para que se le quitará al presidente su título como abogado. Después de una investigación su alma máter admitió que existían citas textuales y atribuciones que no se habían hecho de manera correcta.

"Estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido", justificó la casa de estudios.

Los gobernadores ambiciosos

Los gobernadores han sido una de las patas cojas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos han contribuido de manera importante a los escándalos de corrupción que han perseguido a toda la administración que ya entra en su última etapa.

Con ocho gobernadores detenidos, dos prófugos y un quebranto al erario que hasta ahora no se puede calcular, los mandatarios estatales no ayudaron a la imagen presidencial.

En su momento, Peña Nieto se refirió al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, como "la nueva cara" del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) está ahora preso y acusado de uno de los quebrantos a los estados más grandes en la historia a través de un sofisticado esquema de empresas fantasma.

Otro de los hombres del presidente, Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, está preso en Panamá esperando ser extraditado a México donde lo esperan cargos por daño patrimonial y blanqueo de dinero.

La confianza en los gobernadores era fundamental para mantener la gobernabilidad en el país.

"Me preocupa muchísimo. Mientras no haya gobernadores que rindan cuentas es muy difícil evitar la degradación de la política. Tenemos que parar esto para que no sigan viendo las gubernaturas como un espacio para enriquecerse y no para el servicio social", expresó en junio a Infobae Candelaria Ochoa, diputada por el izquierdista Movimiento Ciudadano (MC).

La #EstafaMaestra

Una investigación hecha pública el lunes reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares, de estas 128 compañías son fantasma y el fraude llegaría a los USD192 millones.

En el desvío habrían participado once dependencias entre las que se puede mencionar a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), también implicada en el caso Odebrecht, el Ministerio de Desarrollo Social, responsable de los programas de ayuda a los pobres, el Ministerio de Agricultura, el de Educación, entre otros. Ocho universidades públicas habrían cumplido con el papel de intermediarias, lo que les dejó una comisión.

La investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el sitio animalpolitico.com, menciona los nombres del gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; del ministro de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza; al de Economía, Ildefonso Guajardo, quien negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

También a los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin, investigado por el caso Odebrecht.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

La Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a poner sus contratos a concurso, pero permite obviar la licitación si firma un convenio con universidades que se comprometen a realizar hasta 51% del servicio contratado.

Luego de conocerse la información, la Oficina de la Función Pública emitió un comunicado en el que aseguró haber iniciado procesos administrativos en contra de 10 trabajadores del Estado en tres de las dependencias mencionadas. También mencionó que se investiga a otros 40 burócratas.

"En cuanto a las instituciones de educación superior mencionadas en el reportaje, corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar".

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