La historia de Marisela Escobedo, Miriam Rodríguez Martínez y José de Jesús Jiménez Gaona es la misma: sus hijas desaparecieron o fueron asesinadas, emprendieron su búsqueda y fueron asesinados.
En el caso de los tres, nunca imaginaron que algún día estarían buscando a sus hijas desaparecidas. El documento "Situación de los Derechos Humanos en México" publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca que entre 2011 y 2015 desaparecieron 7. 060 mujeres. ONGs estiman que el total de desaparecidos en el país es de 32.000.
En México es constante el peregrinar de familias preguntando por el paradero de sus seres queridos. En estados como Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, solo por mencionar algunos, son cada vez más los grupos de padres y madres que toman la iniciativa para buscar a sus hijos ante la falta de acciones concretas y convincentes por parte del Estado.
La mayoría de estas búsquedas se realizan con pocos recursos y métodos rudimentarios como remover la tierra con sus manos, enterrar varillas para determinar su sale con algún olor que pueda indicar la posibilidad de que existan restos o sólo con un poco de tierra.
"Lo que estás madres y estos padres nos muestran es un Estado que no es capaz de hacer buenas diligencias de investigación, buenas consideraciones jurídicas para tipificar delitos y una atención correcta a las víctimas", dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Reneaum expresó que casos como los asesinatos de estos activistas buscan un efecto "paralizador" para evitar que más padres o madres denuncien y emprendan la búsqueda de sus hijos.
"El principal riesgo es que se haga un efecto que otras madres y padres no salgan por miedo a las represalias. Es un efecto de paralizar las iniciativas de quienes están buscando justicia", señaló.
El quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Édgar Corzo Sosa, reconoció la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los activistas que buscan desaparecidos, pero también acusó cómo la impunidad impide alcanzar el Estado de Derecho.
"No debemos dejar que nuestra generación sea conocida como la de la impunidad. Por ello, debemos exigir, exigir y seguir exigiendo, con más fuerza y valor, que ya no sucedan más hechos como estos", señaló.
Advertencia ignorada
Miriam Rodríguez Martínez, representante del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas, asesinada el 10 de mayo, recibió un homenaje esta semana. Luis Héctor, su hijo menor, tiene presente cómo el dolor de las víctimas "la llevó a ser una mujer de palabra" que consiguió visibilizar la situación de lo desaparecidos. En su lucha murió asesinada de 13 tiros afuera de su casa.
"No hay suficientes avances en la investigación, es una incongruencia que ahora con tanta tecnología, todavía no detengan a quien cometió ese acto de cobardía. Es por eso que les exijo justicia. Para mí y para mi familia mi madre era muy importante", afirmó su hijo.
En 2014, Miriam sufrió la desaparición de su hija Karen Alejandra. Con sus recursos investigó y la encontró en una fosa clandestina de San Fernando. Meses después informó a las autoridades quiénes eran los presuntos responsables del crimen.
Según declaraciones del activista Guillermo Gutiérrez, Miriam Rodríguez ya había sido amenazada por los delincuentes que había denunciado, quienes habían escapado de prisión días antes de su asesinato, pero nunca tuvo ningún tipo de protección.
Encuentro con el asesino
El caso de Marisela Escobedo, una madre de Chihuahua que buscaba al asesino de su hija, es uno de los más significativos: en 2010 fue asesinada de un tiro en la cabeza frente al Palacio de Gobierno del estado mientras pedía justicia para su hija Ruby Frayre.
La joven Rubí Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez en agosto de 2008 cuando tenía 16 años supuestamente por su novio, Sergio Barraza Bocanegra, arrestado un año después y puesto en libertad luego de ser exonerado. Un tribunal de segunda instancia revocó la sentencia, pero para entonces ya estaba prófugo.
Días antes de su asesinato, el 12 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo declaró en entrevista con El Diario de Juárez que familiares de Barraza la habían amenazado cuando se enteraron que realizaba investigaciones por su cuenta.
"Tengo amenazas por parte de él (supuesto asesino de su hija) y de la familia…Si me van a venir a asesinar que me asesine enfrente (del Palacio de Gobierno) para vergüenza del Gobierno", dijo entonces.
El 17 de diciembre de 2010 fue atacada por un grupo de tres hombres que inició una discusión con ella, uno de los cuales le dio un balazo en la cabeza. Falleció en el hospital. La agresión quedó grabada por las cámaras de seguridad.
La Fiscalía General de Chihuahua detuvo a José Enrique Jiménez Zavala, alias "El Wicked", quien confesó el crimen. Cinco años después lo estrangularon en el penal donde cumplía sentencia.
El dolor de un padre
José Jesús Jiménez Gaona era miembro de la Brigada de Búsqueda de Desaparecidos en Veracruz. Su hija Jenny desapareció en 2011.
El 23 de junio de 2016, él y su esposa, Francisca Vázquez Mendoza, circulaban en su auto por calles de la Ciudad de Poza Rica cuando tras bajar a comprar agua fueron interceptados por un sujeto que bajó de una camioneta de lujo con armas largas y disparó en contra de la pareja.
En el ataque murió Jesús Jiménez, mientras que su esposa Francisca fue gravemente herida.
José y su esposa confiaron en las autoridades sin encontrar respuesta sobre la desaparición de su hija. Después fue chantajeado durante dos años por grupos del crimen organizado y tampoco tuvo mayor información sobre el paradero de su hija. Fue entonces cuando junto con su esposa y otras madres empezó a repartir en la calle fotografías de jóvenes desaparecidos.
Su búsqueda llegó a las redes sociales y de ahí cobró relevancia a nivel nacional.
Sin embargo, en su familia ahora son dos los pendientes: saber qué pasó con Jenny y encontrar al asesino de José.
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