El escándalo que sacude al Cruz Azul por operaciones con dinero ilícito no es un caso aislado y muestra al fútbol mexicano como una cancha atractiva para el narcotráfico.
La Fiscalía General de la República emitió el miércoles pasado una orden de aprehensión en contra del presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Otros equipos como Querétaro, Celaya, Irapuato, La Piedad y Mérida han estado relacionados con el dinero de narcotraficantes como Joaquín “El Chapo” Guzman Loera.
¿El atractivo? El balompié nacional es una millonaria industria en la que los miembros del grupos criminales pueden hacer parecer legales los recursos que obtienen de sus actividades.
Los números del fútbol más allá de marcadores y campeonatos resalta su importancia como industria para mover dinero sucio: 114,000 millones de pesos (mdp) que representó 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB), los salarios totales de los 192,000 empleos que genera sumaron 25,400 mdp, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda.
Un ex aliado de el Chapo, involucrado en el futbol mexicano
Tirso “el futbolista” Martínez Sánchez, quien trabajó con el Cártel de Sinaloa fundado por Joaquín el Chapo Guzmán, debe su apodo no a los goles anotados sino a los equipos de la liga nacional que adquirió a inicios del siglo XXI en la liga mexicana.
“Martínez Sánchez invirtió una cantidad considerable en empresas de lavado de dinero, con la compra de equipos profesionales de fútbol y una cadena de tiendas de ropa de alta gama”, de acuerdo con un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos fechado en 2015.
Los equipos de Querétaro, Celaya, Irapuato, La Piedad y Mérida son a los que Martínez Sánchez inyectó recursos, lo que reconoció en 2018 al participar como testigo en el Juicio en contra de Joaquín Guzmán.
Otro ejemplo es el equipo de Venados de Yucatán por el que pagaría unos 700,000 dólares para adquirirlo o los 2.2 millones que pagó por Reboceros de La Piedad, de acuerdo la agencia Notimex citada por el sitio As.
Las operaciones se realizaron en los primera década del siglo XXI y fue en 2006 cuando la Federación Mexicana de Fútbol se percató que Martínez Sánchez era dueño de varias franquicias y que era sospechoso de participar en el negocio del tráfico de cocaína, según el testimonio.
La FMF desembolsó USD 14 millones de dólares para comprarle a Tirso Martínez Sánchez las franquicias de Querétaro e Irapuato.
“El futbolista” trabajó para los cárteles de Sinaloa y Ciudad Juárez entre 1995 y 2003. Fue extraditado en el 2015 a Estados Unidos y en el 2016 se declaró culpable de distribuir toneladas de cocaína, entrando en la lista de los más buscados por el gobierno estadounidense, el cual llegó a ofrecer una recompensa de USD 5,000,000 a quien diera información que ayudara a dar con su paradero.
Gobierno de AMLO, va por limpieza del futbol
El balompié mexicano está en la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no como deporte nacional -pues lo suyo es el béisbol- sino por limpiarlo de dinero sucio y hacerlo una industria más transparente.
El encargo de hacerlo es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual es el brazo Hacienda para detectar operaciones con dinero ilícito de la delincuencia organizada.
En noviembre de 2019, la UIF firmó un acuerdo con la Liga MX para intercambiar información e implementar nuevas prácticas y un mayor control financiero en las franquicias de fútbol.
El Convenio de Colaboración tiene por objetivos el intercambio de información, la implementación de buenas prácticas, un mayor control financiero de los clubes y transparencia en las actividades financieras de los mismos y de los jugadores, así como de cuerpos técnicos y directivos, para así asegurar el sano desarrollo del deporte con más seguidores en el país.
“Se busca establecer (...) cooperación para realizar actividades en materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio y cooperación a operaciones con recursos de procedencia ilícita”, según un comunicado de la Liga MX.
La UIF solicitó hace dos meses congelar las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul y director de la Cooperativa, Víctor Garcés, ex vicepresidente de Cruz Azul, y Alfredo Álvarez Cuevas, director de Planeación Estratégica, por sospechas de lavado de dinero, compra irregular de jugadores y operación con recursos ilícitos.
La UIF detectó movimientos irregulares por más de 1,300 millones de pesos a cuentas de bancos internacionales y 300 millones de pesos que la Cooperativa entregó a empresas fantasmas.
El primer tiempo de esta apuesta por limpiar el fútbol mexicano corre y el testimonio de Álvarez será clave para conocer quién está detrás de esos movimientos de recursos.
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