Ignacio Álvarez Meyendorff ha sido protagonista de titulares rimbombantes en Colombia desde que en 2013 cuando se anunció la operación contra la extinción de dominio de narcotraficantes más grande en la historia del país, al descubrirse que él era conocido como ‘Gran Hermano’ por dirigir una intrincada y extensa red de testaferros y propiedades para el blanqueo de dinero del Cartel del Norte del Valle.
Ahora su nombre ha vuelto a aparecer porque tras cumplir la condena en los Estados Unidos a donde fue extraditado desde 2013, Álvarez Meyendorff regresó a la Argentina para pasar Navidad, pero desde se encuentra retenido a la espera de que las autoridades judiciales decidan si puede o no ingresar al país.
Nació el 2 de mayo de 1960 en Palmira, Valle del Cauca en una familia acomodada que le dio educación en los mejores colegios de Cali, en los que desarrolló el talento para las finanzas. Su primer trabajo fue en el tráfico de artesanías orientales que le generaban altos rendimientos y llamaron la atención de los narcotraficantes, según el libro Historia de la droga en la Argentina.
A raíz de sus millonarias ganancias, los capos del Cartel de Cali le confiaron varias sumas de dinero. Incluso en ese libro se consigna la anécdota de un capo que le entregó diez millones de dólares y a los seis meses le pidió el dinero de vuelta. Ignacio Álvarez le devolvió 15 millones por las ganancias de las inversiones realizadas.
El hecho sorprendió al capo, que le dio de regalo una finca. Así se habría ganado la confianza de los más poderosos narcotraficantes del Valle del Cauca que le fueron confiando sus finanzas con las que llegó a amasar una fortuna que la Fiscalía colombiana aún intenta calcular en su totalidad y que podría estar cercana a los 2 billones de pesos.
En el negocio incluyó a su hermano Juan Álvarez Meyendorff con quien compraron casi 400 bienes, entre lujosas mansiones, apartamentos y extensos lotes, así como constituyeron decenas de compañías de papel con las que se encargaban de lavar la plata del narcotráfico.
Son señalados de ser socios de Wílber Varela, alias ‘Jabón’, Víctor Patiño Fómeque alias el ‘Químico’, la investigación ha arrojado vínculos con Daniel ‘El loco’ Barrera y la Fiscalía colombiana asegura que llegaron a negociar droga tanto con la extinta guerrilla de las Farc como las AUC.
En 2004, Ignacio Álvarez se trasladó con su familia a Argentina en la búsqueda por seguridad después de que su madre fuera secuestrada en Colombia. Pero allí continuó sus operaciones de lavado de activos que ascenderían hasta los 8 millones de dólares y adquirió numerosas propiedades en varias provincias del país.
Hasta que el 27 de abril de 2011 fue capturado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando volvió al país en un vuelo desde Tahití. Una Corte de los Estados Unidos lo había solicitado por tráfico de cocaína, al haber sido vinculado con dos cargamentos incautados, uno de ellos conocido como Luis XV por haber escondido los alijos de más de 700 kilos en muebles de estilo que tenían destino Europa.
Desde ese año, en Colombia, la Fiscalía estaba recaudando pruebas de su intrincada red de propiedades y había chuzado los teléfonos de al menos 18 testaferros que en 2013 le dieron suficiente material a Julián Quintana, jefe de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, para calificar la operación como “el golpe más duro en la historia de la Fiscalía”.
El proceso ha pasado por tres fiscales, uno de ellos Rodrigo Aldana quien logró decretar medidas cautelares sobre 362 propiedades gracias a fuentes informales que les brindaron información de los hermanos Álvarez. Sin embargo, entre las propiedades se encontraban algunas del condenado por Odebrecht, Otto Bula, quien le ofreció al investigador un apartamento en Bogotá a cambio de levantar las medidas sobre tres predios a su nombre.
El fiscal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia tras aceptar los cargos y a mediados de 2022 recibió la libertad. Al igual que lo habría hecho Nacho Álvarez Meyendorff quien espera que la Cámara Federal de La Plata resuelva un habeas corpus para poder ingresar al país en el que fue condenada en 2019 su esposa, dos de sus hijos hijos, su madre, dos nueras, un hermano, un primo y un sobrino.
Mientras tanto, según un informe de El Espectador en 2021, la investigación de su red de lavado en Colombia permanece un abultado expediente que tiene que resolver primero varias solicitudes de improcedencia, apelaciones y oposiciones que han retrasado su avance por más de ocho años.
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