Catalina Mejía Acosta, esposa de alias Memo Fantasma, fue imputada por el delito de activos este miércoles 14 de diciembre. La decisión fue tomada por el juez tercero de control de garantías. Además, la Fiscalía General de la Nación había pedido que se le impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad con solicitud de extradición al ser, presuntamente, cómplice en el ocultamiento de bienes ilícitos del supuesto narco.
El pasado 25 de mayo se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra Mejía Acosta, sin embargo, no pudo adelantarse porque su defensa pidió las razones por las que su apoderada estaba involucrada en los hechos que actualmente son materia de investigación. Sumado a eso, desde junio de 2021 tiene circular azul de Interpol, producto de su estrecha cercanía con el actuar ilegal de Guillermo León Acevedo.
Vale mencionar que el pasado 5 de agosto, el señalado narcotraficante y exsocio del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— fue dejado en libertad por vencimiento de términos aún cuando una jueza de control de garantías le había negado una solicitud de casa por cárcel en julio de este año.
Sin embargo, dicha decisión había dejado en claro que la fecha del vencimiento de términos estaba bastante cerca y, bajo ese escenario, podría quedar en libertad si no se avanzaba en su proceso judicial para entonces. Por eso, la defensa del sindicado pedía que fuera trasladado a su casa.
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El 3 de agosto de 2022 se había planteado la solicitud ante el Complejo Judicial de Paloquemao, en un tercer intento de su defensa por obtener la libertad de alias Memo Fantasma. Los abogados argumentaron en su momento que habían pasado 286 días desde la radicación del escrito de acusación, pero el juicio en su contra nunca inició y el plazo legal máximo es de 240 días, de modo que el acusado estaría pasando tiempo “innecesario” en la medida de aseguramiento.
Las demoras para iniciar el juicio de este acusado no habían sido responsabilidad de él o de su defensa, según sostuvo esta última, y tampoco se detectaron maniobras dilatorias para forzar la libertad por vencimiento de términos. Por el contrario, señaló que presentaron circunstancias fuera de su control, como solicitudes de aplazamiento y reprogramación de la Fiscalía General de la Nación, problemas de agenda del juzgado y otros asuntos ajenos a Acevedo.
El 30 de ese mismo mes, algunos de sus bienes fueron trasladados al Fondo para la Reparación de las Víctimas. Asimismo, se estableció que los predios, entre los que fueron contemplados apartamentos en Bogotá y Medellín, están avaluados en cerca de 10.000 millones de pesos colombianos.
“Por solicitud de un Fiscal adscrito al Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga impuso medidas cautelares sobre nueve bienes”, había detallado el órgano de control fiscal en ese entonces.
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