La Entidad Promotora de la Salud (EPS) Comfaguajira tiene bajo su cobertura a 270.000 usuarios, afiliados que deberán ser asignados y trasladador por el Ministerio de Salud durante los próximos dos años.
De acuerdo con la información compartida por la Superintendencia Nacional de la Salud, se llegó a esta determinación, luego de una vigilancia especial a la que había sido sometida desde el pasado 2020. Los indicios principales que motivaron esta intervención correspondían al alto número de quejas presentadas por parte de las personas afiliadas.
A lo largo de estos dos años de vigilancia especial, la Supersalud logró comprobar que la respueSta favorable de quejas, peticiones y recursos radicados ante la entidad, no era la situación más preocupante. Pues, se observó por parte de la entidad perteneciente al Ministerio de Salud que existían carencias en servicios de medicina especializada, así como la falta de entrega de medicamentos y la programación en las diferentes especialidades de cirugía fueron otras preocupaciones halladas.
“Nuestras decisiones, que son de carácter técnico, tienen como finalidad minimizar la afectación del aseguramiento en salud y brindar garantías para la prestación efectiva de los servicios requeridos por los ciudadanos, que en este caso concentran un número importante de usuarios objeto de especial protección constitucional”, señaló el superintendente de Salud, Ulahi Beltrán López.
De igual forma, en el reporte entregado por la Supersalud, se establece que, durante los años 2017 a 2022, con corte a agosto, la EPS Comfaguajira no cumplió con los indicadores de capital mínimo y patrimonio. Razón por la que su planta física y su capital humano se quedaban cortos al momento de prestar servicio a la población requerida.
Respecto a los estados financieros de la EPS, la Supersalud informó que, al momento de decretarse su liquidación, Comfaguajira presentaba un índice de endeudamiento del 1,87, con unas deudas que ascienden a los 56.067 millones de pesos. Cifra que estaba adeudada, en un 57 por ciento, a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud.
Cabe resaltar que, según denunció el superintendente de Salud, Ulahi Beltrán López, a la entidad se le ofrecieron varias oportunidades en diferentes momentos, pero a pesar de estos salvamentos, nunca tuvo la capacidad operativa para mejorar su servicio.
“Las continuas prórrogas ordenadas solo evidencian que Comfaguajira fue renuente a atender los reiterados requerimientos de la Supersalud, razón por la que se hace necesario tomar acciones de fondo que impidan la vulneración de los derechos de sus afiliados”, declaró el superintendente de Salud.
El jefe de la entidad adscrita al Ministerio de la Salud, indicó que la situación de la EPS presentaba una desmejora con el paso del tiempo, pues el indicador de siniestralidad reportado en agosto de este año se situó en 109.71 por ciento por cada Unidad de Pago por Captación (UPC), lo que corresponde al valor anual que se reconoce a las EPS por cada afiliado que tenga.
En continuidad a los argumentos de la Supersalud para llegar a la determinación de la liquidez de esta EPS, se evidenció el desacato de tres acciones de tutela que habían sido interpuestos y sentenciados a favor de los usuarios.
“Con corte a 31 de agosto de 2022, Comfaguajira había sido notificada de 64 acciones de tutela, de las cuales 32 están relacionadas con fallas en la prestación de los servicios de salud, 32 con servicios no UPC, 3 de ellos por desacato”, precisó la Supersalud.
En este sentido, la EPS se someterá a un proceso de liquidación que tardará dos años, tiempo en el que serán reasignados sus 270.000 afiliados a otras entidades de salud que tengan presencia en la región.
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