Ministerio de Salud define nuevos lineamientos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Han pasado siete meses desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación; sin embargo, quedaba en manos del Gobierno y el Congreso de la República formular una política pública integral para cumplir lo establecido por el alto tribunal.

Este jueves 29 de septiembre el Ministerio de Salud definió los nuevos lineamientos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia. La cartera emitió la circular 044 de 2022, justo después de que las feministas salieran a las calles a celebrar y exigir la implementación plena del fallo durante el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

“El Ministerio de Salud emite la circular 044 de 2022, dando alcance a una orden de la Corte Constitucional bajo la Sentencia C-055 del presente año”, se lee en el documento. Seguido a ello, la cartera resalta que el fallo histórico modifica el artículo 122 del Código Penal, despenalizando el aborto, garantizando “de forma segura a todas las mujeres del territorio nacional el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 24 de gestación”.

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Tal como lo estableció el alto tribunal, después de los seis meses, el aborto seguirá despenalizado por las tres causales que operaban desde 2006: “cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que haga inviable la vida, o cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación no consentida”, recordó el ministerio.

Por su parte, Johanna Barbosa, directora de Promoción y Prevención, destacó que el objetivo principal de la circular “es prevenir y reducir al máximo complicaciones y muertes de mujeres por el acceso a sitios clandestinos en los que se practican abortos”. Para la funcionaria, en estos lugares no se garantizan las condiciones de seguridad y “de habilitación y de calidad vigentes en nuestro país”.

La directora resaltó que para la cartera es de “vital importancia seguir fortaleciendo todas las estrategias en materia de salud pública”. Asimismo, señaló como uno de los principales objetivos la educación enfocada en el ejercicio responsable de la salud sexual y reproductiva.

El Ministerio de Salud aseguró que mediante la Ruta Integral de Atención en Salud para población materno-perinatal buscan “garantizar la atención integral en salud a las personas gestantes, sus familias y comunidades”. Ese plan lo realizarán a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, la detección temprana, la protección específica, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud.

En la circular 044 de 2022, la cartera indicó cinco puntos para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional:

1. Fortalecer la implementación de las intervenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades, que permitan el acceso a información sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

2. Mantener las intervenciones dirigidas a identificar, prevenir y actuar frente a la violencia física y sexual, garantizando el acceso a los servicios dispuestos para su atención. Esto para reducir el número de embarazos no deseados y el aborto inseguro.

3. Promover y garantizar la prestación de servicios para la atención en salud materna, planificación familiar y anticoncepción. Eso incluye la prevención y atención de la violencia física y sexual, el acceso y la asesoría en anticoncepción en un marco de derechos, y el acceso a los procedimientos para la IVE en condiciones de calidad.

4. Garantizar la prestación de los servicios relacionados con la salud para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los términos definidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-055 de 2022. Sea por el modelo despenalizado hasta las 24 semanas o el de las tres causales después de ese tiempo. “Dicha atención integral en salud no deberá imponer barreras o demoras para la prestación del servicio”, puntualizó el ministerio.

5. Desarrollar las demás acciones de gestión de la salud pública, intervenciones colectivas e individuales para garantizar la atención en salud de la IVE en las condiciones de no punibilidad.

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