Luego de que la ministra de salud, Carolina Corcho, planteó en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para 2023 de 8,1billones de pesos a 3,8 billones de pesos, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) prendió las alarmas con respecto a cinco asuntos que podrían configurar una crisis para el sector salud el próximo año.
El primero es dejar sin financiación los rubros de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación. Esto supone un problema estructural que involucra a todos los actores del sistema de salud: hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores del sector de la salud y aseguradores.
De acuerdo con Acemi, el efecto en cadena afecta por sobre todo a los millones de usuarios de este sistema, que al día presta cerca de 2,2 millones de atenciones.
En segundo lugar está que durante el próximo año seguirá creciendo el uso de servicios de salud por cuenta del envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías al país y la época después del covid-19, lo que sumado al reconocimiento de la inflación {que este año será de dos dígitos), la devaluación y el incremento del salario mínimo generan un aumento en los costos de las atenciones de salud, que es necesario sea financiado por la Nación.
“A este panorama deben sumarse los traslados de usuarios de las EPS que están en medidas de vigilancia especial de la Superintendencia de Salud y que el Gobierno anunció liquidar. Estos usuarios, que llegan a EPS con mejores estándares de atención, aumentan el uso de servicios de salud de manera significativa”, anotó Acemi en tercer lugar..
Un cuarto punto es que, según las estimaciones de Acemi, se requieren al menos 76 billones de pesos para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y 4,88 billones de pesos para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios.
De igual forma, como quinto punto, el gremio aseguró que el Sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta dela ministra se agudiza y pone en riesgo la garantía del derecho a la salud de los colombianos.
“Reducir el flujo de recursos en el sistema de salud agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos”, advirtió la presidente ejecutiva de Acemi, Paula Acosta.
En ese sentido, Acosta aseguró que para el 2023 el aumento de la unidad de pago por captación (UPC ,el valor que el Gobierno les gira a las EPS por cada afiliado) debe reconocer tanto el rezago del 2022 como la expectativa de inflación, la devaluación que determina en buena medida el costo de medicamentos e insumos y la expectativa de aumento del salario mínimo, en donde cualquier incremento por encima del 12 % desfinanciará el sector salud en tanto este es intensivo en talento humano.
Lo anterior, agregó Acosta, sin tener en cuenta posibles modificaciones derivadas de la reforma laboral anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro, en donde se propone el aumento del pago de jornada nocturna y horas extras en un sector que trabaja 24 horas en los 7 días de la semana.
Ante esto, Acemi hizo un llamado al Gobierno y a las comisiones económicas y séptimas del Congreso de la República para que tengan en cuenta las necesidades de salud de la población en las decisiones que tendrán que tomar frente al Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.
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