Durante la última semana, se dio uno de los golpes más fuertes a las estructuras del contrabando que operan en la costa Atlántica, pues la cadena de almacenes Tierra Santa fue allanada por las autoridades, destacando el argumento sobre operaciones ilícitas en dicho comercio. En una tarea conjunta encabezada por la Policía, se logró la incautación y extensión de dominio de más de mil propiedades.
El operativo nacional se enfocó en la ciudad de Barranquilla, Bogotá y Montería, lugares en que se logró dar con la captura de seis personas de nacionalidad libanesa y siete colombianos. Los extranjeros fungían como integrantes de la junta directiva del conglomerado internacional, por otro lado, los nacionales eran representantes de empresas que eran utilizadas como fachada para el ílicito; al menos siete personas más fueron capturadas en medio de la operación.
El general Henry Sanabria destacó el trabajo conjunto de las autoridades: “68 operaciones irregulares sospechosas fueron detectadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero, que da cuenta a la Fiscalía General de la Nación, de la misma forma, se inició una operación a partir de esta información por parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin), la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, con apoyo por supuesto de la Dian y con comunicación a la Sociedad de Activos Especiales”.
La operación de los presuntos delincuentes se extendía a nivel global, pues sus negocios se enlazaban con países como China, Panamá y Singapur, además, se usaba a Ecuador y Panamá como espacio para el tráfico de la mercancía que era enviada desde Colombia.
Varias de estas empresas levantaron sospecha por su modelo operacionales, pues iniciaron con sumas de dinero que no tenían ninguna comparación con la gigante ganancia que se obtenía en poco tiempo. Las autoridades explicaron que los dineros obtenidos por este grupo, eran enviados a la República Libanesa, además varias de las operaciones internacionales, habrían sido simuladas mediante las empresas fachada descubiertas.
La Policía Nacional señaló:
“Es el caso de una importadora, que inició en 2014 con un capital de 200 millones de pesos y en ese mismo año generó ingresos brutos operacionales por más de 7 mil millones de pesos. Para el 2015 tuvo ingresos de 1.423 millones y para el año 2016 generó 2.134 millones de pesos. Es decir que en 3 años logró mover en efectivo la suma de 10.943.999.000, y todo esto sin reportarlo en las declaraciones de renta ante la DIAN, fue en ese momento en el que los investigadores verificaron la dirección de esta empresa, encontrando que en ese lugar solo había un humilde cuarto de un pensionado y quien no conocía nada de tales transacciones”.
De igual forma, respecto a la incautación de predios; el avalúo de estos asciende a más de 1.2 billones de pesos y estos se extendían en todo el territorio nacional. Entre los bienes hallados, hay casas, empresas, vehículos e incluso fincas. La institución policial destacó:
“1.110 bienes muebles e inmuebles, avaluados comercialmente en más de 1.2 billones de pesos, ubicados en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, la Guajira, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Quindío, así: 58 inmuebles (3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 Garajes, 26 locales y 10 lotes); 65 establecimientos de comercio; 20 sociedades; 14 vehículos y 953 semovientes”.
Los capturados podrían ser sentenciados a una pena que va de los 10 a los 30 años de cárcel, en este caso, tendrían que responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El caso deja hasta el momento la captura de 13 personas y la judicialización de 20 más.
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