Medida de aseguramiento contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar

Este viernes 26 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida privativa de la libertad en su lugar de residencia contra el actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por supuestas irregularidades en la celebración de un contrato destinado a garantizar la alimentación escolar en este departamento al nororiente de Colombia.

La Sala Penal del alto tribunal acogió las pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación que evidenciarían la manera en la que el mandatario direccionó en 2015 un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que tiene el objetivo de velar por un aporte nutricional balanceado de los alumnos de instituciones oficiales, lo que generó un sobrecosto de $2.983 millones.

“Los elementos probatorios advierten nueve anomalías graves en las fases contractuales, entre ellas, se destaca presunta falta de planeación al firmar un contrato por 81 días y no por los cinco meses que dura un semestre escolar. Esto obligó a realizar prorrogas en tiempo y adiciones presupuestales”, señaló en el ente investigador.

Asimismo, se constató que en los estudios previos, presuntamente, no se estipuló el número de raciones a entregar ni a la población beneficiaria a la que estaba dirigido el contrato 0041 de 2015, que fue suscrito por el secretario general del departamento con un consorcio integrado por tres empresas y tenía el objetivo de prestar el servicio de alimentación a los estudiantes de las áreas rurales y urbanas del departamento.

A su vez, se evidenció que no se priorizaron las comunidades indígenas, las cuales tienen una presencia importante en esta región, ni se establecieron dietas ni complementos para los estudiantes, quienes eran los supuestos beneficiarios de este contrato que tuvo un costo de $34.632 millones y un plazo de ejecución de 81 días hábiles, a pesar de haber sido firmado por $23.632 millones.

“El material de prueba da cuenta que en la fase precontractual presuntamente existió un direccionamiento del contrato en favor de un consorcio específico al no existir un proceso claro de selección objetiva”, indicó la Fiscalía, y añadió que otra de las irregularidades que se pudo demostrar fue que se “habría asignado un rubro para la contratación de 1.752 manipuladoras de alimentos, aunque en realidad tan solo eran necesarias 350″.

La decisión del Tribunal de Bogotá se produjo gracias a que el ente investigador logró argumentar que el gobernador Monsalvo, supuestamente, “orientó la contratación, benefició al consorcio y no supervisión el proceso contractual, tal y como lo exige la ley”, sino que delegó a otro funcionario, incurriendo en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La Fiscalía imputó el pasado julio al gobernador del Cesar tras señalar que entre 2012 y 2015, los contratos firmados por el mandatario habrían quebrantado los principios de transparencia, selección objetiva, además de otros requerimientos de la contratación pública en Colombia.

El ente investigador pudo establecer, según la invitación, que no se realizaron estudios previos por parte de la gobernación, ni se ajustaron los pliegos de peticiones objeto contractual. Todo lo anterior derivó en que más de 2.900 millones de pesos llegaran a terceros de forma indebida.

Pero eso no es todo, en otro proceso relacionado con los contratos con el Plan de Alimentación Escolar, se le ha negado al gobernador del Cesar cuatro veces la libertad, pues se le investiga por supuestas irregularidades en la celebración de contrato en el primer semestre de 2015.

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