Abren cuatro investigaciones por más de 61.000 millones de pesos en la Sub Red Centro Oriente de Salud de Bogotá

Las autoridades siguen la pista de las afectaciones por la mala gestión de la gerente de la Subred Centro Oriente de Salud en Bogotá, Claudia Ardila, a la que se suman cuatro investigaciones en etapa preliminar que ordenó abrir la Contraloría Distrital luego de una visita fiscal que encontró posibles pérdidas de recursos por más de 61.000 millones de pesos.

Los funcionarios del ente de control llegaron a las oficinas de la Subred el pasado 11 de agosto, cuando la Secretaría de Salud anunció la tercera suspensión de la gerente por irregularidades en la administración de los recursos, para adelantar una visita fiscal y al día siguiente hizo una verificación en la Secretaría de Salud.

El objetivo era recaudar documentación para establecer el estado real de la operación, la administración, la atención y el manejo fiscal de la Subred. Los hallazgos, según anunció el contralor Julián Mauricio Ruíz, permitieron abrir cuatro indagaciones preliminares por irregularidades administrativas que comprometen recursos públicos.

“Con relación a las denuncias presentadas en el presente año y fruto de una visita fiscal adelantada inmediatamente por la Contraloría de Bogotá hemos dispuesto cuatro indagaciones preliminares por más de 61.000 millones de pesos, la más importante relacionada con el no cobro de servicios de salud prestados por la subred y que posiblemente estén prescritos o próximos a prescribir”, señaló Ruiz.

La revisión de la documentación dio cuenta de que la Subred Centro Oriente tiene una cartera vencida en el Fondo Financiero Distrital de Salud que supera los 360 días, por lo que podría materializarse una prescripción de saldos por cobrar de los años 2017 y 2018 que ascenderían hasta $45.823 millones.

“Los saldos por cobrar corresponden a prestación de servicios de salud, de los cuales el 39% es con EPS en liquidación (entre ellas Comfacundi, Medimás y Cafesalud) seguido del Fondo Financiero Distrital de Salud”, informó la Contraloría Distrital.

Otra de las indagaciones corresponde a un contrato que se firmó como parte de las vigencias futuras para el fortalecimiento de la atención prehospitalaria a través de ambulancias. El Convenio Interadministrativo Nº 2808992 de 2021 por $16.559 millones aprobado en septiembre de 2021 y que es principalmente financiado por el Fondo Financiero Distrital de Salud.

Allí en las primeras revisiones fiscales, se hallaron presuntos pagos anómalos en las nóminas, fallas en la ejecución operativa del contrato, irregularidades en la administración del personal y facturación inoportuna de los traslados por falta de soportes.

Otra de las indagaciones se encarga de establecer el cumplimiento de requisitos en 4.240 contratos que se suscribieron para prestación de servicios personales, en los que se verificará los estudios de conveniencia, factores de necesidad e idoneidad, así como la verificación, control y seguimiento de los compromisos contractuales. Debido a que la Subred tiene una planta de 1.100 funcionarios y hay presuntas irregularidades en el control de horas extras y nocturnas.

La cuarta indagación abierta, de manera preliminar, estudia órdenes de compra que superan la cuantía límite en la ejecución del contrato de combustible. Esto porque la Subred Centro Oriente realizó orden de compra de 188 millones de gasolina a Terpel, que sería más de dos veces el valor permitido en su propio manual de contratación fijado en 100 salarios mínimos mensuales.

Estas no son las únicas investigaciones que se adelantan para la administración de la Subred Centro Oriente. “En la Contraloría de Bogotá se adelantan seis procesos de responsabilidad fiscal por más de 1.200 millones de pesos por irregularidades detectadas en ejercicios de auditorias anteriores en el año 2020 y 2021 por posibles irregularidades en la contratación de esta subred”, sostuvo el contralor distrital.

Se espera que la etapa preliminar de las cuatro investigaciones concluya en los próximos tres meses cuando se podrá determinar si hay faltas o delitos, detectar a los posibles responsables, cuantificar el daño y dar apertura a los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes.

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