Juzgado ordenó garantizar la alimentación de los presos en la cárcel La Amarilla de Lorica, Córdoba

Este sábado 20 de agosto, el Juzgado Primero del Circuito Escritural de Lorica le ordenó a la Gobernación de Córdoba y a la alcaldía de esta localidad, ubicada al noroccidente de Colombia, el suministro “oportuno, permanente y adecuado” de los alimentos para las personas privadas de la libertad en la cárcel regional del Bajo Sinú, La Amarilla.

La decisión del juzgado, que también contempla el nombramiento del director de este centro de reclusión por parte de los alcaldes de los municipios de Cotorra, Momil, Purísima, Chimá, San Antero, Moñitos y San Bernardo del Viento, en menos de 48 horas, se produce como respuesta a la acción de tutela inter´puesta por la Defensoría del Pueblo.

La entidad, a través de la Regional Córdoba, había evidenciado que en la cárcel La Amarilla no se estaba suministrado la alimentación a las personas privadas de la libertad, razón por la cual algunas familias se veían en la obligación de suplir con este derecho fundamental, a pesar de que en la mayoría de los casos se trataba de personas de bajos recursos de otros municipios o veredas.

“Velando por los derechos de las personas privadas en cárceles y centros transitorios del departamento, hacemos seguimiento al cumplimiento de los mínimos constitucionalmente asegurables, con el fin de garantizar condiciones dignas para ellos”, señaló por su parte la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, la entidad señaló que durante la visita a este centro de reclusión se evidenció que desde hace más de seis meses no había director, siendo esta una obligación de los entes territoriales, que cuentan con un convenio de aportar los recursos para la administración del lugar y para el sostenimiento de La Amarilla.

“Como pese a los requerimientos hechos a través de nuestra Regional Córdoba, a las entidades territoriales no hubo solución a esta problemática, instauramos la acción de tutela en favor de la población privada de la libertad, ya que existía una clara vulneración a sus derechos humanos”, indicó la entidad.

En ese sentido, recordó que hace algunos meses funcionarios de la entidad realizaron una visita a las estaciones de Policía de Berástegui, San Pelayo y Cereté, en esta región del Caribe colombiano, en las que se evidenció el incumplimiento en la entrega de alimentos para las personas privadas de la libertad, razón por la cual se instauró un a tutela que fue respondida por un juzgado que ordenó el cumplimiento de este derecho.

Hacinamiento

La Defensoría del Pueblo solicitó a finales de marzo solucionar de manera urgente la crisis por hacinamiento que se presenta en los centros de detención transitoria en Colombia, la cual estaría provocando una grave vulneración de los derechos humanos a la población privada de la libertad y se habría agudizado por la crisis sanitaria del covid-19.

Así lo informó el defensor del pueblo, Carlos Camargo, durante la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos de la población que se encuentra en los centros de detención transitoria del país, quien explicó que el histórico problema del hacinamiento se trasladó a las URI de la Fiscalía y estaciones de Policía luego que el Inpec prohibiera en marzo de 2020 el ingreso de nuevos condenados y sindicados a sus cárceles.

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