Este viernes 15 de julio, la Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado a las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS) para fortalecer los programas dirigidos a la atención oportuna de las mujeres gestantes y los niños y niñas durante los primeros años de vida con el propósito de prevenir la desnutrición infantil que en lo corrido de 2022 ha dejado 137 víctimas mortales menores de cinco años.
La entidad pidió a las EPS, así como a las secretarías de salud distritales y municipales y a las entidades de aseguramiento de salud, cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 2350 de 2020, en el que se contempla el manejo integral de atención a la desnutrición aguda y severa, con el propósito de identificar los riesgos en la primera infancia y garantizar el desarrollo de esta población.
Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), se han registrado 8.710 casos de desnutrición aguda y moderada en menores de cinco años en el país para el periodo epidemiológico V de 2022, mientras que durante este mismo periodo del año anterior se registraron 5.494 casos, lo que representaría un incremento en 3.216 casos, es decir, un 58 %.
“Estas cifras ponen nuevamente de manifiesto un problema que debemos abordar con urgencia. No podemos seguir registrando más muertes de niños y niñas por enfermedades prevenibles como la desnutrición. Es responsabilidad de todos trabajar como familia, Estado y sociedad en el cuidado de la niñez”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Asimismo, la entidad explicó que adelanta el seguimiento a la implementación de lo establecido en la Resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud, que busca reducir las tasas de letalidad en los menores de cinco años a través de lineamientos para el tratamiento de la desnutrición, evidenciando que algunas EPS y entidades aseguradoras se encuentran en mora con su cumplimiento.
A su vez, la Defensoría encontró que ha existido poco seguimiento y acompañamiento para apoyar la recuperación de los menores que padecen esta enfermedad y que estos incumplimientos han generado barreras de acceso que repercuten en la identificación de casos de desnutrición.
“Hemos encontrado que muchas de las entidades aseguradoras de salud no conocen el contenido de la Resolución; no han adoptado acciones para el fortalecimiento de las capacidades del personal de atención en salud; ni para la prevención y atención que allí se presentan como una medida para manejar de manera adecuada la desnutrición en la primera infancia”, indicó el defensor.
De igual manera, indicó que de los 8.710 casos registrados durante 2022, el 75,5 % corresponde a casos de desnutrición aguda y el 24,5 % a desnutrición severa; el 13,9 % de los casos corresponden a niños y niñas menores de sies meses de edad; el 18,5 % a menores entre los seis y 12 meses, el 67,6 % son casos en niños y niñas mayores de un año y el 3,3 % son en residentes extranjeros.
Las cifras evidencian que los departamentos con mayor tasa de afectación por número de casos notificados por desnutrición aguda en menores de cinco años son: Vichada, en el que por cada 10.000 menores se han registrado 75 casos; Guaviare con 60 casos; La Guajira con 58 casos; Guainía con 53 casos y Bogotá con 41.
Por último, la Defensoría explicó que considerando las cifras se podía inferir que existen determinantes sociales como altos índices de embarazo adolescente, mortalidad de niños en la primera infancia, bajo nivel educativo, cobertura de afiliación en el sistema de salud, pocos controles prenatales, partos atendidos por personal calificado evidencian brechas sociales significativas que determinan prevalencias más altas de inseguridad alimentaria.
“Hizo el llamado a la Superintendencia de Salud para que, en el marco de sus funciones de control, inspección y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adelante las acciones necesarias para garantizar la atención de las necesidades de los usuarios que requieran el manejo integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa con el fin garantizar la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad que tiene mayor afectación en niños y niñas menores de 5 años”, concluyó la Defensoría.
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