Documentos desclasificados indican que Estados Unidos sabía de las relaciones del Ejército colombiano con paramilitares

Una de las recomendaciones que formuló la Comisión de la Verdad en el Informe Final sobre el conflicto, volumen de Hallazgos, es el acceso a información de inteligencia y contrainteligencia en el que plantea la necesidad de que el presidente colombiano le solicite a su homólogo de los Estados Unidos la desclasificación acelerada de documentos de agencias del gobierno relacionada con la guerra interna y las violaciones de derechos humanos.

Parte de esos documentos los ha recogido el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington que cuenta con miles de archivos desclasificados por ese país y trabaja por la libertad de información, además de colaborar con comisiones de la verdad en el mundo.

Algunos de esos documentos fueron entregados a The New York Times, antes de la publicación de la biblioteca digital que se hará en agosto aseguró el diario norteamericano, en los que se revela que Estados Unidos había recibido información de sus organismos de inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sobre crímenes cometidos por el Ejército Nacional de Colombia.

Uno de los informes data de 1988 cuando ya había iniciado el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, el partido surgido de las conversaciones de paz de mediados de la década con las Farc. La ola de asesinatos es descrita, cita el diario, como contra “presuntos izquierdistas y comunistas”.

En el documento se detalla que el crimen era resultado de un “‘esfuerzo conjunto’ entre el jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada del ejército colombiano e integrantes del Cartel de Medellín”, señaló The New York Times. Se conocía que varias de las víctimas pertenecían a ese partido y que las probabilidades de que el hecho ocurriera sin el conocimiento del comandante de esa unidad militar eran pocas.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad en su Informe Final, la persecución y hostigamiento contra la UP dejó por lo menos 8.300 víctimas, de las cuales 5.733 corresponden a casos de asesinatos y desapariciones de militantes y simpatizantes.

“Si bien hubo violencia de las propias guerrillas, en algunos ataques contra víctimas de la UP, según la información del proyecto integrado de datos JEP-CEV-HRDAG, en el 69 % de los casos se identificó la responsabilidad paramilitar y/o militar y/o de agentes del Estado”, dice el volumen de Hallazgos.

El documento detalla que durante 1988 se cometió una masacre de 20 campesinos, la mayoría de las víctimas pertenecientes a un sindicato de una empresa bananera, en la que el agente de la CIA cree que se “obtuvieron los nombres de los objetivos previstos” por parte de inteligencia de la Décima Brigada del Ejército.

Otros documentos sostienen que una compañía petrolera entregó información al Ejército para combatir la guerrilla a través de mecanismos de seguridad de los gasoductos, para mostrar la ubicación de campamentos que permitió operativos con varias bajas, así como habrían pagado a grupos paramilitares para su protección.

Este aparte también lo acoge la Comisión de la Verdad que en su informe en el que señala que “algunos miembros del sector económico con participación en el paramilitarismo han sido parte integral del fenómeno y fueron más allá de ser «terceros» involucrados, pues se beneficiaron de la limitación de derechos de los trabajadores y de las poblaciones donde estaban ubicadas sus empresas, del ataque a los sindicatos, del acceso privilegiado a recursos, de la amenaza a su competencia o eliminación de esta y de la degradación de la violencia asociada al conflicto que, en distintas ocasiones, les permitió pescar en río revuelto para hacer crecer sus negocios”.

Otro de los documentos es un memorándum fechado en el 2003, en el que un alto representante del Pentágono le resalta al entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, el aumento de bajas del Ejército contra las Farc desde la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en el 2002.

“543 en apenas seis meses, comparados con 780 durante los últimos dos años del gobierno previo”, citó The New York Times del documento. El resultado es calificado como un éxito, pero es particularmente relevante debido a que desde el 2002 al 2008 se cometieron el 78 %, según la JEP, de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, es decir, civiles asesinados pasados como guerrilleros, que se han conocido como “falsos positivos”, de todo el periodo entre 1978 y 2016.

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