Procuraduría alerta que el PAE en Magdalena sigue en riesgo

El pasado 15 de junio, la Junta Departamental de Educación (JUDE) anunció que le pediría a la Gobernación del Magdalena decretar urgencia manifiesta con el propósito de agilizar la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que beneficia a más de 141.000 estudiantes de instituciones educativas en el departamento caribeño.

Esta solicitud, que contempla la contratación directa del PAE entre la gobernación y un solo oferente, fue presentada este martes por el gobernador, Carlos Caicedo, y respaldada en su mayoría por los miembros del Consejo Extraordinario de Política Social, quienes recomendaron que se decretara esta medida extraordinaria con el fin de garantizar el aporte nutricional de los alumnos de las instituciones oficiales de 28 municipios en el Magdalena en el menor tiempo posible.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación advirtió que no se evidenciaban situaciones de fuerza mayor que justificaran la declaratoria de urgencia manifiesta para la contratación del programa, sin embargo, alertó que continuaba en riesgo la adecuada contratación que busca brindar la alimentación a más de 141.000 niños, niñas y jóvenes en el departamento, luego de que el proceso de selección para su ejecución había sido declarado desierto por segunda vez.

“En consecuencia, la Procuraduría nuevamente solicitó a la gobernación información sobre las posibles alternativas para la implementación del PAE, el plan de ejecución de los recursos que supera los $100.000 millones y celeridad en la toma de decisiones al respecto”, señaló el Ministerio Público.

A su vez, el órgano de control señaló que estas observaciones fueron presentadas en cumplimiento de la función preventiva del Ministerio Público, el cual tiene el deber funcional de “anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten los derechos constitucionales a la educación y a la alimentación equilibrada de los menores del país”.

Por su parte, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, presentó otras dos alternativas para garantizar la alimentación de los menores en el departamento, en la que contempla una nueva licitación que se extendería por lo menos por 45 días para poderse llevar a cabo, o la firma de un convenio con una entidad sin ánimo de lucro luego que culmine la Ley de Garantías.

El Ministerio Público le había solicitado al presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) en la región del Caribe, Vicente Antonio Blel Scaff, adoptar las medidas pertinentes para evitar afectaciones a los niños, niñas, y adolescentes beneficiarios de este programa, que busca suministrar un suplemento alimentario en instituciones públicas del país, beneficiarios de esta estrategia de acceso y permanencia escolar, la cual ha presentado incumplimientos en todo el territorio nacional.

“En el marco de las competencias preventivas y de control de gestión referidas anteriormente, advertimos del riesgo inminente de que no se logren destinar los recursos necesarios a la alimentación escolar. El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”, señaló el órgano de control en esa oportunidad.

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