La Fiscalía General de la Nación acusó a: la exsecretaria de hacienda de Sucre, Keyna María Mebarak Covaleda; y a las exdirectoras del entonces Instituto de Salud del departamento, (Dasssalud), Yudy Mary Zuleta Vergara, Martha del Carmen García Díaz y Julissa Lizet Mercado Gutiérrez, exfuncionarias de la gobernación de Sucre, que, al parecer, autorizaron pagos a diferentes entidades de salud por una atención a pacientes, que nunca ocurrió, pero que si se cobraron.
Eduar Alirio Calderón Muñoz, director especializado contra la corrupción, declaró que estos pacientes se consideraban como “Población Pobre no Asegurada”, con esto, aprovecharon para “legalizar” unos pagos de la supuesta atención de pacientes psiquiátricos y con adicciones.
“Las exfuncionarias, al parecer, emitieron 9.000 resoluciones en las que autorizaron desembolsar los recursos para cubrir 2.000 facturas de cobro, de las cuales 1.294 correspondían a supuesta atención en urgencia de pacientes con enfermedades psiquiátricas o adicciones. Esto habría ocurrido entre 2008 y 2014″, explica el fiscal Eduar Calderón.
Según dio a conocer el ente investigador y acusador, se demostró como las funcionarias no cumplían con los requisitos para la prestación de los servicios médicos, que resultaron facturados; pero, que jamás se realizaron. A pesar de esto, se presentaron diagnósticos firmados por médicos que nunca trabajaron para las entidades que exigieron los pagos.
Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía puso de manifiesto que las 9 resoluciones incurrieron en un delito, porque:
“Se firmaron pagos por la prestación de servicios en salud a población pobre, no cubierta por subsidio a la demanda, conocida también como PPNA o población pobre no asegurada de un valor de 7.854.887.457 pesos”.
Este dinero, autorizado por la gobernación, presuntamente quedó en manos de funcionarios, contratistas y particulares, entre las que se encuentran las 4 imputadas. Es por esto que se les condenó por el delito de: peculado por apropiación en favor de terceros.
A pesar de la acusación formal, Keyna María Mebarak Covaleda, Yudy Mary Zuleta Vergara, Martha del Carmen García Díaz y Julissa Lizet Mercado Gutiérrez; seguirán en libertad, pues la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este caso de los “pacientes fantasmas” lleva poco más de un año, en primera instancia las autoridades encontraron que al parecer las funcionarias habrían creado un Instituto Prestador de Salud, IPS, con el fin de adjudicar el contrato que derivó en el desfalco expuesto por la Fiscalía.
Este año, ya se procesó al exalcalde de la capital del departamento, Sucre, se trata de Jairo Alfredo Fernández Queseep, junto con su exsecretario, Carlos Gómez Martínez; por irregularidades en el cumplimiento de contratos, destinados a la prestación de servicios de salud.
El contrato en cuestión pretendía ejecutar actividades de seguridad alimentaria y nutricional, atención de enfermedades en la primera infancia. programas de salud sexual, reproductiva y para cuidado oral. Esta labor se debía desarrollar en 8 meses y tendría un costo de 420 millones de pesos.
Pero, las autoridades determinaron que, el contrato se le delegó al Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo, bajo la administración de Salva Rapag Carmichael, también imputada; y esta entidad no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con lo dispuesto. Es así como realizó cuatro subcontratos para garantizar el abastecimiento de productos médicos y alimentos, el transporte, material de papelería y de publicidad.
Esto derivó en que se presentaran sobre costos por más de 572 millones de pesos, por los cuales fueron imputados con el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
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