Procuraduría solicitó informe a la Alcaldía de Pitalito, Huila, por incumplimiento en el PAE

El alcalde del municipio de Pitalito, Huila, Edgar Muñoz Torres, deberá entregarle a la Procuraduría General de la Nación un informe detallado en el que se incluyan las instituciones educativas y el número de estudiantes que aún no han recibido atención por parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Debido al incumplimiento en la cobertura de este programa, que busca suministrar un suplemento alimentario en instituciones públicas del país, la procuradora Provincial de Garzón, Huila, exigió al mandatario local comunicar la razones por las cuales no se ha brindado el servicio a la totalidad de los beneficiarios, sumando un caso más a un problema que se ha registrado en diferentes municipios del país.

Según datos de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAEAP), en al menos 72 instituciones educativas de Pitalito no se han entregado las raciones preparadas en el sitio que buscan brindar un complemento alimenticio a miles de niños, niñas y adolescentes de bajos recursos.

“Solicitó información sobre la ejecución del programa durante la vigencia 2021, y reiteró que la responsabilidad de la prestación de ese servicio desde el primer día del calendario académico y durante toda su vigencia se encuentra en cabeza de las entidades territoriales, lo que conlleva al desarrollo oportuno y eficiente de las actividades relacionadas con la planeación contractual, financiera y técnica del PAE”, indicó la Procuraduría.

La Alcaldía de Pitalito informó el pasado 15 de marzo que realizó la contratación del PAE a través de la Bolsa Mercantil de Colombia en el que la firma que se quedó con el contrato fue la Fundación Senderos y Caminos “generando un ahorro para el municipio de $121.683.700 del presupuesto inicialmente asignado”, según indicó la administración local.

En esa oportunidad señaló que se beneficiarían 11.546 estudiantes de diferentes instituciones educativas atendiendo a 3.100 titulares de derecho de los grados preescolar y primero en la zona urbana y a 8.446 titulares de derecho de los niveles de preescolar y primaria en la zona rural.

“La prestación del servicio iniciará a partir del 22 de marzo de 2022. El contrato inicial se adjudicó para un tiempo de 89 días calendario escolar, contados a partir del inicio de operaciones”, indicó la administración local en esa oportunidad, sin embargo, los datos de la UAEAP evidencian lo contrario.

El pasado marzo, la Contraloría denunció que en 11 entidades territoriales certificadas aún no se ha iniciado la alimentación escolar correspondiente, aún y cuando desde hace tres meses se iniciaron las clases de manera presencial.

El contralor delegado de participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, aseguró que esa cifra se traduce en un millón de estudiantes en el país que no están recibiendo la alimentación escolares. “La responsabilidad de la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022. Es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas, realiza un especial seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las gerencias departamentales”, detalló Pineda.

De acuerdo con la Contraloría Buenaventura, en el Valle, presenta un retraso en el inicio de operación de 70 días, la más alta de las demás zonas. En Neiva, Pitalito, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre, el retraso es de poco más de dos meses.

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